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La protección de los civiles en los conflictos armados - Informe del Secretario General (S/2020/366)

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I. Introducción

  1. Este informe se presenta atendiendo a la solicitud que figura en la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 21 de septiembre de 2018 (S/PRST/2018/18). También atiende a las solicitudes de información sobre temas específicos que realizó el Consejo en sus resoluciones 2286 (2016), 2417 (2018), 2474 (2019) y 2475 (2019). El informe se presenta en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que es la mayor prueba a la que se ha enfrentado el mundo desde la creación de las Naciones Unidas y que ha afectado gravemente a la protección de los civiles, en particular en situaciones de conflicto. La pandemia es una crisis de salud mundial que podría devastar los Estados afectados por conflictos y abrumar sus ya débiles sistemas de salud. La capacidad de los Estados para prevenir la propagación del virus, atender a las personas infectadas y mantener los servicios de salud esenciales para la población en general se ha visto gravemente limitada y varía de un contexto a otro. La crisis de la COVID-19 ha exacerbado aún más la vulnerabilidad de los menos protegidos de la sociedad. Las personas de edad, las que no tienen acceso al agua y a los servicios sanitarios y las que sufren enfermedades preexistentes parecen ser particularmente vulnerables al virus. Las mujeres y los niños se enfrentan a obstáculos para acceder a la atención sanitaria y a los medios de subsistencia, la educación y otros apoyos fundamentales. Además, se han incrementado sus necesidades de protección, incluida la protección frente a la violencia doméstica y de género. El acceso a los servicios de salud materna y reproductiva ha empeorado. Las personas con discapacidades se enfrentan a nuevos obstáculos para recibir los servicios y apoyos a los que tienen derecho. La COVID19 también representa un considerable peligro para los refugiados y los desplazados internos en los campamentos y asentamientos, que a menudo están superpoblados y carecen de servicios sanitarios y de saneamiento adecuados. Las restricciones de acceso, nuevas o anteriormente existentes, que se imponen a los agentes humanitarios podrían socavar aún más los esfuerzos de respuesta.

  2. Consciente del desafío sin precedentes al que se enfrenta la comunidad internacional, el 23 de marzo de 2020 realicé un llamamiento a que se pusiera en práctica un alto el fuego inmediato a nivel mundial con el fin de ayudar a crear las condiciones necesarias para la prestación de asistencia humanitaria, abrir un espacio para la diplomacia y llevar la esperanza a las personas más vulnerables ante la COVID-19. Las numerosas expresiones de apoyo han sido alentadoras, entre ellas el respaldo de Estados Miembros, organizaciones regionales y subregionales, grupos armados, la sociedad civil y personas de todo el mundo. En muchos contextos, todavía es necesario superar los retos que plantea la aplicación del alto el fuego, en particular en zonas donde hay conflictos prolongados, en los que a menudo intervienen múltiples agentes armados e intereses complejos en los planos local, nacional e internacional. La pandemia puede incentivar que algunas partes en conflicto presionen para conseguir ventaja, lo que daría lugar a un aumento de la violencia, mientras que otras pueden encontrar oportunidades en ella, porque la atenció n de los Gobiernos y la comunidad internacional se ve absorbida por la crisis sanitaria.

  3. En estas y otras situaciones de conflicto, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados siguen siendo aplicables y todas las partes y todos los agentes deben respetarlos a fin de garantizar la protección efectiva de las poblaciones afectadas por el conflicto y una respuesta eficaz a la pandemia. Esto podría lograrse, por ejemplo, protegiendo a los trabajadores de la salud, las infraestructuras esenciales y el transporte; reduciendo las lesiones relacionadas con los conflictos entre la población civil y aliviando así la presión sufrida por los sobrecargados sistemas de salud; facilitando el acceso rápido, sin obstáculos y seguro de la asistencia humanitaria; y asegurando que los que huyen de la violencia y la persecución puedan recibir protección.

  4. En 2019 se registraron contrastes sorprendentes en la esfera de la protección de los civiles. Se conmemoró el 20º aniversario del examen por el Consejo de Seguridad de la protección de los civiles como tema del orden del día y el 70º aniversario de los cuatro Convenios de Ginebra, que son una piedra angular del derecho internacional humanitario. A lo largo de 2019, diversos Estados Miembros, representantes de las Naciones Unidas y otros destacaron la importancia de proteger a los civiles y su compromiso con el derecho internacional humanitario. En septiembre de 2019, Francia y Alemania presentaron un llamamiento a la acción para fortalecer el respeto del derecho internacional humanitario y la acción humanitaria basada en principios, que hasta la fecha ha sido respaldado por 43 Estados Miembros1 . El año terminó con la celebración de la 33ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en la que los Estados adoptaron una hoja de ruta para una mejor aplicación nacional del derecho internacional humanitario2 .

  5. A pesar de esos pasos positivos, la realidad sobre el terreno era muy diferente.
    Hubo casos en que las partes en conflicto trataron de respetar el derecho internacional humanitario en sus operaciones, pero también hubo innumerables situaciones en las que se incumplieron habitualmente las normas del derecho internacional human itario y de los derechos humanos, como se expone en la sección II. La nueva década presenta tanto desafíos como oportunidades en el ámbito de la protección de los civiles, algunos de los cuales se examinan en la sección III. Como se indica en la sección IV, un esfuerzo genuino y concertado para aplicar las tres medidas presentadas en los dos informes anteriores (S/2018/462 y S/2019/373) y, en particular, para reforzar la rendición de cuentas por las violaciones graves del derecho, significaría un progreso real hacia el logro de las tres medidas. Eso requeriría, ante todo, la volun tad política necesaria.