La suspensión abrupta, caótica y generalizada de la ayuda exterior estadounidense llevada a cabo por el gobierno de Trump pone en peligro millones de vidas y derechos humanos en todo el planeta. En su informe de investigación Lives at Risk , hecho público hoy, Amnistía Internacional examina la manera en que los recortes han detenido en el mundo entero programas fundamentales, muchos de los cuales proporcionaban atención médica esencial, seguridad alimentaria, cobijo, servicios médicos y ayuda humanitaria a personas en situaciones extremadamente vulnerables, entre ellas mujeres, niñas, supervivientes de violencia sexual y otros grupos marginados, así como personas refugiadas y personas que buscan seguridad.
Los recortes se han realizado como respuesta a la orden ejecutiva “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid” (Reevaluación y realineación de la ayuda exterior de Estados Unidos), dictada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, así como a otras órdenes ejecutivas que establecían recortes para grupos y programas específicos. En su testimonio del 21 y 22 de mayo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes estadounidenses, el secretario de Estado Marco Rubio dio respuestas débiles o incompletas sobre el grave impacto de la implementación de esta orden en los derechos humanos, en contra de los datos recopilados por Amnistía y otras organizaciones. Rubio incluso aseguró erróneamente que no ha habido muertes asociadas a estos recortes. Habida cuenta de la magnitud de los recortes, la cantidad y extensión de modelos sólidos que predicen una mortalidad sustancial, y el hecho de que ya se han documentado muertes, la aseveración de que estos recortes no han provocado ninguna muerte es contraria a toda lógica.
“Esta abrupta decisión y su caótica implementación por parte del gobierno de Trump son temerarias y profundamente dañinas”, ha manifestado Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos. “La decisión de recortar estos programas de manera tan brusca y tan opaca viola el derecho internacional de los derechos humanos que Estados Unidos está obligado a cumplir y socava decenios de liderazgo estadounidense en iniciativas humanitarias y de desarrollo globales. Aunque la financiación estadounidense a lo largo de décadas ha tenido una relación compleja con los derechos humanos, la magnitud y lo repentino de estos recortes han creado un vacío que amenaza vidas y que otros gobiernos y organizaciones de ayuda no pueden, de forma realista, llenar de forma inmediata; esto viola el derecho a la vida, la salud y la dignidad de millones de personas.”
Esta abrupta decisión y su caótica implementación por parte del gobierno de Trump son temerarias y profundamente dañinas. […] La magnitud y Lo repentino de estos recortes han creado un vacío que amenaza vidas y que otros gobiernos y organizaciones de ayuda no pueden, de forma realista, llenar de forma inmediata; esto viola el derecho a la vida, la salud y la dignidad de millones de personas.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos
Dos ámbitos especialmente perjudicados globalmente por los recortes son la reducción forzada —o incluso el cierre total— de programas que garantizaban atención médica y tratamiento a personas marginadas y de programas que prestaban apoyo a personas migrantes y personas que buscan seguridad en todo el mundo.
Los derechos a la vida y a la salud, gravemente amenazados
El gobierno estadounidense lleva mucho tiempo siendo un financiador clave de la salud mundial, con inversiones en prevención del VIH, programas de vacunación, salud materna, ayuda humanitaria y otros sectores. Desde la abrupta suspensión, por parte del presidente Trump, de la ayuda en múltiples países, muchos servicios de salud fundamentales se han suspendido o cerrado. Por ejemplo:
- En Guatemala, los recortes en financiación alteraron programas que apoyan a supervivientes de violencia sexual: por ejemplo, proporcionan ayuda nutricional a niñas embarazadas que han sido violadas y brindan apoyo médico, psicológico y jurídico a supervivientes de violencia para que reconstruyan sus vidas tras haber sufrido abusos. Otros recortes eran fundamentales para prestar servicios relacionados con el VIH, incluyendo la prevención y el tratamiento.
- En Haití han perdido financiación servicios de salud y de ayuda tras la violación, incluidos los destinados a menores supervivientes de violencia sexual. Los recortes en financiación sobre el VIH han reducido el acceso de mujeres, niñas y personas LGBTI a la prevención y el tratamiento.
