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Por Laura Cristina Dib y Alex Bare
El 15 de noviembre de 2024, Venezuela aprobó una ley regresiva que refuerza el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). Conocida popularmente como la ley anti-ONG o ley anti-sociedad, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro exige que las ONG sean autorizadas por el gobierno para operar. La ley otorga a las autoridades la facultad de denegar la autorización basándose en información sobre sus fuentes de financiación, en criterios políticos o en la percepción de una supuesta amenaza terrorista.
La ley de fiscalización de ONG, junto con la reducción de la cooperación exterior estadounidense asignada a través de programas de cooperación con agencias multilaterales y organizaciones internacionales por parte de la administración Trump, ha dado un golpe doble a la sociedad civil venezolana. Cientos de organizaciones se enfrentan ahora a la difícil elección de pasar a bajar el perfil, trasladarse al extranjero o cerrar sus operaciones por completo. Mientras tanto, los esfuerzos de la Casa Blanca para desacreditar a USAID y otros canales de financiación extranjera han envalentonado a las autoridades venezolanas, que llevan mucho tiempo tratando de justificar la persecución contra los defensores de derechos humanos y los grupos de ayuda humanitaria con financiamiento internacional.
A pesar de las inmensas amenazas a su integridad, seguridad y libertad, los defensores de los derechos humanos han desempeñado un papel vital en la documentación de los abusos de derechos durante décadas de deterioro del Estado de derecho en el país. Sin embargo, para algunos, la nueva ley de fiscalización de ONG y los recortes a la financiación vital de Estados Unidos suponen una sentencia de muerte.
¿Qué es la ley de fiscalización de ONG?
La ley de fiscalización de ONG, que había sido una amenaza latente durante varios años, fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2024 y sigue el ejemplo de las leyes restrictivas para las ONG aplicadas en países como Rusia, Georgia y Nicaragua. La nueva ley socava el derecho constitucional a la libertad de asociación y amenaza con el cierre de muchas organizaciones. Sigue prácticas comunes utilizadas por regímenes autoritarios, pervirtiendo las leyes antiterroristas, distorsionando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y criminalizando la cooperación con organizaciones multilaterales para consolidar ilegítimamente el poder. Al hacerlo, evaden sus obligaciones constitucionales e internacionales, cometen abusos con impunidad, destruyen las instituciones democráticas y evitan rendir cuentas a los ciudadanos y a las organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades se reservan el derecho de disolver organizaciones acusadas de promover el “fascismo” (artículos 15 y 23) o de participar “en actividades propias de partidos políticos u organizaciones con fines políticos” (artículo 23). El gobierno venezolano suele tildar de “fascista” a la oposición del país, lo que le da un amplio margen de discreción para aplicar la ley a organizaciones que promueven ideales o causas que se perciben como contrarias al partido gobernante. Entre las organizaciones que serán blanco de estas medidas, probablemente se encuentren aquellas que denuncian violaciones de los derechos humanos o se oponen a políticas que socavan la democracia.
La ley tiene como objetivo restringir la capacidad de las organizaciones para recibir financiación internacional. De hecho, la primera frase de una declaración de motivos que acompañaba a un borrador anterior de la ley se refiere a actos “fomentados y financiados desde los centros de poder hegemónico”. Mucho antes de que el proyecto de ley llegara a entrar en vigor, las autoridades venezolanas afirmaron públicamente tener una lista de organizaciones cuyas actividades violarían los preceptos de la ley.
¿Cómo se compara la nueva ley de fiscalización de ONG con otras leyes regresivas promulgadas en Venezuela?
La ley de fiscalización de ONG es la culminación de un ataque de décadas a la libertad de expresión en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, considerado por muchos como el arquitecto del aparato represivo del Estado venezolano, ha promovido que las ONG que reciben financiación de EE. UU. sean investigadas desde al menos 2014.
El propio expresidente Hugo Chávez trató de desacreditar y criminalizar a las ONG que se pronunciaron en contra del declive democrático del país. En 2010, grupos aliados con el partido oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentaron denuncias penales contra decenas de organizaciones de la sociedad civil por “traición” y por presuntamente perpetrar “un ataque contra la soberanía nacional”. Esto dio lugar a la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional ese mismo año, que prohibía el financiamiento externo de organizaciones de la sociedad civil con fines relacionados con la promoción de la participación ciudadana y permitía a las autoridades venezolanas imponer severas sanciones a las organizaciones que la incumplieran.
Las medidas sucesivas han tratado de criminalizar ciertas formas de discurso político, al tiempo que intentan crear un régimen regulador para las ONG. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el gobierno de Maduro se atribuyó la victoria a pesar de las abrumadoras pruebas de su estrepitosa derrota, las autoridades redoblaron sus esfuerzos para criminalizar a la sociedad civil, aprobando la ley de fiscalización de ONG y promoviendo otras medidas regresivas.
