Madrid, 31 de marzo de 2015 – La semana pasada, el Parlamento español aprobó una ley que permite la expulsión inmediata de los migrantes irregulares en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África. El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de España están profundamente preocupados porque la ausencia de garantías facilitará la 'devolución en caliente" de personas necesitadas de protección. El JRS pide a la Comisión Europea que investigue a fondo las implicaciones que la nueva legislación pueda tener en los derechos humanos.
La nueva ley española estipula que los migrantes que sean detenidos en las fronteras de Ceuta y Melilla podrán ser devueltos inmediatamente "con el fin de impedir la inmigración ilegal en España". La falta de garantías en este procedimiento supone que el uso de una fuerza desproporcionada por parte de la guardia fronteriza española a la hora de expulsar a los migrantes es probable que quede sin control. Estas políticas no tienen en cuenta ningún tipo de necesidad de protección de los migrantes afectados.
Aunque la ley dice que los rechazos fronterizos se llevarán a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos, no dice cómo lo va a hacer en la práctica.
"Esta nueva ley no contiene ninguna garantía específica de que se respetarán los derechos de las personas que necesitan protección", apunta Stefan Kessler, responsable de políticas del JRS Europa.
En especial, el derecho a no ser devuelto a un país donde una persona pueda ser víctima de graves violaciones de los derechos humanos (principio de 'no devolución') está en peligro si se expulsa a la gente sin darles la oportunidad de presentar una solicitud de asilo. Este es un derecho no solo consagrado en la Convención de la ONU de 1951 para los Refugiados y la Convención de la ONU Contra la Tortura, sino también en la legislación de la UE.
Otra cláusula general en la ley dice que las solicitudes de protección internacional deben presentarse en los pasos fronterizos específicos. Sin embargo, no existen garantías de que los potenciales solicitantes de protección tengan acceso a estos puntos de paso. Todas las entradas oficiales a Ceuta y Melilla no solo están controladas por la policía española de fronteras, sino también fuertemente custodiadas por las fuerzas marroquíes.
"Existe el peligro concreto de que se impida físicamente a estas personas llegar a los puntos de paso de fronteras lo que les deja sin posibilidad de presentar una demanda de protección", dice Kessler.
"Ahora, la Comisión Europea debe actuar. Es inaceptable una violación de las normas internacionales y europeas".
El JRS se une al SJM España y a otras voces en su llamamiento al gobierno español para que retire estas nuevas modificaciones y para que se asegure de que España cumple plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y europeo. Las personas que necesitan protección deben tener acceso a procedimientos adecuados, y a la seguridad en Europa.