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Evaluación de las actividades de prevención y respuesta a la explotación y los abusos sexuales y de apoyo a las víctimas por parte del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas y el personal asociado (A/75/820)

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Septuagésimo quinto período de sesiones
Tema 154 del programa
Aspectos administrativos y presupuestarios de la
financiación de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz

Resumen

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) evaluó la pertinencia y la eficacia de las actividades de prevención y respuesta a la explotación y los abusos sexuales y de apoyo a las víctimas por parte del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas y el personal asociado, durante el período comprendido entre 2015 y 2018.

Los esfuerzos para prevenir la explotación y los abusos sexuales en las operaciones de paz fueron constantes y recibieron la máxima prioridad, aunque no fueron uniformes dentro de la Secretaría y fueron inadecuados en las entidades no relacionadas con el mantenimiento de la paz. La Oficina de la Coordinadora Especial para Mejorar la Respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación y los Abusos Sexuales y la Defensoría de los Derechos de las Víctimas contribuyeron a hacer visibles los avances y el compromiso de todo el sistema para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales, aunque sus actividades se enfrentaron a varios problemas. Hubo un aumento de las iniciativas y de los agentes relacionados con la explotación y los abusos sexuales, pero los persistentes problemas relacionados con el obsoleto boletín del Secretario General sobre las medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales (ST/SGB/2003/13) afectaron a la respuesta de la Organización.

A pesar de algunas mejoras, todos los pasos de la tramitación de las denuncias de explotación y abusos sexuales llevaron más tiempo del estipulado. La responsabilidad administrativa impuesta por las Naciones Unidas demostró el funcionamiento de la política de tolerancia cero del Secretario General, y se impusieron sanciones en el 85 % de los casos corroborados y el resto en curso. Sin embargo, las sanciones impuestas por los países que aportan contingentes y fuerzas de policía variaron notablemente, desde el descenso de categoría a cinco años de prisión, aunque la mitad de los casos seguían pendientes.

Los esfuerzos por garantizar la responsabilidad penal por los delitos de explotación y abusos sexuales (por ejemplo, violación) cometidos por funcionarios y expertos en misión mediante la remisión por parte de las Naciones Unidas fueron en su mayoría infructuosos. En el caso del personal uniformado, los países que aportan contingentes y fuerzas de policía impusieron sanciones en 10 de los 22 casos, que oscilaron entre 40 días y cinco años de prisión. Por lo que respecta a las fuerzas ajenas a las Naciones Unidas, ninguno de los procedimientos nacionales relativos a los 23 casos denunciados dio lugar a sanciones.

Las partes interesadas consideraron que el enfoque centrado en los derechos de las víctimas para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales era muy pertinente, y se avanzó en una de las misiones, pero todavía no se había puesto plenamente en marcha. El apoyo prestado a las víctimas fue insuficiente en términos generales. El impacto de los proyectos financiados por el fondo fiduciario de apoyo a las víctimas de la explotación y los abusos sexuales fue visible en la República Democrática del Congo, aunque la mayoría de los proyectos financiados se retrasaron, y se centraron en gran medida en actividades de divulgación comunitaria que no estaban directamente relacionadas con las “necesidades individuales” de las víctimas de la explotación y los abusos sexuales. Todavía no se ha transferido al fondo fiduciario un pago de 600.000 dólares retenido a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía por las denuncias fundadas de explotación y abusos sexuales.

La OSSI hizo 17 recomendaciones importantes.