Paralelamente a la ley de fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar de 2024, promulgada en noviembre de 2024, ha introducido duras sanciones para las personas que expresen su apoyo a las sanciones contra Venezuela o rechacen a las “autoridades legítimamente constituidas” de la nación. Una de sus disposiciones más flagrantes (artículo 23) prevé la creación de un registro nacional de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, sospechosas de participar en “acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado”. La mera sombra de la duda es ahora suficiente para etiquetar a los ciudadanos particulares como “sospechosos” y aplicar medidas preventivas contra ellos, incluida la confiscación de bienes, sin el debido proceso. En el contexto de la decisión de Estados Unidos de revocar las licencias petroleras concedidas a empresas como Chevron, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió al Fiscal General que aplicará esta ley.
La Asamblea Nacional de Venezuela también tiene en la mira dos proyectos de ley adicionales que aún no han sido aprobados —la Ley contra el Fascismo y la Ley de Cooperación Internacional— que otorgarían más privilegios al Estado para disolver organizaciones, reuniones y manifestaciones a voluntad. En resumen, estas medidas extraordinariamente arbitrarias amenazan con provocar la “muerte cívica” tanto de ciudadanos particulares como de organizaciones cuyo discurso desagrada al gobierno.
Resumen de las medidas que restringen la sociedad civil venezolana
Venezuela ha desarrollado un marco legal amplio durante la última década con el objetivo de criminalizar la disidencia, en flagrante violación de la Constitución de 1999 y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La siguiente lista no es exhaustiva y también debe considerarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que también viola el derecho a la libertad de asociación.
La Ley de Fiscalización de ONG no es un caso aislado, sino la culminación de un largo esfuerzo por cerrar el espacio cívico en Venezuela. Haz clic en el informe para ver un resumen de las medidas restrictivas contra la sociedad civil en Venezuela.
¿Cómo están reaccionando las ONG ante la ley de fiscalización de ONG?
La ley, una vez entró en vigor en noviembre de 2024, estableció dos plazos para las ONG: Hasta el 13 de febrero de 2025 (90 días después de la entrada en vigor de la ley) para obtener una certificación que demostrara que habían presentado la documentación requerida al Registro Público, con especificaciones vagas y arbitrarias, y hasta el 14 de mayo de 2025 (180 días después de la entrada en vigor de la ley) para actualizar el acta estatutaria y obtener la certificación de registro. Todas las organizaciones deben presentar actas de asamblea detalladas con fuentes de financiamiento y los balances financieros auditados. A algunas organizaciones se les ha ordenado entregar los registros financieros desde su constitución, a pesar de que la ley no lo exige. Estos requisitos exceden lo que está establecido constitucionalmente, varían de una oficina a otra y son sumamente onerosos, ya que las organizaciones deben cubrir los costos de las auditorías certificadas para cada año de los registros financieros.
Las organizaciones se han enfrentado a la difícil decisión de presentar la documentación para seguir operando, a pesar de no tener garantías, certeza ni seguridad de que van a poder hacerlo. Las organizaciones cuyos estatutos y misiones institucionales no cumplan con la ley deben modificarlos antes del 14 de mayo de 2025, fecha después de la cual el Estado procederá a disolver o multar a las organizaciones que no cumplan.
Aunque el proyecto de ley no exige explícitamente a las organizaciones venezolanas que se registren como “agentes extranjeros”, como otros proyectos de ley inspirados en la ley rusa de 2012, su intención es la misma. Mientras que antes podía ser suficiente que las organizaciones notificaran a las autoridades estatales su creación, ahora todas las organizaciones independientes (humanitarias, de derechos humanos, religiosas y de investigación, entre otras) deben solicitar autorización para existir de acuerdo con criterios arbitrarios. Esto es especialmente preocupante dada la documentada política del gobierno de perseguir a cualquier persona afiliada, real o percibida, a la oposición política. Dado que al gobierno venezolano le interesa permitir la asistencia humanitaria, es probable que la aplicación de la ley se dirija a organizaciones que resulten incómodas para los que están en el poder.
Ya el 13 de marzo, la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela (la sección venezolana de Transparencia Internacional) anunció que había cerrado sus puertas y que seguiría operando desde el exilio, señalando que su trabajo era “incompatible” con las nuevas regulaciones en Venezuela. Otras han cerrado sus puertas sin darlo a conocer para no poner en riesgo a sus integrantes. Los miembros de la sociedad civil venezolana temen que, ya en mayo, puedan correr la misma suerte que la sociedad civil nicaragüense, donde el régimen de Ortega-Murillo ha cancelado el registro de más de 5.400 organizaciones desde 2018.
