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Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos - Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor (A/HRC/46/35)

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Consejo de Derechos Humanos
46º período de sesiones
22 de febrero a 19 de marzo de 2021
Tema 3 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo

Resumen

En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, analiza la situación relativa al asesinato de defensores de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos. El informe incluye ejemplos de casos en que se ha amenazado y asesinado a defensores de los derechos humanos. La Relatora formula recomendaciones a las partes interesadas pertinentes para poner fin a esta tendencia, y pide que se cumplan las normas y los principios jurídicos en vigor. Además, propone formas de proteger y prestar apoyo a los defensores para evitar asesinatos en el futuro.

I. Introducción

  1. Tras haber recibido amenazas de muerte por teléfono durante más de un año, la defensora de los derechos ambientales Fikile Ntshangase fue asesinada a tiros en su domicilio en Mtubatuba (Sudáfrica) la tarde del 22 de octubre de 2020. Tres hombres armados efectuaron seis disparos y ella murió en el acto. Tenía 65 años y había participado en una disputa sobre la ampliación de una explotación minera a cielo abierto. Era un miembro destacado de la Mfolozi Community Environmental Justice Organization. Su abogado dijo a la Relatora Especial que Mama Fikile había recibido amenazas por teléfono en plena noche en junio de 2019, y que ella lo había denunciado a la policía local. Algunos meses antes de ser asesinada había recibido más amenazas.

  2. Esos asesinatos de defensores a menudo van precedidos por amenazas como las dirigidas a la Sra. Ntshangase. En ocasiones las amenazas son directas y, otras veces, indirectas. Algunas están dirigidas a personas concretas y otras son más generales o colectivas. Dichas amenazas suelen tener por objeto intimidar y silenciar a los defensores de los derechos humanos e impedir que lleven a cabo su labor. No existe un ataque más directo al espacio de la sociedad civil que el asesinato de defensores de los derechos humanos.

  3. Las estadísticas oficiales sobre el número de defensores de los derechos humanos asesinados cada año se limitan en el nivel nacional; solo se informa de ellas a escala mundial y regional. La información sobre la medida en que esas muertes están relacionadas con las amenazas de muerte, y las demás amenazas físicas que suelen precederlas, es aún más limitada. A pesar de ello, las estadísticas disponibles presentan un panorama desolador. Solo en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, la Relatora Especial envió comunicaciones a 10 Estados miembros sobre el asesinato de 100 defensores de los derechos humanos, 17 de los cuales eran mujeres. .

  4. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha observado que de 2015 a 2019 se ha asesinado a defensores de los derechos humanos en, al menos, 64 países: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Palestina, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Gambia, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Italia, Kazajstán, Kenya, Liberia, Libia, Malasia, Maldivas, México, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela (República Bolivariana de) y Yemen. Ello representa casi una tercera parte de los Estados miembros (véase el mapa).

  5. Según la información recopilada por el ACNUDH, complementada con más información proveniente de fuentes fidedignas, en 2019 fueron asesinados al menos 281 defensores de los derechos humanos. Desde 2015 han sido asesinados 1.323. América Latina es constantemente la región más afectada, y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente son los más atacados (véase la sección IV más abajo). Los encargados de la recopilación de datos coinciden en que el hecho de que muchos casos no se denuncien es un problema común, y también en que la impunidad generalizada favorece la comisión de asesinatos.

  6. El anterior titular del mandato abordó la cuestión de la impunidad por los ataques contra los defensores de los derechos humanos en un informe presentado a la Asamblea General en 2019. Los responsables de los asesinatos a menudo escapan de toda responsabilidad, lo que a su vez hace más probable que esos asesinatos continúen.

  7. El presente informe se ha preparado porque el asesinato de defensores de los derechos humanos es una prioridad para la Relatora Especial. A su juicio, el asesinato de defensores es una línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás. Esos asesinatos pueden y deben evitarse. Los defensores de los derechos humanos han pedido a la Relatora Especial que aporte datos e ideas útiles sobre la mejor manera de evitar que se produzcan más asesinatos.

  8. La Relatora Especial ha decidido centrar una parte del presente informe en las amenazas de muerte, en particular en la medida en que pueden ser consideradas como factores de predicción de ataques, y en las intervenciones que podrían ser beneficiosas para reducir la probabilidad de un ataque después de recibir una amenaza de muerte. En “The highest aspiration: a call to action for human rights” (“La máxima aspiración: llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos”), el Secretario General señaló que las amenazas a los defensores de los derechos humanos formaban parte de un ataque más amplio contra la sociedad civil. Observó asimismo que cada vez había más leyes represivas, que imponían mayores restricciones a las libertades de expresión, participación, reunión y asociación. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos, especialmente las mujeres, estaban siendo objeto de amenazas cada vez más frecuentes.

