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CONTEXTO
El 31 de diciembre de 2019, se reportó un grupo de personas afectadas por neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei de la República Popular China. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el brote conocido como enfermedad Coronavirus 2019 (COVID- 19), que constituía una emergencia de salud pública a nivel internacional. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS caracterizó al brote como una pandemia.
A la fecha 7 de abril de 20201 hay más de 1.3 millones de casos confirmados y más de 76.000 muertos en 184 países del mundo; y en 23 países de las Américas, más de 384.000 casos confirmados y alrededor de 11.000 muertos. Esta pandemia llega a la región de Latinoamérica y el Caribe en tiempos de enormes desafíos relacionados con movilidad humana, que se ha caracterizado en los últimos años por el incremento de personas desplazadas internas y transfronterizas, personas migrantes económicos/laborales, en situación regular e irregular, en tránsito, retornadas o deportadas, así como, personas solicitantes de asilo y refugiadas. Todos ellos están siendo fuertemente afectados por situaciones pre-existentes a la pandemia que se han visto agudizadas por esta, aumentando su situación de vulnerabilidad.
La mayoría de los países de la región ha cerrado las fronteras, como medida para evitar la propagación de la COVID- 19, lo que ha generado que un gran número de personas en condiciones de movilidad humana que se desplazaban por tierra, hayan quedado varadas en las fronteras. Por otra parte, personas migrantes de Centro América continúan retornando a sus países de origen, a pesar de los cierres fronterizos. Situación similar se evidencia en países como Venezuela, donde refugiados y migrantes; o Bolivia, donde migrantes, están regresando debido a la falta de recursos económicos y la imposibilidad de trabajar, y son mantenidos en cuarentena en albergues improvisados y precarios, con impacto ambiental significativo en muchos casos. En otros países, como el Salvador y México lo centros de recepción de migrantes se transformaron en albergues, contemplando espacios para cumplir cuarentenas aun sin tener las condiciones requeridas, de acuerdo con los estándares mínimos y a las recomendaciones de distanciamiento social.
Otros albergues para personas migrantes, refugiadas y desplazadas se cerraron por miedo y rechazo de las comunidades de acogida, por lo que muchas de estas personas quedaron sin lugar para pasar la noche, aunado a la pérdida de medios de vida lo que les imposibilita pagar un lugar de estadía, quedando en total desprotección. Toda esta situación, aumenta el riego de contagio entre personas refugiadas, migrantes y desplazadas, además de las comunidades de acogida, incrementando los riesgos de protección asociados a la situación de estos grupos, lo que amerita una respuesta urgente, especialmente enfocada en ofrecer albergue y acceso a servicios básicos y protección para la sobrevivencia.