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Informe de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin (A/76/261)

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Septuagésimo sexto período de sesiones
Tema 75 b) del programa provisional*
Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo

Nota del Secretario General**

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 74/147 de la Asamblea General y la resolución 40/16 del Consejo de Derechos Humanos.

Promover los derechos humanos mediante la incorporación de los derechos humanos en la creación de capacidad y la asistencia técnica contra el terrorismo en los planos nacional, regional y mundial

Resumen

El presente informe se refiere a las dimensiones de derechos humanos y derecho internacional de la creación de capacidad y la prestación de asistencia técnica para luchar contra el terrorismo y prevenir o contrarrestar el extremismo violento y se ha preparado en medio del extraordinario crecimiento de la cr eación de capacidad y la asistencia técnica en el contexto de esa lucha. La Relatora Especial afirma que la asistencia técnica y la creación de capacidad, cuando son compatibles con los derechos humanos y el estado de derecho, desempeñan un valioso papel en la tarea de afianzar un planteamiento antiterrorista que abarque a toda la sociedad y pueden ser un aspecto vital para prevenir las condiciones que propician el surgimiento de una violencia duradera en la sociedad. No obstante, observa que la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad en la lucha contra el terrorismo tienen lugar en un entorno de crecimiento sin precedentes de las instituciones, los marcos normativos, la programación y la financiación de esa lucha en las dos últimas décadas. Señala el papel cada vez más importante que desempeñan algunas entidades de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad contra el terrorismo para los Estados y la ausencia de un crecimiento comparable en la diligencia debida en materia de derechos humanos.

La Relatora Especial observa profundos déficits en cuanto al estado de derecho y los derechos humanos en la prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad en contextos en que las definiciones nacionales de terrorismo y de extremismo violento no se ajustan al derecho internacional, apuntan contra el ejercicio legítimo de derechos humanos fundamentales y sirven para sustentar y permitir formas autoritarias de gobernanza. Observa también una falta absoluta de seguimiento y evaluación éticamente apropiados y científicamente rigurosos de la creación de capacidad y la asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo, incluso por parte de las entidades de las Naciones Unidas. Observa además una pauta sostenida de intervenciones “puntuales” o consistentes en “adiestrar y equipar”, que rara vez se integran en un planteamiento holístico de la justicia, la seguridad, la gobernanza y el desarrollo a nivel nacional, dejando sin tocar y enconando las estructuras e injusticias subyacentes.
La Relatora Especial subraya la necesidad de alinear la creación de capacidad y la asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo con una labor sostenida para hacer más efectivos el estado de derecho, las prioridades del desarrollo sostenible, las medidas de lucha contra la corrupción y las estructuras institucionales responsables y de alinear esas prioridades con los objetivos y procesos de desarrollo existentes.

Observa que no hay un intento de lograr que el proceso de creación de capacidad y prestación de asistencia técnica sea asumido como propio por una amplia y diversa variedad de partes interesadas, incluida la sociedad civil a nivel nacional. La participación de la sociedad civil en el sector de la seguridad y la supervisión civil de él son esenciales para prevenir efectivamente el terrorismo. Deplora la existencia de un modelo de creación de capacidad y asistencia técnica contra el terrorismo basado en la oferta y demanda del consumidor, cuyo fundamento suele distar mucho de la necesidad de hacer frente a las condiciones que propician el terrorismo y consisten en la supervivencia del régimen, la apropiación parasitaria de recursos y fondos para fines de seguridad y el autointerés de los sectores de seguridad. Advierte a las entidades de las Naciones Unidas que participan en la creación de capacidad y la asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo que han de cumplir estrictamente sus obligaciones de diligencia debida y que no pueden ser cómplices del fortalecimiento de sistemas de coerción y violencia en nombre de la lucha contra el terrorismo o la prevención del extremismo (violento). Las prácticas en materia de creación de capacidad y asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo necesitan con urgencia transparencia, responsabilidad y una total revisión para que sean eficaces y compatibles con los derechos humanos.