  9. La Relatora Especial observa que muchos Gobiernos no cumplen su obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos de los ataques y los asesinatos por parte de actores estatales y no estatales. Algunos Estados, en particular aquellos en los que se produce un elevado número de ese tipo de asesinatos, han establecido mecanismos de protección específicos para prevenir los riesgos y los ataques contra los defensores de los derechos humanos, y para darles respuesta. Aunque esos mecanismos han tenido unos resultados parcialmente satisfactorios, los defensores de los derechos humanos se quejan a menudo de que dichos mecanismos no cuentan con los recursos suficientes, o de que los Estados carecen de la voluntad política necesaria para protegerlos debidamente.

  10. Las empresas también tienen la responsabilidad de proteger a los defensores de los derechos humanos, y muchos defensores son asesinados tras haber protestado por los efectos negativos de los proyectos empresariales para los derechos humanos. En demasiados casos, las empresas también eluden su responsabilidad de impedir los ataques contra los defensores, o incluso son responsables de esos ataques.

  11. La Relatora Especial observa que los ataques, incluidos los asesinatos de defensores de los derechos humanos, suelen producirse en un contexto de violencia y desigualdad estructurales, entre otros en sociedades en conflicto, y como producto de sistemas patriarcales y heteronormativos. Las amenazas y los asesinatos a menudo se producen cuando se ha creado un contexto de negatividad en torno a los defensores en general, o en relación con defensores concretos. Ello puede hacerlos vulnerables a los ataques. Si se modificara la forma en que los dirigentes políticos y el público perciben y hablan del valor de la labor de los defensores, y se hiciera hincapié en sus contribuciones positivas a la sociedad, se podría reducir el riesgo de que los defensores fueran atacados.

  12. Un mayor conocimiento sobre ese entorno de negatividad y las amenazas que preceden a los asesinatos de los defensores de los derechos humanos debería permitir en mayor medida que las intervenciones interrumpan la escalada y eviten los asesinatos.

  13. Los defensores de los derechos humanos se enfrentan a diversas agresiones por parte de actores estatales y no estatales, como la estigmatización, la criminalización, las agresiones físicas, la detención y la tortura. Los defensores de los derechos humanos informan de que las difamaciones y otros abusos pueden intensificarse y convertirse en agresiones físicas y asesinatos. Otras iniciativas, como el llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos de 2020 del Secretario General y el Protocolo La Esperanza, establecido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, abogan por que los Estados diseñen medidas de política para la protección de los defensores de los derechos humanos que incorporen la investigación de las amenazas.

  14. No todas las amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos van seguidas de un asesinato, y no todos esos asesinatos van precedidos de amenazas de muerte. Sin embargo, muchos asesinatos van precedidos de una amenaza.

  15. Las dimensiones de las amenazas son difíciles de captar. La Relatora Especial reconoce que quienes recopilan datos sobre las amenazas y los asesinatos de defensores de los derechos humanos subrayan que las cifras son incompletas, que la definición de amenaza de muerte no se comparte universalmente y que muchas amenazas no se denuncian.

  16. Los defensores de los derechos humanos que trabajan en determinadas esferas parecen ser particularmente vulnerables a los ataques. Entre ellos figuran los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, los que protestan por el apoderamiento de tierras o los que defienden los derechos de los pueblos, incluidos los pueblos indígenas, oponiéndose a los Gobiernos que imponen proyectos empresariales a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado. Una de cada dos víctimas de los asesinatos registrados en 2019 por el ACNUDH había estado trabajando con comunidades en cuestiones relacionadas con la tierra, el medio ambiente, las repercusiones de las actividades empresariales, la pobreza y los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras minorías.

  17. Como señaló el anterior titular del mandato, los Estados deben adoptar medidas especiales para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, en especial, su derecho a la vida y la integridad personal, a raíz de amenazas específicas o patrones de violencia preexistentes. La falta de adopción de estas medidas para cumplir con las obligaciones reforzadas debe ser considerada por los órganos internacionales a la hora de determinar las consecuencias legales ante el incumplimiento (véase la sección III más abajo).

  18. Algunas violaciones están estrechamente relacionadas con los asesinatos, pero no se incluyen en el presente informe. Muchos defensores de los derechos humanos son objeto de desapariciones forzadas. Otros defensores de los derechos humanos con graves problemas médicos mueren en prisión, a pesar de los llamamientos para que sean puestos en libertad por motivos de salud. El defensor de los derechos humanos Azimjan Askarov fue condenado injustamente a prisión en 2010 en Kirguistán y seguía en prisión diez años después. A pesar de los llamamientos a las autoridades por parte del titular del mandato, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para que lo pusieran en libertad, y de las advertencias sobre sus problemas de salud subyacentes, murió en julio de 2020.