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Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión: Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión

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INTRODUCCIÓN

  1. Las Américas han avanzado en el reconocimiento formal del derecho de las mujeres a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y no discriminación y en la eliminación de barreras legales que tradicionalmente impidieron su pleno ejercicio.
    Cada vez son más las mujeres que participan en la construcción y fortalecimiento de un gobierno representativo, transparente y responsable en muchos países y cada vez son más las periodistas y las defensoras de los derechos humanos abocadas al ejercicio, la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. En particular, las tecnologías de la información y las comunicaciones han facilitado y ampliado las posibilidades de millones de mujeres de participar activamente en la vida política, económica, cultural y social, incluyendo los medios de comunicación social.

  2. A pesar de estos notables avances, las mujeres que habitan en la región aún enfrentan obstáculos estructurales y prácticas discriminatorias que las excluyen del debate público y les impiden ejercer en iguales condiciones que los hombres, y de manera vigorosa y permanente, su derecho a expresar públicamente sus ideas y opiniones y recibir información. Muchos de estos obstáculos y prácticas son manifestaciones de la discriminación basada en el género, además de otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, que sufren las mujeres en la región y que sigue generando disparidades en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en comparación con sus pares hombres.

  3. El impacto de estas prácticas discriminatorias es particularmente grave en el caso de mujeres que ejercen la libertad de expresión de manera activa y mantienen un alto perfil público, tales como las mujeres periodistas, las mujeres defensoras de derechos humanos y las mujeres políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Además de los riesgos de amenazas y violencia que enfrentan todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la región, las mujeres que pertenecen a estos grupos están expuestas a riesgos adicionales o específicos. Al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública, se ven enfrentadas a la violencia y la discriminación contra las mujeres basada en su género, así como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales. A su vez, enfrentan desprotección y obstáculos en el acceso a la justicia, también diferenciados de sus compañeros varones.

  4. El derecho de las mujeres a la libertad de expresión ha sido parte de la agenda de trabajo de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde sus inicios. En 1999, la Relatoría Especial emitió el informe “Mujer y Libertad de Expresión”, en el que analizó por primera vez la relación entre la condición de la mujer y su repercusión en el derecho a la libertad de expresión e información y destacó aquellos factores que conducen a la desigualdad y discriminación de las mujeres y que tienen una influencia directa sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, tales como “la desigualdad de oportunidades en la educación, la violencia contra su persona y la menor participación política de la mujer”. Desde ese entonces ha promovido, a través de distintos mecanismos y en colaboración con la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, el desarrollo de estándares para garantizar el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y acceso a la información como herramienta para combatir la violencia contra las mujeres basada en su género.

  5. En los últimos años la Relatoría Especial, junto con la comunidad internacional, ha realizado esfuerzos para llamar la atención respecto de las formas de violencia contra las mujeres basada en su género a las que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión, así como al impacto desproporcionado que tienen ciertas formas de discriminación en su trabajo. En especial, la Relatoría Especial ha llamado la atención respecto al incremento de actos de violencia contra mujeres periodistas, incluidos los asesinatos, la violencia sexual y la violencia en línea. Además de ser objeto de la amplia gama de violaciones de los derechos humanos que afectan a los periodistas en general, “las mujeres periodistas de manera desproporcionada y habitual se enfrentan a la violencia por razón de género en el lugar de trabajo y sobre el terreno”.

  6. Tanto las mujeres periodistas como aquellas que trabajan en diferentes áreas de la comunicación deben lidiar con entornos amenazantes específicos que restringen su labor e impactan desproporcionadamente en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Desde la desigualdad en el ámbito laboral, los comentarios sexistas y misóginos, la violencia sexual o asesinatos de mujeres en razón de su género (o feminicidios), las amenazas o riesgos que enfrentan las mujeres periodistas tienden a ser invisibilizados y no son reconocidos como restricciones indebidas a la libertad de expresión por la mayoría de los colegas, medios de comunicación y autoridades estatales. A su vez, la desprotección de las mujeres periodistas frente a este tipo de violencia y las deficiencias en la investigación de estos crímenes impide que se atienda adecuadamente la particularidad de la situación de las mujeres periodistas y se garantice efectivamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

  7. Tanto en el sistema universal de los derechos humanos como en el sistema interamericano se han desarrollado normas y estándares que subrayan la obligación estatal de abordar los riesgos especiales y factores particulares que inhiben u obstaculizan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las mujeres periodistas como parte de su obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de este derecho. Ello incluye la adopción de medidas positivas necesarias para la creación y mantenimiento de un entorno seguro y propicio para que las mujeres periodistas puedan ejercer su labor en condiciones de igualdad y sin discriminación y la necesidad de integrar una perspectiva de género en las políticas y medidas dirigidas a asegurar la seguridad de periodistas. Asimismo, los Estados tienen la obligación de proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las injerencias indebidas de terceros en su derecho a la libertad de expresión, incluidas las empresas. Todas las empresas, incluidos los medios de comunicación y las plataformas en línea, tienen a su vez la responsabilidad de respetar los derechos humanos, a la luz de los estándares desarrollados en esta materia.

  8. El presente informe tiene como objetivo relevar la situación de las mujeres periodistas en la región y examinar las obligaciones de los Estados, así como el rol del sector privado, en la eliminación de los principales obstáculos y riesgos especiales o adicionales que enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión y que están relacionadas con la desigualdad y discriminación contra las mujeres basada en su género. El informe busca apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones y contribuir a los esfuerzos de la sociedad civil, las empresas y otros actores privados.

  9. El informe está dividido en tres secciones. En la primera parte, la Relatoría Especial documenta, a partir de informaciones recibidas y testimonios recopilados, la situación de discriminación y violencia contra las mujeres basada en su género que experimentan las mujeres periodistas en las Américas. Seguidamente, el informe aborda cuáles son las obligaciones de los Estados y elabora algunas consideraciones sobre las obligaciones del sector privado en esta materia. Por último, el informe concluye con varias recomendaciones.

  10. Finalmente, la Relatoría Especial recuerda que en este informe se utiliza una definición funcional de periodistas. Según lo ha expresado en otras oportunidades, periodistas son aquellas personas que observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a ésta en su conjunto. Una definición de esta índole incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación comunitarios, a los y las “periodistas ciudadanos/as”, y a otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar al público, así como a formadores de opinión que se tornan un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.