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La Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961: 60 años promoviendo y protegiendo el derecho a una nacionalidad

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Garantizar el derecho a una nacionalidad y erradicar la apatridia es posible y más urgente que nunca, ha destacado hoy ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, cuando la comunidad internacional celebra el 60º aniversario de la adopción de la Convención de la ONU para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

“Nuevos retos mundiales, como la COVID-19 y las consecuencias del cambio climático, que hoy se suman a otros ya existentes, como el aumento del desplazamiento forzado, demuestran cuán fundamental es el derecho a una nacionalidad. Todas las personas necesitan ser censadas y visibles ante su país y su gobierno, y ser incluidas en las soluciones”, declaró Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

“Tener una nacionalidad – y la protección de un gobierno que dicha nacionalidad conlleva – puede suponer una diferencia que salva vidas, más aún en tiempos de crisis, ya sea por la vacunación, una evacuación o por brindar una red de seguridad social cuando se necesita”, añadió Grandi.

Las personas apátridas pueden quedar desamparadas en situaciones de conflicto y desplazamiento por carecer de la protección de un gobierno, no tener pruebas de su identidad legal, o ambas cosas. También corren el riesgo de quedar excluidas del acceso a las vacunas contra la COVID-19, a medida que los países ejecutan los planes para hacer frente a la pandemia. De la misma manera, las comunidades apátridas pueden quedar excluidas de los paquetes de ayuda socioeconómica destinados a reducir el impacto de la pandemia en los medios de vida de la población. Además, a medida que se agrava el cambio climático, las personas apátridas corren el riesgo de ser excluidas de los esfuerzos de los gobiernos para mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.

En términos más generales, la apatridia puede implicar la falta de acceso a la educación, a la atención médica o al empleo formal. La apatridia puede afectar la libertad de movimiento, la capacidad de adquirir una propiedad, de votar, de abrir una cuenta bancaria o incluso de contraer matrimonio. A nivel mundial, se reconoce la existencia de 4,2 millones de personas apátridas. Sin embargo, es probable que el número real de personas que no son consideradas como ciudadanas por ningún país sea mucho mayor, debido a las lagunas en la recopilación de datos.

La Convención de 1961 es el principal tratado internacional diseñado para prevenir y reducir la apatridia. Si todos los Estados la aplicaran, contribuiría a garantizar que ningún niño o niña naciera sin una nacionalidad, lo que, con el tiempo, ayudaría a erradicar la apatridia.

A finales de agosto de 2021, 77 Estados se han adherido a la Convención de 1961, y el ritmo de las adhesiones ha aumentado en la última década. Desde 2010, 40 Estados han formalizado su compromiso para reducir la apatridia convirtiéndose en partes de la Convención. Los más recientes son Islandia y Togo.

En el mismo período, se ha confirmado la nacionalidad de más de 800.000 personas apátridas, lo que ha resuelto su situación de apatridia.

En las Américas, 12 de los 18 países que se adhirieron a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 lo hicieron durante la última década. Muchos países de la región cuentan con leyes de nacionalidad generosas, que garantizan que la nacionalidad se adquiera al nacer. ACNUR señala el impacto positivo que los procedimientos para la determinación de la apatridia en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay han tenido en la protección de las personas apátridas. El ejemplo más reciente de los esfuerzos para erradicar la apatridia y evitar la reaparición de este fenómeno es el de Colombia, donde el Gobierno anunció una prórroga de dos años de la medida de 2019 destinada a conceder la nacionalidad a la niñez nacida en Colombia de padres venezolanos que no hayan resuelto su situación migratoria. Más de 60.000 niñas y niños nacidos en Colombia, que de otra manera estarían en riesgo de apatridia, adquirieron así la nacionalidad colombiana desde 2019. Con un entorno en la región cada vez más propicio para erradicar la apatridia, ACNUR espera que América se convierta en el primer continente en acabar con la apatridia.

España se adhirió a la Convención de 1961 para la Reducción de la Apatridia en septiembre de 2018, y es firmante, a su vez, de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. España cuenta además con un proceso para la determinación del estatuto de apátrida (establecido en 2001) y tiene una legislación adaptada para evitar la aparición de nuevos casos de apatridia. En los últimos cinco años, las autoridades españolas han recibido una media de 1.300 solicitudes de apatridia anuales, mayoritariamente de personas de origen saharaui.

“En este año de aniversario, ACNUR insta a todos los Estados que aún no lo han hecho a adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, a incorporar las salvaguardias de la Convención en sus leyes de nacionalidad y a garantizar el derecho de toda persona a una nacionalidad”, afirmó Grandi.

La adhesión a la Convención de 1961 es una de las 10 acciones contempladas en el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia. El Plan proporciona un marco de acción para que los Estados alcancen los objetivos de la Campaña #IBelong (Yo Pertenezco), lanzada por ACNUR y sus socios en 2014 para acabar con la apatridia en 10 años.

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