Consejo de Derechos Humanos
48º período de sesiones
13 de septiembre a 1 de octubre de 2021
Temas 3 y 5 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo
Órganos y mecanismos de derechos humanos
I. Introducción
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En su resolución 34/8, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Comité Asesor que llevara a cabo un estudio y preparara un informe sobre los efectos negativos del terrorismo en el disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras cosas como resultado del desvío de inversión extranjera directa (IED), la reducción de las entradas de capital, la destrucción de infraestructura, la limitación del comercio exterior, las perturbaciones de los mercados financieros, los efectos negativos en determinados sectores económicos y la obstaculización del crecimiento económico, y que recomendara las medidas que debían adoptar los Gobiernos, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e internacionales y las organizaciones de la sociedad civil a ese respecto. El informe se presentará al Consejo en su 48º período de sesiones y se debatirá durante el diálogo interactivo.
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El Comité Asesor constituyó un grupo de redacción, que en la actualidad está integrado por Buhm-Suk Baek, Lazhari Bouzid, Alessio Bruni (Presidente), Milena Costas Trascasas, Iurii Alexandrovich Kolesnikov, José Augusto Lindgren Alves, Xinsheng Liu, Ajai Malhotra, Mona Omar (Relatora), Elizabeth Salmón y Patrycja Sasnal. Para preparar el informe, el grupo de redacción trabajó en estrecha consulta con los organismos de las Naciones Unidas y los Estados Miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. Se recibieron, en total, 37 contribuciones. Además, el grupo de redacción tuvo en cuenta el trabajo realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para determinar y recalcar las obligaciones de los Estados con respecto al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, junto con la información pertinente de otros órganos de derechos humanos. Por otra parte, el Comité Asesor aprovechó las aportaciones de la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
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En el contexto de esta reflexión general sobre los efectos del terrorismo y de las medidas para combatirlo en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité Asesor reafirma la indivisibilidad de todos los derechos humanos, establecida en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. El Comité Asesor destaca que nada de lo que se dice en el presente informe debe interpretarse como un menoscabo de las normas de derechos humanos aplicables y del papel fundamental que desempeñan los mecanismos de derechos humanos en la vigilancia de las políticas y prácticas de los Estados en el contexto de la lucha contra el terrorismo, en particular el papel de la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
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Al centrarse en los efectos negativos del terrorismo sobre el disfrute de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, el Comité Asesor pretende contribuir al debate sobre cómo los esfuerzos y estrategias mundiales pueden ser coherentes con el objetivo de cumplir las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. El Comité Asesor apoya plenamente la afirmación que se hace en el informe del Secretario General sobre la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo de que la colaboración de los Estados Miembros para prevenir y contrarrestar el terrorismo debe basarse en el estado de derecho y respetar los derechos humanos. Los Estados deben intensificar su labor para hacer frente de manera efectiva a las condiciones que propician la propagación del terrorismo y el extremismo violento, como recomienda el Consejo de Derechos Humanos, mediante un enfoque integral. Esa labor es fundamental para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.