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Evaluación conjunta de la protección de los derechos fundamentales de los refugiados durante la pandemia de COVID-19 (Resumen Ejecutivo)

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Resumen Ejecutivo

La Evaluación conjunta de la protección de los derechos fundamentales de los refugiados du-rante la pandemia de COVID-19 fue encargada bajo los auspicios de la Coalición de la evalu-ación global de la COVID-191. La evaluación examina la eficacia de la cooperación inter-nacional y la respuesta combinada de los es-tados anfitriones, las agencias del sistema de Naciones Unidas (ONU) y las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, in-cluidas las organizaciones lideradas por refu-giados (OLR), 2para garantizar la protección de los derechos de los refugiados durante la pan-demia mundial.
Resumen Ejecutivo La evaluación se llevó a cabo entre mayo de 2021 y enero de 2022 mientras la pandemia seguía evolucionando y presentaba una serie de consecuencias que cambiaban constante-mente para los sistemas legales, las normas so-ciales y el funcionamiento de los sistemas de ayuda, diseñados para apoyar el respeto de los derechos de los refugiados. La evaluación se llevó a cabo de manera remota con varios mét-odos de evaluación (análisis de datos, revisión documental, análisis de financiación y entrev-istas con los informantes clave) para conseguir un conjunto de evidencia equilibrado.
La pandemia de COVID-19 ha presentado retos para la protección de los derechos de los refu-giados que son muy profundos y pueden tener consecuencias duraderas. Los cierres de fron-teras y otras restricciones de movimiento rel-acionadas con la pandemia tuvieron y siguen teniendo consecuencias significativas en rel-ación con los derechos de los refugiados y para los actores de protección. Existe evidencia clara de que algunos estados utilizaron la pandemia como justificación para introducir medidas restrictivas perjudiciales para los derechos de los refugiados. En algunos casos, las prácticas restrictivas adoptadas en los momentos más álgidos de la pandemia por razones de salud pública se han mantenido o reforzado como medidas de seguridad.
Un patrón complejo de desafíos de acceso es-tuvo presente en todo el espectro de derechos y necesidades de los refugiados durante toda la pandemia. La violencia basada en géne-ro (VBG) contra las mujeres y las niñas ha au-mentado, lo que ha exacerbado los riesgos de protección para los niños y niñas refugiados. El aumento de la xenofobia y la discriminación ha causado más desafíos para las personas en movimiento a la hora de acceder a toda una serie de servicios de protección.
Los hallazgos de esta evaluación demuestran los extraordinarios esfuerzos de los actores de protección para apoyar los derechos de los re-fugiados ante un reto global sin precedente.
Pueden sacarse muchos aspectos positivos de la respuesta global: la coordinación eficaz en-tre los actores internacionales y los gobiernos, la capacidad de respuesta y adaptación de los mismos refugiados y los actores de protección, la generosidad y flexibilidad por parte de los donantes en las primeras fases de la respues-ta. Sin embargo, en términos generales, es-tas intervenciones colectivas no garantizaron plenamente la protección de los derechos de los refugiados de forma integral y coherente en todos los países y en todos los derechos en los que se centra esta evaluación. La evidencia muestra que la respuesta no fue equilibrada entre todos los derechos y no logró anticiparse el alcance de las necesidades de protección de los niños, mujeres y niñas y las necesidades es-pecíficas de algunos refugiados, como la gen-te mayor o las personas con discapacidades.
Cobertura y relevancia de la respuesta colecti-va a la COVID-19 en relación con la protección de los derechos de los refugiados En muchos países las medidas adoptadas para combatir la propagación de la COVID-19 no fueron coherentes con el derecho interna-cional: el principio de no devolución (non-re-foulement), la prohibición de las expulsiones colectivas y el derecho a solicitar asilo en muchos casos no se respetaron. También hay pruebas suficientemente convincentes de ex-pulsiones y retrocesos, ya sea en el mar o en tierra, así como devoluciones indirectas. Los cierres de fronteras y confinamientos también redujeron la capacidad de los gobiernos y los actores de protección de reasentar a los refu-giados en países terceros e hicieron que au-mentara la cantidad de personas que acuden a cruces irregulares de las fronteras. Las inter-venciones del ACNUR al principio de la pan-demia de COVID-19 para recordar a los estados sus obligaciones internacionales tuvieron al-gunos efectos positivos, pero el cumplimiento no fue universal. Las medidas adoptadas en los momentos más álgidos de la pandemia con el acceso disminuido a la protección interna-cional y las políticas de asilo más restringidas fueron temporales en algunos países, pero se han endurecido en otros, y las barreras siguen presentes ya entrado el 2022.