- En Sudáfrica, donde se da la mayor epidemia de VIH del mundo, se ha eliminado (dejando a personas sin atención) la financiación para la prevención del VIH y el trabajo sectorial comunitario con niños y niñas huérfanos y vulnerables, incluidos jóvenes supervivientes de violación.
- En Siria se han suspendido servicios esenciales en Al-Hol, un campo de detención donde 36.000 personas, en su mayoría menores, permanecen detenidas de forma arbitraria por su presunta afiliación al grupo armado Estado Islámico. Entre los primeros servicios recortados se encuentran algunos servicios de ambulancia y centros de salud.
- En Yemen se han cerrado algunos servicios de asistencia y protección de primera necesidad, como el tratamiento de la desnutrición en niños y niñas, mujeres embarazadas y madres lactantes, los albergues seguros para supervivientes de violencia de género y la atención médica para menores que padecen cólera y otras enfermedades.
- En Sudán del Sur se han clausurado proyectos que proporcionaban una serie de servicios de salud, incluidos servicios de rehabilitación para víctimas de conflicto armado, servicios clínicos para víctimas de violencia de género, apoyo psicológico para supervivientes de violación y apoyo nutricional de emergencia para niños y niñas.
Personas que buscan seguridad, sin apoyo en todo el mundo
Los recortes en financiación a albergues y grupos que prestan servicios esenciales a personas migrantes, especialmente las que se encuentran en situaciones peligrosas o difíciles, entre ellas personas refugiadas, solicitantes de asilo o internamente desplazadas, han sido generalizados y devastadores.
- En Afganistán se han cerrado 12 de los 23 centros de recursos comunitarios, que proporcionaban alojamiento, ayuda alimentaria, asistencia jurídica y remisión a servicios médicos a unas 120.000 personas afganas retornadas e internamente desplazadas. Las organizaciones clave de ayuda humanitaria han suspendido los programas de salud y agua, lo que ha afectado desproporcionadamente a las mujeres y las niñas.
- En Costa Rica, las organizaciones locales que ayudan a solicitantes de asilo y migrantes, en muchos casos procedentes de Nicaragua, se han visto obligadas a reducir o clausurar programas de alimentos, cobijo y asistencia psicosocial. Los recortes económicos se han producido en un momento en el que Costa Rica está recibiendo cada vez más personas que buscan seguridad y son rechazadas en la frontera entre Estados Unidos y México.
- A lo largo de la frontera entre Haití y la República Dominicana, quienes proporcionan servicios de ayuda a personas deportadas han tenido que recortar la ayuda, incluida la de alimento, cobijo y transporte. Ahora que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de personas haitianas en Estados Unidos está a punto de expirar, el probable aumento de las deportaciones sobrepasará una infraestructura de apoyo ya de por sí disminuida.
- En México, los recortes en la financiación han dado lugar a la suspensión de programas alimentarios, cobijo y asistencia jurídica para personas que buscan seguridad y ahora están varadas tras el fin del asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos refugios y organizaciones temen que tendrán que cerrar por completo.
- En Myanmar y Tailandia, los programas humanitarios y de salud financiados por Estados Unidos para apoyar a personas desplazadas y refugiadas se han suspendido o se han reducido drásticamente. Las clínicas en los campos de la frontera tailandesa cerraron bruscamente tras las órdenes de cesar sus operaciones, algo que, según los informes, ha provocado muertes evitables.
“El derecho a buscar seguridad está protegido por el derecho internacional, que Estados Unidos está obligado a cumplir”, ha manifestado Amanda Klasing. “Estos abruptos cortes de la financiación ponen ese derecho en peligro al socavar el apoyo humanitario y la infraestructura que permiten a personas de todo el mundo que se han visto obligadas a desplazarse acceder a la protección, y ponen en grave peligro a personas ya de por sí marginadas. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que restaure la financiación de inmediato.”
