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El Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas (VRWG, por sus siglas en inglés), establecido en 1997, es una plataforma informal de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil (OSC) y de coaliciones nacionales que trabajan para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la CPI y para asistir a las víctimas y a las comunidades afectadas, en particular en los países en los que existe una situación de la CPI y en otros países en los que interviene la Corte. La Secretaría del VRWG ha contactado con sus organizaciones miembros para que contribuyan en la elaboración de un documento de posición (que se publicará en 2025) en el que se esbozan las deficiencias de la actual colaboración de la Corte con las víctimas en todas las fases de los procedimientos, se identifican las áreas prioritarias para la Estrategia de la Corte para las Víctimas y se hacen recomendaciones para su puesta en práctica, habida cuenta del proceso actual de revisión de la Estrategia para las Víctimas. El presente estudio identifica las áreas prioritarias y formula recomendaciones para la Corte.
ÁREAS PRIORITARIAS DE LA ESTRATEGIA DE LA CORTE PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
1. Enfoque centrado en las víctimas
Para que la CPI sitúe a las víctimas en el centro de las políticas relativas a sus derechos, la estrategia tiene que tener un enfoque que tenga en cuenta verdaderamente a las víctimas y el trauma. Para ello, se deben defender los derechos legales de las víctimas (como el derecho a la información, participación, protección, representación y reparación) y garantizar que el trabajo de la Corte sea inclusivo y responda a las necesidades de las víctimas, lo que incluye la mejora de los servicios de apoyo psicosocial y para la salud mental. El alcance de este enfoque debe definirse claramente y aplicarse de forma coherente en todas las actividades de la Corte.
2. Información y divulgación
Las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre los asuntos que les afectan. Una divulgación eficaz y temprana es esencial, sobre todo durante los exámenes preliminares, que es cuando se toman las decisiones sobre las investigaciones, y durante la fase de reparaciones. La capacidad para participar de las víctimas se ve mermada por su habitual falta de información. La divulgación debe comenzar tan pronto como se abre un examen preliminar con información adaptada al idioma, las necesidades culturales y los retos psicosociales de las víctimas y las comunidades afectadas: la divulgación de la CPI debe basarse en análisis y contenidos multidisciplinares y debe evitar un lenguaje legalista y tecnocrático. Aunque las OSC suelen ser fundamentales para acercar la Corte y las víctimas, no deben asumir la carga de suplir estas carencias.
3. Participación de las víctimas
En virtud del art. 68.3 del Estatuto de Roma, las víctimas tienen derecho a participar en todos los procedimientos. Sin embargo, la participación de las víctimas, especialmente en las primeras fases, es cada vez más limitada. Las víctimas deberían tener más oportunidades de hacer oír su voz en las primeras fases de los procedimientos, incluida la fase de investigación, que actualmente carece del tipo de protocolos procesales que existen para las fases posteriores de los procedimientos. Entre los retos se encuentran los plazos ajustados para presentar alegaciones (por ejemplo, 30 días en la situación de Georgia), que son insuficientes dado el contexto de inseguridad, las dificultades idiomáticas y las lagunas en el conocimiento jurídico nacional sobre el derecho penal internacional. La Corte debe nivelar la rapidez de los procedimientos, que también es del interés de las víctimas, con la posibilidad de participar de manera significativa.balance expeditious proceedings, which are also in the interest of victims, with enabling meaningful participation.
4. Representación legal
El derecho de las víctimas a elegir y contar con el apoyo adecuado de su abogado es vital para generar confianza en el proceso de la CPI. Sin embargo, las prácticas poco sistemáticas para la selección y participación de abogados socavan este derecho. La nueva política de asistencia jurídica, que entró en vigor en enero de 2024, mejora el acceso a la financiación, aunque persiste la preocupación por los límites arbitrarios de la asistencia jurídica. Para que los juicios sean justos y haya una representación adecuada, es crucial un sistema de asistencia jurídica flexible y basado en pruebas. Además, las víctimas deben tener la oportunidad de que su abogado esté presente durante todos los interrogatorios de la Fiscalía. Las prácticas actuales, en las que se excluyen a los abogados, amenazan la imparcialidad de los procedimientos y suponen un riesgo de estrés adicional para las víctimas.
5. Reparaciones
Para que las reparaciones sean eficaces se debe aplicar un enfoque centrado en las víctimas. El proceso debe ser transparente, con criterios de elegibilidad claros e información accesible sobre cómo las víctimas pueden solicitar reparaciones. Se debe proporcionar información temprana sobre el proceso de reparaciones para gestionar las expectativas de las víctimas participantes; y el compromiso continuo con las víctimas durante toda la fase de reparaciones es esencial. Las víctimas deben participar en el diseño y ejecución de la entrega de reparaciones, según las modalidades determinadas por las Salas en las órdenes de reparación.
PUESTA EN PRÁCTICA DE UN ENFOQUE CENTRADO EN LAS VÍCTIMAS: RECOMENDACIONES
La CPI debe llevar a cabo las siguientes medidas para aplicar una estrategia centrada en las víctimas:
- Difusión y ‘community building’. Se debe aumentar la concienciación sobre la estrategia centrada en las víctimas y sus implicaciones dentro de la CPI y con los socios externos, y garantizar que los recursos sean accesibles.
- Recursos y herramientas. Se deben desarrollar recursos para la participación de las víctimas en toda la Corte y en órganos específicos, incluida una plataforma centralizada de información sobre los derechos de las víctimas.
- Apoyo técnico. Se debe formar el personal de la CPI en prácticas que tengan en cuenta los traumas y la sensibilidad cultural, y proporcionar orientación permanente para prestar un apoyo eficaz a las víctimas, incluso cuando la victimización esté relacionada con procesos multigeneracionales e impunidad “histórica”.
- Experiencia institucional. Se debe contratar personal con experiencia en enfoques que respeten a las víctimas, tengan en cuenta los traumas y sean interseccionales, y garantizar el bienestar del personal para evitar traumas secundarios.
- Revisión periódica de los progresos. Se debe establecer mecanismos de revisión con retroalimentación de las víctimas y las partes interesadas externas, incluidas las OSC, para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. El proceso de revisión debe incluir indicadores de progreso claros y datos de referencia para medir los avances.
- Sostenibilidad. Se debe garantizar recursos suficientes para hacer plenamente operativos los derechos de las víctimas en el presupuesto de la Corte, para lo que la Corte debe adoptar un enfoque más proactivo en su interacción con los Estados sobre este tema.
- Movilización de recursos para el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Se debe garantizar que el Fondo Fiducirio tenga la capacidad jurídica y la experiencia para movilizar recursos de entidades públicas o privadas pertinentes debido al papel subsidiario del FFBV en la financiación de las reparaciones cuando los bienes de los condenados son insuficientes para cumplir las órdenes de reparación.
La CPI debe integrar un enfoque centrado en las víctimas en todo su trabajo para cumplir su compromiso con los derechos de las víctimas. Para ello, se debe mejorar la divulgación, asegurar una participación significativa, proporcionar una representación legal adecuada y garantizar reparaciones que reflejen las voces y preocupaciones de las víctimas. Al poner en práctica estos principios, la CPI reconstruirá la confianza de las víctimas en la Corte, lo que fortalecerá su legitimidad, credibilidad y eficacia.