Violencia sexual relacionada con los conflictos - Informe del Secretario General (S/2023/413)

Introducción

1. El presente informe, que abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2022, se preparó de conformidad con la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo me solicitó que le presentara informes anuales sobre la aplicación de las resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2467 (2019) y que recomendara medidas estratégicas.

2. En 2022, la militarización y la proliferación de armas ilícitas se intensificaron tras una serie de cambios de gobierno inconstitucionales, que expusieron a la población civil a mayores niveles de violencia sexual, en un contexto de reducción del espacio cívico y debilitamiento del estado de derecho en entornos afectados por conflictos. Grupos armados estatales y no estatales siguieron perpetrando violaciones, violaciones colectivas y secuestros de civiles. Grupos designados como terroristas por las Naciones Unidas, otros grupos armados no estatales y redes delictivas transnacionales utilizaron la violencia sexual como táctica, desestabilizando contextos ya de por sí frágiles. En varios contextos, las autoridades nacionales fueron reforzadas por una serie de agentes, entre ellos milicias y empresas y grupos militares y de seguridad privados, que luchaban junto a las fuerzas armadas nacionales. Esto ha complicado la atribución de delitos graves, incluida la violencia sexual, lo que a su vez ha agravado los problemas de rendición de cuentas. En diversos países, las manifestaciones y protestas civiles fueron respondidas con un uso desproporcionado de la fuerza, incluido el recurso a la violación como instrumento de represión e intimidación política. Los activistas y defensores que trabajaban para defender los derechos de los supervivientes fueron objeto de represalias, como violencia sexual y acoso. Los ataques contra instalaciones de salud públicas en algunos entornos impidieron el acceso de los supervivientes a los servicios en un contexto de necesidades crecientes. En medio del agravamiento de las crisis humanitarias y las perturbaciones económicas, la violencia sexual obstaculizó las actividades de subsistencia de las mujeres y el acceso de las niñas a la educación, al tiempo que generaba beneficios para los grupos armados y extremistas violentos a través de la trata de personas impulsada por los conflictos.

3. En varios contextos, las pautas de violencia sexual persistieron y se agravaron, como en la República Democrática del Congo, Etiopía, Haití y Sudán del Sur. En Ucrania, la misión de vigilancia de los derechos humanos y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania han documentado y notificado casos de violencia sexual como forma de tortura y trato inhumano contra civiles y prisioneros de guerra (A/77/533). En mayo de 2022, mi Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos firmó un marco de cooperación en nombre del sistema de las Naciones Unidas con el Gobierno de Ucrania para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con el conflicto.

4. En la mayoría de los contextos, la impunidad siguió siendo la norma, mientras que las nuevas amenazas en el espacio digital, en gran medida sin gobierno, y la combinación de inseguridad climática, fragilidad estatal y desigualdad de género estructural, expusieron aún más a las mujeres y las niñas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El debilitamiento o el colapso de las instituciones del estado de derecho han creado un riesgo de “estado sin ley”, al erosionar la que debería ser la primera línea de defensa contra delitos atroces. Además, los efectos envalentonadores de la impunidad por patrones de violencia sexual relacionada con los conflictos muestran la importancia de aprovechar el poder preventivo del estado de derecho, que es un principio central de Nuestra Agenda Común (A/75/982). No hay mejor garantía de prevención que el cumplimiento por parte de los Estados de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, tal y como se expone en mi llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos. En el caso de las poblaciones vulnerables, esto significa aumentar la resiliencia individual e institucional frente a las crisis económicas, climáticas y de seguridad, entre otras cosas fomentando un entorno propicio para la participación fructífera de las mujeres y las comunidades en riesgo en los procesos políticos y de consolidación de la paz. Los Estados deberían asegurar el acceso a servicios multisectoriales, justicia y reparación para los supervivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos.