El derecho a buscar seguridad está protegido por el derecho internacional, que Estados Unidos está obligado a cumplir. Estos abruptos cortes de la financiación ponen ese derecho en peligro al socavar el apoyo humanitario y la infraestructura que permiten a personas de todo el mundo que se han visto obligadas a desplazarse acceder a la protección, y ponen en grave peligro a personas ya de por sí marginadas. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que restaure la financiación de inmediato.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos
La acción unilateral del gobierno de Trump para detener la financiación de programas existentes y abstenerse de gastar los fondos asignados eludió la supervisión del Congreso, lo cual es contrario a la legislación estadounidense, y se produjo junto con un retroceso más amplio de la participación de Estados Unidos en instituciones multilaterales, incluidos los anuncios de retirar la financiación o retirar al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo de Derechos Humanos, y de reevaluar la pertenencia a la UNESCO y a la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta al gobierno de Trump a restaurar la ayuda exterior, ya sea mediante el proceso de excepción o por otra vía, a programas cuyo recorte de financiación caótico y abrupto ha dañado los derechos humanos, y lo insta también a garantizar que la asistencia futura se administra de forma coherente con el derecho y las normas de derechos humanos.
Amnistía pide al Congreso que siga financiando con solidez la ayuda exterior y rechace toda petición del gobierno de codificar los recortes de ayuda exterior mediante la rescisión; le pide también que garantice que toda la ayuda exterior estadounidense sigue siendo coherente con los principios humanitarios y de derechos humanos y se asigna de acuerdo con las necesidades. El Congreso debe utilizar todos los mecanismos de supervisión disponibles para garantizar que el uso de la ayuda exterior por parte del gobierno no contribuye a dañar los derechos humanos.
Además, el gobierno de Trump y el Congreso deben trabajar juntos para garantizar que cualquier cambio en la ayuda exterior se lleve a cabo con transparencia, en consulta con las comunidades afectadas, la sociedad civil y los socios internacionales, y deben cumplir el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los principios de legalidad, necesidad y no discriminación.
Todos los Estados en situación de hacerlo deben cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud de la Resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los foros de alto nivel subsiguientes comprometiendo al menos el 0,7% del ingreso nacional bruto a ayuda exterior, sin discriminación. Como parte de las medidas para cumplir este objetivo, los Estados donantes deben incrementar su apoyo cuando sea posible para ayudar a cubrir las brechas críticas de financiación causadas por la abrupta suspensión de la ayuda estadounidense y garantizar que se sigue avanzando en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y en una respuesta humanitaria efectiva en todo el mundo.
“Es falso que el gobierno estadounidense tenga que elegir entre abordar las necesidades económicas de su población o el alza del coste de vida aquí en Estados Unidos, y la ayuda humanitaria y al desarrollo en el extranjero”, ha declarado Amanda Klasing. “La ayuda exterior representa aproximadamente un uno por ciento del presupuesto estadounidense, y Estados Unidos tiene una responsabilidad y un interés globales en proporcionar ayuda a las personas más marginadas. Como uno de los países más ricos del mundo, con un historial de proporcionar la mayor cantidad de ayuda exterior, nuestro análisis muestra que esta caótica retirada de la cooperación multilateral es en la práctica cruel y pone en peligro la vida y los derechos de millones de personas, especialmente mujeres y niñas de Afganistán, personas refugiadas en la frontera de Tailandia y Myanmar, niños y niñas supervivientes de violencia sexual en Haití, y otras poblaciones marginadas que ya se enfrentan a crisis. El gobierno estadounidense puede —y debe— hacerlo mejor.”
Es falso que el gobierno estadounidense tenga que elegir entre abordar las necesidades económicas de su población o el alza del coste de vida aquí en Estados Unidos, y la ayuda humanitaria y al desarrollo en el extranjero. La ayuda exterior representa aproximadamente un uno por ciento del presupuesto estadounidense, y Estados Unidos tiene una responsabilidad y un interés globales en proporcionar ayuda a las personas más marginadas. […] El gobierno estadounidense puede —y debe— hacerlo mejor.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos
Si desean más información, pónganse en contacto con press@amnesty.org y media@aiusa.org.