CIUDAD DE PANAMÁ – ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, celebra la Opinión Consultiva OC-32/25 adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a la solicitud de Chile y Colombia sobre las obligaciones de los países frente a la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos.
La Corte reconoce que los desastres naturales y los eventos climáticos extremos están generando desplazamientos humanos cada vez más frecuentes y complejos. En el párrafo 433, la Opinión Consultiva determina que “los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que disponga a nivel interno mecanismos legales y/o administrativos efectivos para garantizar la protección jurídica y humanitaria de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales debido a los efectos del cambio climático”.
La Corte añade que estos mecanismos pueden incluir “visas humanitarias, la autorización de permanencias temporales, y/o la protección bajo el estatus de refugiados u otros similares”, que brinden protección contra la devolución. Además, aclara que estas medidas deben implementarse “sin perjuicio de las soluciones de largo plazo que deberán adoptarse en el marco de la cooperación y la gestión responsable y coordinada de la movilidad humana a nivel internacional”.
ACNUR considera este pronunciamiento un avance crucial para la protección de quienes se ven forzados a desplazarse como resultado de eventos climáticos extremos al interno de sus países o a través de movimientos transfronterizos. Y refuerza el llamado a los Estados para que reconozcan y respondan a esta realidad con políticas inclusivas y la implementación de las distintas respuestas de protección.
En este contexto, ACNUR también destaca la referencia de la Corte al Plan de Acción de Chile (2024–2034), adoptado en 2024 en el marco del Proceso Cartagena+40. Este instrumento regional, respaldado por los países de América Latina y el Caribe, propone medidas concretas para atender el desplazamiento por desastres y cambio climático. Tal como se señala el Plan de Acción de Chile en su capítulo 03, “los Estados se comprometen a establecer y fortalecer marcos jurídicos de protección para las personas desplazadas en contextos de desastres o efectos adversos del cambio climático, así como políticas y programas de atención integral, que atiendan las necesidades específicas de personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.
La convergencia entre la Opinión Consultiva y el Plan de Acción de Chile evidencia un consenso regional sobre la urgencia de actuar sobre esto tema. ACNUR reafirma su compromiso de trabajar con los Estados, la Corte Interamericana y otros actores clave para promover la implementación de estas recomendaciones.
ACNUR reconoce el extraordinario esfuerzo y la rigurosidad jurídica demostrada por la Corte a lo largo de todo el proceso consultivo, el cual incluyó una amplia participación de Estados, organismos internacionales, academia y sociedad civil, así como la realización de audiencias públicas, incluida la celebrada en Manaos, donde ACNUR tuvo el honor de participar presentando su escrito de amicus curiae.