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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/41/18) (Unofficial translation)

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Resumen

Este informe, que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019.

I. Introducción

  1. En su resolución 39/1, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que preparara “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” (Venezuela) y se lo presentara en su 41º período de sesiones.

  2. Este informe se centra en la situación de los derechos humanos en Venezuela desde 2018, analizando también desarrollos pertinentes que tuvieron lugar con anterioridad. Destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El informe incluye un enfoque de género, poniendo de relieve las experiencias específicas de las mujeres y las niñas.

  3. El informe se basa en la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (el ACNUDH), inclusive durante misiones. El ACNUDH efectuó una visita a Venezuela del 11 al 22 de marzo de 2019, durante la cual se reunió con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales, en Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana. Además, entre septiembre de 2018 y abril de 2019, el ACNUDH llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a personas refugiadas y migrantes venezolanos en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. El ACNUDH agradece a los respectivos Gobiernos el haber facilitado esas visitas.

  4. La Alta Comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019. Se reunió con muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo. Sostuvo reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas en el país.

  5. Además de aceptar una presencia del ACNUDH, el Gobierno realizó varios compromisos e identifico áreas de cooperación. El ACNUDH apoyara la evaluación de los principales obstáculos respecto al acceso a la justicia y de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Gobierno también aceptó otorgar al ACNUDH acceso pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones de detención y hablar con las personas detenidas. El Gobierno adoptará un calendario de diez visitas de los Procedimientos Especiales en los próximos dos años. En seis meses, el ACNUDH y el Gobierno evaluarán la posibilidad de aumentar la presencia del ACNUDH y establecer una oficina de país.

  6. El ACNUDH mantuvo 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad. Además, celebró 159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales. Según su metodología, el ACNUDH solicitó el consentimiento informado de las fuentes entrevistadas para emplear las informaciones facilitadas y, cuando procedía, les garantizó confidencialidad. Adoptó todas las precauciones posibles para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron su temor a represalias.

  7. El informe también refleja el análisis de numerosos documentos que el ACNUDH reunió y examinó, incluyendo documentos oficiales del Gobierno, informes de fuentes abiertas, legislación y documentación jurídica, informes médicos y forenses, contenidos de medios de comunicación (incluyendo de las redes sociales), videos, y fotografías. El ACNUDH remite a la información y a los datos oficiales siempre que es posible, pero nota que el acceso a dicho material es limitado, ya que las publicaciones oficiales, incluso estadísticas, han sido escasas e inexistentes en algunos ámbitos, por lo menos desde 2015.

  8. En consonancia con su metodología para el monitoreo de los derechos humanos, el ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y contrastó la información recopilada para confirmar su validez. El ACNUDH consiguió reunir, analizar y verificar un volumen considerable de informaciones que aportan motivos razonables para creer que los patrones que se describen en el informe constituyen violaciones de los derechos humanos.

  9. El ACNUDH evaluó la información recopilada a la luz de la legislación internacional en materia de derechos humanos aplicable en Venezuela y de las leyes nacionales pertinentes. Además, el ACNUDH tuvo presentes instrumentos normativos relevantes reconocidos como complementarios de las normas internacionales.