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PNUD LAC C19 PDS No. 18
Sandra García Jaramillo*
Agosto 2020
Resumen
Más de 144 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe completaron cerca de 5 meses sin asistir a la escuela como consecuencia de las medidas de salud pública tomadas por los gobiernos ante la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria ha representado un choque triple para los niños, niñas y adolescentes: el cierre prolongado de escuelas, el encierro por las medidas de confinamiento, y la pérdida de seguridad económica en los hogares. Este choque triple tiene repercusiones en el corto y largo plazo que comprometen el desarrollo de toda una generación. Si bien los gobiernos de la región han puesto en marcha estrategias de educación a distancia que buscan mantener cierta continuidad en el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes, estas soluciones han llegado de manera desigual y pueden agudizar aún más las brechas educativas que existían en la región antes de la pandemia. La atención de la emergencia educativa requiere que los gobiernos centren sus esfuerzos en garantizar el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes, y trabajen en cuatro ejes prioritarios: 1) planear la reapertura de escuelas con sentido de urgencia, 2) desarrollar una estrategia que asegure el aprendizaje de todos los estudiantes en medio del nuevo contexto en donde no todas las horas de instrucción serán de manera presencial, 3) mantener el rol protector de la escuela y garantizar servicios que han sido interrumpidos, y 4) asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa (profesores, familias y estudiantes). Implementar estas acciones de manera oportuna requiere proteger los presupuestos de educación en la región, promover la cooperación entre países y la articulación entre el sector educativo y otros sectores. Esta crisis puede ser una oportunidad para repensar y construir un sistema educativo que cierre las brechas y contribuya a desarrollar el máximo potencial de todos los niños y adolescentes de la región. Para ello, se debe manejar la emergencia con visión de largo plazo, de manera que las inversiones estén encaminadas a reconstruir un sistema educativo que asegure el aprendizaje de los estudiantes, particularmente los más vulnerables.