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Venezuela: Informe de situación, julio 2020

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Situation Report
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DESTACADOS

  • Hasta el 14 de septiembre se reportan 61.569 casos de COVID-19, 49.371 personas recuperadas y 494 fallecidas. Los estados más afectados: Distrito Capital, Miranda, Zulia y Apure.

  • La tendencia de personas retornando al país continua, y entre inicios de abril e inicios de septiembre, más de 90.000 personas han regresado a Venezuela por fronteras terrestres.

  • Hasta julio 2020, los actores humanitarios han alcanzado con asistencia a 3,4 millones de personas, incluyendo 1,9 millones de personas como parte de la respuesta a la COVID-19.

  • Los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 aumentan la preocupación sobre la posible exacerbación de las necesidades humanitarias en la región y en Venezuela.

  • Hasta el 15 de septiembre, se recibieron $139,9 millones de dólares para actividades humanitarias, incluyendo fondos para las Naciones Unidas, ONG internacionales y nacionales.

CIFRAS CLAVE

3,4M alcanzados con asistencia hasta julio

1,9M alcanzados con ayuda COVID hasta julio

239 Proyectos del Plan implementados en 2020

ANÁLISIS

Panorama de la Situación

Hasta el 14 de septiembre, las autoridades han confirmado 61.569 casos de COVID-19 en el país, 49.371 personas recuperadas y 494 fallecidas. En el mes de julio se registró un incremento de 300 por ciento en el número de casos confirmados, con un promedio de 403 casos diarios. Desde inicios de julio se ha mantenido la tendencia de un aumento más marcado en los casos de transmisión comunitaria que en los casos importados. Al 14 de septiembre, las autoridades habían confirmado 8.100 casos en personas retornadas, lo que representa un 12,9 por ciento del total de casos.

La región capital se ha convertido en la principal zona de transmisión del virus, superando las tasas de infección de los estados fronterizos. Caracas y el cercano estado de Miranda han reportado los más casos activos.

Sobre el impacto de la COVID-19 en comunidades indígenas, la OPS/OMS reportó entre la confirmación de los primeros casos en el país y hasta el 2 de agosto, 179 casos se confirmaron en población indígena, incluidas tres defunciones. El estado Bolívar reportó 68,5 por ciento de estos casos (123) y el resto fueron notificados en los estados Zulia (43 casos, 2 defunciones) Amazonas (12 casos) y Delta Amacuro (1 caso fatal). Las etnias indígenas Pemón y Wayú han sido las más afectadas.

Al 14 de septiembre, se han realizado un total de 1.864.663 pruebas diagnósticas de COVID-19, incluyendo pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de diagnóstico mediante PCR. Las autoridades continúan con los esfuerzos para descentralizar e incrementar la capacidad de diagnóstico PCR con el apoyo de la OPS/OMS. A tal efecto, la OPS/OMS está contribuyó al fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico en el marco del acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional, para continuar avanzado en las líneas prioritarias establecidas para la respuesta a la COVID-19. El 6 de septiembre, se inauguro el Laboratorio Regional de Salud Pública “Dr. Félix Pifano”, ubicado en el estado Yaracuy. El Laboratorio permitirá atender a la población del estado de Yaracuy, y también a los estados Lara, Portuguesa, Cojedes y los municipios vecinos. Los laboratorios Félix Pifano en el estado Yaracuy y José Gregorio Hernández del estado Miranda se sumaron al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, su laboratorio móvil, y al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el país alcanzó un total de cinco centros procesando muestras para las pruebas moleculares (PCR).

La tendencia de personas retornando al país continua, con las autoridades estimando que más de 90.000 personas han regresado a Venezuela por fronteras terrestres desde inicios de abril, la mayoría por el estado Táchira, desde mediados de marzo. Los 96 espacios de alojamiento temporal (PASI) establecidos por las autoridades en los estados fronterizos (Táchira, Apure, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y la Guaira), se mantienen prestando servicio para que las personas retornadas cumplan el período de cuarentena de mínimo dos semanas, antes de ser trasladados a los estados de destino.

A nivel nacional, debido al incremento en los casos de transmisión comunitaria en varias zonas, las autoridades nacionales y regionales han establecido espacios adicionales en hoteles, centros deportivos y de convenciones o villas deportivas para el alojamiento temporal de personas diagnosticadas con COVID-19 asintomáticas o con síntomas leves.

El 9 de agosto, las autoridades nacionales anunciaron la extensión por treinta días del Estado de Alarma y de las medidas de cuarentena y distanciamiento físico que han sido implementadas desde el 13 de marzo, prorrogando la vigencia del decreto por 30 días. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció la restricción de operaciones aéreas por el mismo período en todo el país con excepción de los vuelos de carga, humanitarios, de repatriación, correo, o autorizados por las Naciones Unidas.

Las autoridades han seguido implementando el esquema de cuarentena y flexibilización parcial de actividades con una aplicación diferenciada en tres niveles, que van desde la cuarentena radical hasta la implementación de la flexibilización de algunos sectores alternando siete días de actividad por siete días de cuarentena, de acuerdo con la evaluación que realizan las autoridades sobre la evolución territorializada de la situación.

En la mayor parte del país se reporta escasez de gasolina, a pesar de la implementación del esquema dual de precios, que incluye precios subsidiados y no subsidiados. En diversas zonas se reportan varias semanas sin combustible, mientras que varias localidades que aún tienen suministro han restringido la prestación del servicio a sectores prioritarios.

En diversos estados del país se siguen reportando limitaciones en el acceso continuo a los servicios de agua, energía, gas y telecomunicaciones. Hay reportes sobre los frecuentes cortes de energía eléctrica que afectan a varios estados, algunos que superan las 8 y 10 horas al día, así como del creciente número de personas que utilizan biomasa y leña para cocinar debido a la falta de gas doméstico.

Los impactos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 han incrementado la preocupación sobre la posible exacerbación de las necesidades humanitarias en la región y en Venezuela. Según estimaciones de la CEPAL sobre la evolución e impacto de la COVID-19 en América Latina, el Producto Interno Bruto de Venezuela se reducirá en un 26 por ciento en 2020, en el marco de una disminución regional que afectará también los índices de desempleo, pobreza y desigualdad.

Al respecto, FAO ha indicado que el aumento de la pobreza en la región impactará en los riesgos de una verdadera crisis alimentaria, no por la falta de alimentos, sino por la escasez de recursos para adquirirlos, siendo Venezuela uno de los países más afectados de la región. En particular, la caída de la capacidad de compra del salario mínimo y la elevada inflación limita la capacidad de acceder a los alimentos y dietas de calidad.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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