La pandemia del COVID-19 es una crisis social, económica y de salud pública de escala mundial. Dadas las restricciones migratorias y de movilidad, la sociedad civil y las organizaciones humanitarias desempeñan un papel vital en el apoyo a los gobiernos para responder a la emergencia. Todas las personas deberían permanecer a salvo de la explotación y abuso sexuales mientras reciben ayuda humanitaria, incluidos los servicios y de salud y tratamiento, libres de abuso o explotación. Si la explotación o abuso sexuales llegasen a ocurrir, las personas deben tener acceso a canales de denuncia y a servicios seguros y confidenciales.
La protección contra la explotación y el abuso sexuales (PEAS) debe estar integrada en la respuesta al COVID-19.
Al igual que cualquier emergencia, la prevención y respuesta de PEAS debe ser un elemento central de la acción humanitaria coordinada. La crisis no solo genera nuevas responsabilidades; sino que las acciones de PEAS durante la pandemia de COVID-19 deben fortalecer los compromisos existentes de PEAS para proteger y asistir a personas que reciben asistencia humanitaria.
MAYORES RIESGOS
Según se ha visto en anteriores emergencias de salud pública, cuando la respuesta humanitaria aumenta, el riesgo de EAS se incrementa. Las mujeres, niñas y niños en particular, enfrentan mayores riesgos de protección. El aumento de personal de primera línea de respuesta (incluido el personal humanitario no tradicional) en combinación con la alta demanda y la provisión desigual de comida e insumos de salud, incrementan los riesgos.
Los niñas y niños corren un riesgo particular de sufrir potenciales daños en los lugares en donde el cierre de las escuelas ha interrumpido los servicios e intervenciones escolares para niñas y niños en riesgo. Las mayores dificultades para acceder a servicios de salud, al igual que el aumento de responsabilidades o cargas y la separación de sus cuidadores/cuidadoras (debido a cuarentenas, enfermedades severas/muerte), podría desencadenar EAS de niños y, en especial, de niñas, incluyendo matrimonio infantil/forzoso o sexo transaccional.
La interrupción de medios de vida, de servicios públicos y de la libertad de movilidad, puede exacerbar los riesgos de EAS para poblaciones que ya son vulnerables, como las personas refugiadas, migrantes o desplazadas internamente, al igual que las personas marginadas. La escasez de recursos, en especial en lo referente al acceso a servicios de salud, podría ocasionar una concentración de poder que puede ser ejercido en detrimento de las personas en situaciones vulnerables. La escasez de alimentos inducida por la emergencia sanitaria también puede incrementar las vulnerabilidades y llevar a estrategias negativas de afrontamiento que a su vez aumentan el riesgo de EAS.
El uso de medidas de aislamiento puede limitar el acceso a la información sobre PEAS, y restringir el acceso de las víctimas de EAS a canales de denuncia y a servicios de VbG y salud sexual y reproductiva (SSR).
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