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Las medidas contra el coronavirus no pueden atentar contra los derechos humanos

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Pasajeros con mascarillas en el metro de Nueva York después de que confirmara el primer caso de coronavirus en la ciudad © ONU / Loey Felipe

Las empresas deben ser flexibles con los empleados que puedan perder el trabajo, los Gobiernos deben proveer protección socioeconómica a las familias y todos, especialmente los más vulnerables, deben tener derecho a tratamiento contra el COVID-19, asegura en un comunicado Michelle Bachelet.

Es esencial que los Gobiernos que introduzcan medidas para impedir la propagación del coronavirus, COVID-19, también emprendan una serie de acciones adicionales para reducir el impacto potencialmente negativo que esas decisiones puedan tener en la vida de las personas, subrayó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Como doctora, entiendo la necesidad de una serie de pasos para combatir COVID-19, y como ex jefe de Gobierno, entiendo que a veces encontrar el equilibrio es complicado ante decisiones difíciles", dijo Michelle Bachelet.

"Sin embargo, nuestros esfuerzos para combatir este virus no funcionarán a menos que lo abordemos de manera integral, lo que significa tener mucho cuidado para proteger a las personas más vulnerables y descuidadas de la sociedad, tanto médica como económicamente. Estas personas incluyen a ciudadanos de bajos ingresos, poblaciones rurales aisladas, personas con problemas de salud subyacentes, personas con discapacidades y personas mayores que viven solas o en instituciones", agregó.

Los bloqueos, las cuarentenas y otras medidas similares para contener y combatir la propagación del COVID-19 siempre deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las normas de derechos humanos y de una manera que sea necesaria y proporcional al riesgo evaluado, pero incluso cuando lo sean, pueden tener serias repercusiones en la vida de las personas, advirtió la Alta Comisionada.

El impacto de las medidas en los derechos económicos y sociales

“Si bien las autoridades pueden juzgar que es necesario cerrar las escuelas, esto puede ocasionar que los padres tengan que quedarse en casa y no puedan trabajar, una medida que probablemente afectará de forma desproporcionada a las mujeres”, afirmó Bachelet.

La jefa de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que permanecer fuera del trabajo para "auto aislarse" puede resultar en una pérdida de salario o del trabajo, con consecuencias de gran alcance para los medios de vida de las personas. Además, la atención al brote puede dificultar el cuidado de las personas con afecciones crónicas o graves.

También, es probable que la interrupción del comercio y los viajes tenga un gran impacto, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en las personas que emplean y atienden.

“Las personas que de por sí sobreviven apenas económicamente pueden ser fácilmente llevadas al límite por las medidas adoptadas para contener el virus. Los Gobiernos deben estar preparados para responder de diversas maneras a las consecuencias no deseadas de sus acciones dirigidas al coronavirus. Las empresas también deberán desempeñar un papel, incluida la respuesta flexible al impacto en sus empleados", apuntó Bachelet.

La Alta Comisionada acogió con satisfacción el hecho de que algunos Gobiernos, así como las organizaciones internacionales, estén comenzando a tomar provisiones para mitigar el impacto en los derechos económicos y sociales de las personas.

“Dado que todos estamos operando en un territorio desconocido, animo a los Estados a establecer formas de compartir información sobre las buenas prácticas que estén implementando actualmente para aliviar los efectos socioeconómicos negativos del COVID-19 y los esfuerzos para detener su propagación. La solidaridad y la cooperación internacionales son más necesarias que nunca. También está claro que los recursos deben destinarse a la protección social para que las personas puedan sobrevivir económicamente durante lo que puede convertirse en una crisis prolongada”, dijo.

Un reto para las sociedades

Para Bachelet, el COVID-19 es “una prueba para nuestras sociedades y todos estamos aprendiendo y adaptándonos a medida que respondemos al virus. La dignidad y los derechos humanos deben estar al frente y al centro en ese esfuerzo, no pueden venir después”.

Combatir eficazmente el brote significa garantizar que todos tengan acceso al tratamiento y que no se les niegue la atención médica porque no pueden pagarla o por el estigma, enfatizó.

Además, los Gobiernos deben asegurarse de que toda la información relevante llegue a todos sin excepción, incluso en formatos e idiomas fácilmente comprensibles y adaptados para personas con necesidades específicas, como niños, personas con discapacidad visual y auditiva, y aquellos con capacidad limitada o nula para leer.

“Ser abierto y transparente es clave para empoderar y alentar a las personas a participar en medidas diseñadas para proteger su propia salud y la de la población en general, especialmente cuando se ha erosionado la confianza en las autoridades. También ayuda a contrarrestar información falsa o engañosa que puede hacer mucho daño al alimentar el miedo y los prejuicios”, puntualizó la Alta Comisionada.

"También insto a las autoridades de los países afectados por el COVID-19 a tomar todas las medidas necesarias para abordar los incidentes de xenofobia o estigmatización", concluyó.