5. En el presente informe, por “violencia sexual relacionada con los conflictos” se entiende la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable que se perpetran contra mujeres, hombres, niñas o niños y que tienen una vinculación directa o indirecta con el conflicto. Ese vínculo puede evidenciarse en el perfil del agresor, que por lo general pertenece a un grupo armado estatal o no estatal, incluidos los que las Naciones Unidas han designado como grupos terroristas; el perfil de la víctima, que con frecuencia pertenece o se cree que pertenece a una minoría política, étnica o religiosa perseguida, o a quien se agrede por su orientación sexual o identidad de género real o aparente; un clima de impunidad, que generalmente está relacionado con el colapso del Estado; las consecuencias transfronterizas, como el desplazamiento o la trata; o el incumplimiento de las disposiciones de un acuerdo de alto el fuego. El término también abarca la trata de personas con fines de violencia o explotación sexuales en situaciones de conflicto.

6. Si bien son muchas las comunidades afectadas por la amenaza, la existencia o el legado de la violencia sexual relacionada con los conflictos, el presente informe se centra en los países sobre los cuales se dispone de información verificada por las Naciones Unidas. Debe leerse junto con los 13 informes anteriores, que proporcionan una base acumulada para incluir a 49 partes en una lista (véase el anexo). La mayoría de esas partes son agentes no estatales, varios de los cuales han sido designados como grupos terroristas según la lista de sanciones del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados. Las fuerzas militares y de policía nacionales que figuran en la lista tienen la obligación de contraer compromisos y adoptar planes de acción específicos con plazos precisos para subsanar las violaciones y tienen prohibido participar en operaciones de paz de las Naciones Unidas. Para que se las suprima de la lista, es fundamental que cumplan efectivamente los compromisos, en particular el cese de las violaciones. También se exige a las partes en conflicto, incluidos los grupos armados no estatales, que pongan en práctica planes de acción para prevenir y abordar la violencia sexual de conformidad con las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

7. Gracias a la presencia de asesores de protección de las mujeres, que se encargan de organizar los arreglos de vigilancia, análisis y notificación de casos de violencia sexual relacionada con los conflictos sobre el terreno, se ha podido obtener información más oportuna, precisa y fiable y superar así la escasez de datos que suele utilizarse de pretexto para la inacción. Para ampliar la base empírica se necesitan recursos y una determinación política sostenidos. Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad ha pedido explícitamente que se emplearan asesores de protección de las mujeres cuando ha autorizado o renovado el mandato de 10 operaciones de paz. Un total de cuatro misiones de mantenimiento de la paz y cuatro misiones políticas especiales han establecido mecanismos de vigilancia específicos e incorporado en su marco de protección indicadores de alerta temprana de ese tipo de violencia. Aunque destinar asesores de protección de las mujeres a tiempo es una prioridad que goza de un amplio respaldo, el nivel de recursos humanos y presupuestarios dista de ser proporcional a la magnitud del problema. Por ahora, solo hay asesores de protección de la mujer en 8 de los más de 20 países que abarca el presente informe. En noviembre, el Grupo Oficioso de Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad celebró su reunión anual con mi Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y asesores superiores de protección de las mujeres a fin de analizar estrategias para promover la implementación del mandato (véase S/2022/1005). En esa reunión, mi Representante Especial recomendó, entre otras cosas, que esas plazas se integraran en los presupuestos ordinarios de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, en particular durante los procesos de transición, y pidió contribuciones específicas para el despliegue de asesores de protección de las mujeres en todas las situaciones preocupantes, incluidos los centros regionales en respuesta a las dinámicas transfronterizas, y en las oficinas de los coordinadores residentes y de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, en consonancia con la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad.

8. En 2022, la red interinstitucional Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos siguió aunando esfuerzos en más de 20 entidades del sistema de las Naciones Unidas para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos. La red constituye el principal foro de coordinación a través del cual mi Representante Especial promueve los esfuerzos para actuar unidos en la acción. La red también proporciona apoyo estratégico a nivel nacional a través del fondo fiduciario multipartito para la violencia sexual relacionada con los conflictos. La programación a través de este fondo mancomunado promueve el enfoque centrado en los supervivientes establecido en la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad. Entre 2009 y 2022, se prestó apoyo a 54 proyectos en 17 países afectados por distintos conflictos, así como varias iniciativas regionales y mundiales. En 2022, la red Acción de las Naciones Unidas financió un proyecto innovador en la República Democrática del Congo, ejecutado a través de cooperativas locales de mujeres en 13 explotaciones mineras libres de conflictos. A través de ese proyecto, cientos de supervivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto que trabajaban en el sector de la minería artesanal han podido acceder a apoyo médico, psicosocial, jurídico y de reintegración socioeconómica. Para mejorar la prevención estructural y operacional, en septiembre la red lanzó un Marco para la Prevención de la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos, que articula un enfoque de doble vía que pretende tanto prevenir la violencia sexual en primera instancia abordando sus causas sistémicas, como mitigar los daños secundarios para las personas y comunidades afectadas, como la estigmatización y las represalias, que surgen a raíz de ella. Además, la red publicó un libro blanco en el que se analizan las oportunidades de participación del sector privado en apoyo de las medidas para atajar esta lacra.

