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América Latina: Jueces de Control y Ejecución de penas intercambian experiencias sobre los desafíos de la Covid-19

América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la COVID-19. En este contexto, hay poblaciones que son más vulnerables por no contar siempre con condiciones de distanciamiento y de higiene, requisitos básicos para evitar la propagación del virus.

A fin de fomentar el intercambio de experiencias y analizar prácticas positivas y desafíos en materia de prevención de la COVID-19 en el sistema penitenciario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) organizó, el 30 de septiembre, el seminario web "Reflexiones del ámbito judicial acerca de la
pandemia de COVID-19 en detención", donde se reunieron más de 60 personas, entre ellas, 40 jueces responsables del control y la ejecución de la pena privativa de la libertad de trece países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Peru.

Desde que la pandemia comenzó a propagarse en América Latina, el CICR ha acompañado y apoyado a las autoridades de los diferentes países de la región en su respuesta al desafío que representa la enfermedad. En relación con las personas privadas de libertad, en particular, el CICR prestó asistencia por medio de la provisión de material e insumos para higienizar los centros de detención, además de entregar herramientas útiles para aplicar procedimientos integrales y protocolos de acción que se adapten a las decisiones de las autoridades sanitarias de cada país.

"Los centros de detención sobrepoblados, con ventilación e higiene insuficientes, representan un desafío adicional para la prevención y la contención de enfermedades infecciosas, como la COVID-19", explica la jefa de la delegación regional del CICR para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, Simone Casabianca-Aeschlimann.

Medidas alternativas

Los magistrados latinoamericanos destacaron la importancia de proteger la salud de la población, incluidas las personas privadas de libertad, además de la necesidad de encontrar y utilizar mecanismos en esta situación excepcional, como las medidas alternativas a la detención. Subrayaron, además, la importancia de seguir de cerca lo que sucede en el interior de los establecimientos penitenciarios y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Por otro lado, reflexionaron sobre la necesidad de proteger la salud mental de los reclusos y del personal penitenciario.

Un tema de particular interés para los asistentes fueron las decisiones administrativas de restricción o limitación de los derechos de las personas privadas de libertad y la importancia de que el poder judicial supervise y controle que esas restricciones no sean excesivas ni desproporcionadas y que se atengan legal y legítimamente al objetivo final de proteger la salud de todas las personas. En este sentido, también se hizo hincapié en la problemática de los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de los lugares de detención.

La adopción de medidas especiales para personas mayores, gestantes, lactantes y toda persona que tenga alguna comorbilidad también fue un punto destacado en el encuentro. Otra medida adoptada por algunos países fue el mantenimiento del contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares y con jueces, por medios de cartas y de medios electrónicos.

Además de las medidas preventivas, sobre las cuales el CICR viene conversando con las autoridades penitenciarias, la organización ha prestado apoyo mediante la donación de artículos de limpieza y de higiene.