Congelación de la ayuda exterior de EE. UU.: Una medida conveniente para Maduro
A medida que varias fundaciones internacionales cesaron o redujeron el apoyo a los derechos humanos, la libertad de prensa y la programación democrática en Venezuela en los últimos años, un número cada vez mayor de organizaciones buscaron financiación de fuentes del gobierno de EE. UU. como una forma de continuar con su trabajo vital. Por lo tanto, la orden ejecutiva del 20 de enero de la administración Trump que congela la ayuda exterior de EE. UU. ha funcionado, en conjunto con la nueva ley de fiscalización de ONG, para acelerar la erosión del espacio cívico en Venezuela. Las organizaciones locales e internacionales recibieron US$210,8 millones solo de USAID para diversos proyectos en el año fiscal 2023 relacionados con Venezuela, destinados en gran medida a ayuda humanitaria. Con la excepción de una programación selecta para asistencia humanitaria y un programa de buen gobierno, los programas de USAID en Venezuela han sido cancelados. Las implementadoras como el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) no se han librado. En el caso de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), se le negó repentinamente el acceso a $239 millones en fondos aprobados por el Congreso, lo que creó una crisis de flujo de efectivo que la obligó a despedir al 75 por ciento de su personal. Después de que la NED presentara una demanda, el Departamento de Estado tomó medidas graduales para restablecer el acceso a los fondos.
Muchas organizaciones venezolanas que reciben apoyo de EE. UU. no han hecho público que reciben financiación debido a preocupaciones de seguridad. La orden ejecutiva de “transparencia radical” de la Casa Blanca, que haría pública “en la máxima medida permitida por la ley” la información sobre qué organizaciones recibieron financiación, ha aumentado los temores de la sociedad civil. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial a la hora de sacar a la luz la corrupción, contrarrestar los medios de comunicación estatales y publicar datos fiables sobre las condiciones del país, lo que las sitúa en la mira del gobierno. Al mismo tiempo, es gracias a esta labor que Estados Unidos tiene acceso a datos fiables y oportunos sobre los presos políticos, incluidos los estadounidenses que permanecen encarcelados en el país.
El congelamiento de la ayuda exterior de EE. UU. ha envalentonado a las autoridades venezolanas en su represión de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, incluyendo una retórica que el gobierno de Maduro aprovechó para deslegitimar aún más a las ONG y sembrar el miedo antes de la fecha límite de registro del 13 de febrero. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó poseer una lista de 500 personas que estaban siendo investigadas por el FBI por el “entramado de corrupción” de USAID. Aunque esa cifra es dudosa, la afirmación general insinúa cómo el gobierno puede utilizar la acusación de recibir fondos estadounidenses como causa probable para investigaciones penales. “Todos los miembros de la oposición están involucrados, todos recibieron fondos”, observó. Cabello aparece regularmente en los medios de comunicación, nombrando públicamente a medios de comunicación, figuras de la oposición y grupos de derechos humanos a los que acusa de conspirar con USAID.
Las amenazas de Diosdado Cabello contra la sociedad civil no son inconsecuentes. Actuando sobre la base de presuntos vínculos con la financiación de USAID, las autoridades detuvieron y desaparecieron a Carlos Correa, un activista de derechos humanos desde hace mucho tiempo y fundador de la ONG Espacio Público. Fue liberado después de nueve días. Refiriéndose a su caso, Cabello comentó: “Eso no son ONG, son una lavadora de dinero que utilizan recursos de los contribuyentes de Estados Unidos para conspirar contra gobiernos”. Se utilizaron acusaciones similares para justificar la detención arbitraria del organizador de la oposición, Luis Somaza, que está encarcelado e incomunicado desde el 12 de febrero de este año. El fiscal general Tarek William Saab, por su parte, ha anunciado 25 investigaciones contra miembros del gobierno interino de Juan Guaidó por presunto robo de fondos de USAID. Sin embargo, USAID señala que no transfirió fondos directamente al gobierno interino, sino a socios ejecutores privados que los gestionaron y desembolsaron.
Con los venezolanos enfrentando una persecución política sin precedentes, el anuncio del Secretario de Estado Marco Rubio de una exención humanitaria a la congelación de la ayuda exterior proporcionó un rayo de esperanza de que algunas organizaciones quedarían exentas. Las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela proporcionan ayuda vital a una población empobrecida por años de crisis económica. Sin embargo, no es claro cuántas organizaciones internacionales han obtenido con éxito una exención de parte del Departamento de Estado de EE. UU. y si eso se ha traducido en una restauración de los fondos para las organizaciones locales.
La pausa de EE. UU. y la posterior terminación de la mayor parte de la financiación estadounidense, junto con la ley de fiscalización de ONG, suponen una amenaza existencial para la sociedad civil del país. En Estados autoritarios como Venezuela, una vez que se pierde el espacio cívico, es difícil, si no imposible, recuperarlo. En esta coyuntura crucial, sin embargo, a menos que se revierta el rumbo mediante una nueva programación o se anulen los avisos de terminación, parece que Estados Unidos ha retirado su apoyo a organizaciones cruciales para recopilar datos fiables sobre los derechos humanos y las condiciones humanitarias del país.
Cada día que pasa, más organizaciones se ven obligadas a despedir personal, desmantelar infraestructuras y cesar sus operaciones. En consecuencia, más valiosos defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios están huyendo del país. Si la sociedad civil venezolana quiere sobrevivir a esta última ola de represión estatal, Estados Unidos debe actuar urgentemente para expresar su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el sostenimiento de programas que apoyen los derechos humanos, los medios de comunicación independientes y la democracia en el país.