9. En 2022, el Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos, conforme al mandato que se le confirió en la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad, siguió ayudando a las autoridades nacionales de más de una docena de países a fortalecer las instituciones del estado de derecho para aumentar la rendición de cuentas por los actos de violencia sexual relacionada con los conflictos. En Guinea, en septiembre de 2022, empezó sus trabajos el tribunal especial para enjuiciar al ex Presidente, Moussa Dadis Camara, y otros 10 hombres acusados de ser responsables de los incidentes de matanza y violación masiva del 28 de septiembre de 2009; mi Representante Especial estuvo presente en la apertura. Durante más de una década, el Equipo ha apoyado el proceso de rendición de cuentas proporcionando asistencia técnica sostenida a las autoridades guineanas, incluido el apoyo a un grupo nacional de jueces durante la fase de investigación de 2012 a 2017 y, a petición del Ministerio de Justicia en 2022, asesorando sobre la legislación relacionada con las reparaciones y la protección de las víctimas y los testigos. En Ucrania, el Equipo apoyó la implementación del marco de cooperación, incluido el fortalecimiento del estado de derecho y la rendición de cuentas por delitos de violencia sexual mediante el apoyo al sector judicial y el diseño de programas de reparación para las víctimas, así como la puesta en marcha de medidas de mitigación de riesgos contra la trata de personas relacionada con los conflictos que se realiza con fines de explotación sexual y de prostitución; llevó a cabo un examen jurídico exhaustivo de las disposiciones del derecho penal ucraniano relativas a la violencia sexual relacionada con el conflicto, y contribuyó al desarrollo de una estrategia de gestión de casos centrada en los supervivientes y los testigos, dirigida por la Fiscalía. En la República Centroafricana, el Equipo colaboró con otras entidades de las Naciones Unidas para ayudar a la policía nacional y a las autoridades fiscales a elaborar un plan de investigación, que permitió recoger más de 120 declaraciones de testigos relacionadas con la violencia sexual. En la República Democrática del Congo, el Equipo prestó apoyo técnico en materia de reparaciones para las víctimas de delitos internacionales, de conformidad con los planes del Gobierno de establecer un fondo nacional para la reparación de las víctimas de violencia sexual. En el Sudán, el Equipo llevó a cabo una evaluación técnica conjunta de la respuesta de la justicia penal a la violencia sexual relacionada con el conflicto, a partir de la cual organizó conjuntamente seis sesiones de capacitación a medida para las autoridades. Además, apoyó el restablecimiento del Foro de Justicia Penal de Darfur Septentrional, que desempeña un papel clave en la coordinación de la respuesta a este tipo de delitos en la región. El Equipo siguió desplegando las Disposiciones Legislativas Modelo y Orientaciones sobre la Investigación y el Enjuiciamiento de los casos de Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos y difundiendo la experiencia adquirida en materia de lucha contra el terrorismo, la trata de personas y la actuación policial, así como la justicia reparadora.

10. Consciente de que la violencia sexual relacionada con los conflictos que cometen las partes en conflicto es distinta de los incidentes de explotación y abusos sexuales que el personal de las Naciones Unidas, personal asociado y asociados en la ejecución siguen cometiendo en entornos operacionales complejos, reitero mi empeño en mejorar la forma en que la Organización previene esas conductas y responde a ellas. En mi informe sobre las medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales (A/77/748) presenté información sobre las actividades encaminadas a fortalecer la respuesta de todo el sistema y velar por la plena aplicación de la política de tolerancia cero.