Attachments
Pese a los progresos realizados en los últimos años respecto de la extensión de la protección social en muchas partes del mundo, cuando irrumpió la pandemia de COVID‑19 muchos países seguían enfrentándose a importantes retos para hacer del derecho humano a la seguridad social una realidad para todos. El presente informe ofrece una visión global de los avances producidos durante el último decenio en todo el mundo res‑ pecto de la extensión de la protección social y la creación de sistemas de protección social basados en los derechos, incluidos los pisos de protección social, y aborda los efectos de la pandemia de la COVID‑19. Contribuye con ello de manera esencial al marco de seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El informe lanza cinco mensajes:
La pandemia ha puesto de manifiesto las pro‑ fundas desigualdades y las importantes brechas en la cobertura, la integralidad y la adecuación de la protección social en todos los países. Retos muy extendidos como los altos niveles de inseguridad económica, la pobreza persistente, el aumento de la desigualdad, la informalidad generalizada y un contrato social frágil se han visto agravados por la COVID‑19. La crisis también ha evidenciado la vul‑ nerabilidad de miles de millones de personas que parecían salir adelante relativamente bien, pero que no estaban adecuadamente protegidas de las ondas de choque socioeconómicas que ha emitido.
Las repercusiones socioeconómicas de la pandemia han hecho que las personas responsables de la formulación de políticas no puedan dejar de lado a una serie de grupos de población –entre los que se encuentran los niños, los adultos mayores, los cuidadores no remunerados y las mujeres y hom‑ bres que trabajan en diversas formas de empleo y en la economía informal– que estaban cubiertos de forma inadecuada o no estaban cubiertos en absoluto por las medidas de protección social existentes. Al poner de manifiesto estas brechas, el informe muestra que la pandemia ha impulsado a los países a emprender una acción política excep‑ cional, con la protección social en primera línea.
La COVID‑19 ha provocado una respuesta política sin precedentes en el ámbito de la protección social. Los gobiernos se han puesto en marcha con la protección social como respuesta de pri‑ mera línea para proteger la salud, el empleo y los ingresos de las personas, así como para garantizar la estabilidad social. Cuando ha sido necesario, han ampliado la cobertura a grupos hasta ahora desprotegidos, aumentado los niveles de las pres‑ taciones o introducido otras nuevas, adaptado los mecanismos administrativos y de prestación, y movilizado recursos financieros adicionales. Sin embargo, a pesar de que se han aplicado algunas medidas de apoyo internacional, muchos países de ingreso bajo y mediano han tenido dificultades para organizar una respuesta de protección social y de estímulo proporcional dirigida a contener los impactos adversos de la pandemia de la forma en que lo han hecho los países de ingreso alto, lo que ha dado lugar a un «déficit de estímulos» derivado en gran medida de las importantes brechas de cobertura y financiación.
La recuperación socioeconómica sigue siendo incierta y destinar más recursos a la protección social seguirá siendo decisivo. Las previsiones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten de una recuperación divergente, en la que los países de ingreso alto disfrutan de un rápido repunte económico mientras que los de ingreso bajo ven revertidos sus recientes avances en materia de desarrollo. Garantizar una recuperación centrada en las personas en todo el mundo depende del acceso equitativo a las vacunas. No se trata solo de un imperativo moral, sino también de una necesidad de salud pública: un profundo abismo en la disponibilidad de las vacunas desencadenará nuevas mutaciones víricas que socavarán sus beneficios para la salud pública a nivel mundial. Pero la desigualdad en el acceso a las vacunas, las enormes brechas de estímulos visibles en la respuesta a la crisis, los llamamientos incumplidos a la solidaridad mun‑ dial, el aumento de la pobreza y las desigualdades, y el recurso a los recortes de austeridad encaran ya la perspectiva de una recuperación desigual. Este escenario dejará a muchas personas a su suerte y desbaratará los avances realizados hacia la consecución de la Agenda 2030 y la realización de la justicia social.
Los países se encuentran en una encrucijada en la trayectoria de sus sistemas de protección social.
Si hay un resquicio de esperanza en esta crisis, es el potente recordatorio que ha proporcionado de la importancia crítica de invertir en protección social; sin embargo, muchos países también se enfrentan a importantes restricciones fiscales.
Este informe muestra que casi todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, tienen una opción: seguir un «camino óptimo» de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o un «camino fácil» de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas. Los países pueden utilizar la ventana política abierta por la pandemia y basarse en las medidas de respuesta a la crisis adoptadas para fortalecer sus sistemas de protección social y cerrar progresivamente las brechas de protección a fin de garantizar que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. Para ello sería necesario dedicar más esfuerzos a construir sistemas de protección social universal, integrales, adecuados y sostenibles, incluido un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas. La alternativa sería optar por un camino fácil que no invirtiera en protección social, dejando a los países atrapados en una trayectoria de «bajo 1 Atención de salud y prestaciones de enfermedad no incluidas. costo y bajo desarrollo humano». Esta opción conllevaría la oportunidad perdida de fortalecer los sistemas de protección social y reconfigurar las sociedades para un futuro mejor.
Establecer la protección social universal y hacer realidad el derecho humano a la seguridad social para todos es la piedra angular de un enfoque centrado en las personas para alcanzar la justicia social. Con ello se contribuye a la prevención de la pobreza y a la contención de las desigualdades, a la mejora de las capacidades humanas y de la produc‑ tividad, al fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.