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Consejo de Derechos Humanos
Quincuagésimo sexto período de sesiones
18 de junio–12 de julio 2024
Items 2 and 4
Informe annual del Alto Comisionado de las Nacione
s Unidas sobre los Derechos Humanos e informes
de la Oficina del Alto Comisionado y el Secretario General.
Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo
Resumen
De conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, en el presente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho y el espacio cívico, así como en el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes formuladas anteriormente por su Oficina a la República Bolivariana de Venezuela.
1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentara un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela) que contuviera una evaluación detallada de la implementación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores y que lo presentara al Consejo en su 56º período de sesiones.
2. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024 y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un medio ambiente sano, género y personas LGBTIQ+, el espacio cívico y el estado de derecho, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores. El informe se basa en la información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entrevistas con víctimas y testigos, reuniones con funcionarios del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. También se considera la información oficial de las instituciones del Estado. El 15 de febrero de 2024, el Gobierno de Venezuela anunció la suspensión de la Carta de Entendimiento firmada con el ACNUDH, solicitando al personal del ACNUDH abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas. El ACNUDH lamenta este hecho.
3. Las conclusiones del presente informe han sido documentadas y corroboradas en estricto cumplimiento con la metodología del ACNUDH. El ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes y cotejó la información recopilada para verificar su validez. Recabó el consentimiento informado de las personas entrevistadas y adoptó las medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad de la información.
I. Derechos económicos, sociales y culturales y derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible
4. Las deficiencias en el acceso y el suministro de servicios públicos, como agua, electricidad y combustible, siguieron agravándose inter alia por el impacto de las sanciones sectoriales durante el periodo de referencia.1 El 18 de octubre de 2023, tras la firma de los Acuerdos de Barbados, se concedieron seis licencias que relajaban estas sanciones, incluidas las del sector del petróleo y el gas.2 El 17 de abril de 2024, la licencia general al sector del petróleo y el gas fue sustituida por una licencia limitada para reducir las operaciones durante 45 días. Según instituciones estatales, así como organizaciones humanitarias y de derechos humanos, las sanciones y su incumplimiento obstaculizan la recepción de fondos y la importación de bienes esenciales, incluidos alimentos y medicinas.
5. A pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento del producto interno bruto del cinco por ciento en 2023,3 los desafíos económicos reportados como la alta inflación4 y la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, persistieron5 y continuaron restringiendo el poder adquisitivo, afectando desproporcionadamente a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, incluidas personas en situación de pobreza urbana, personas que viven en zonas rurales y, particularmente, a las mujeres de estas poblaciones.
6. egún se reporta, la escasez estructural de fondos y personal siguió debilitando los sectores de la sanidad y la educación.6 Un sindicato del sector educativo indicó que entre julio y agosto de 2023, el 74,6% de los centros de salud de todo el país carecían de personal médico y el 73,5% de personal de enfermería,7 afectando a la accesibilidad, la calidad y la disponibilidad de la atención médica.8 La Federación Venezolana de Maestros indicó una tasa de 80% de absentismo en la reanudación del curso escolar de octubre de 2023, debido a que el transporte, los uniformes y otras necesidades son inasequibles.9
7. Entre el 1 y el 14 de febrero de 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación realizó su primera visita oficial a Venezuela. Esta visita puso en relieve las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a la inseguridad alimentaria.10 El Relator Especial expresó su preocupación respecto a que «las medidas coercitivas [unilaterales] limitan significativamente la capacidad del gobierno y del pueblo venezolano para lograr el derecho a la alimentación», contribuyendo a la gran escala de inseguridad alimentaria en Venezuela, y afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas. Al concluir su visita, el Relator Especial también expresó su preocupación por las denuncias de instrumentalización política de la asistencia social del Estado.11
8. El ACNUDH reitera su recomendación a las autoridades de adoptar todas las medidas necesarias, incluso programas para mejorar el acceso a los alimentos, a fin de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes.12