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Guía Legal para la protección de personas refugiadas y migrantes de Venezuela contra los desalojos forzados, Febrero 2021

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Manual and Guideline
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El derecho a la vivienda adecuada, a pesar de haber sido reconocido por múltiples instrumentos internacionales, sigue siendo un derecho humano con muchas vulneraciones. En el mundo cerca de un 2O% de la población no cuenta con una vivienda adecuada. En América Latina los asentamientos informales carecen, por lo general, de las condiciones para tener una vida digna, y las políticas públicas locales y nacionales no logran transformar de forma radical esta situación.

Es en este contexto precario que se da la movilidad de millones de venezolanos y venezolanas en la región, dejando en evidencia las graves brechas en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales existentes en los países a los que arriban refugiados y migrantes. Así, su situación precaria, viene a sumarse a la de comunidades de acogida o a hacer parte de un mercado informal de viviendas y tierras, que no garantiza una vivienda adecuada.

El derecho a la vivienda adecuada es un derecho humano de todas las personas, independientemente de su condición migratoria, documentaria, de género, étnica, etaria, etc. Es además un derecho humano que sirve como base de otros derechos fundamentales necesarios para garantizar la dignidad humana, como el derecho a la salud, al agua, la educación, la privacidad, entre otros. Con mayor razón, durante la emergencia sanitaria de la Covid-19, tener una vivienda adecuada se ha convertido en un factor necesario para protegerse, y en muchos casos, sobrevivir. Sobre el contexto de pandemia, la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó a los Estados parte reforzar de manera inmediata la implemetación del enfoque de derechos humanos teniendo en cuenta el respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, particularmente de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

La Guía Legal, como parte de la Caja de Herramientas para la mitigación de los riesgos de desalojo, busca fortalecer la capacidad técnica de las ciento cuatro organizaciones socias del Sector Regional de Protección de la Plataforma para la respuesta a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela (en adelante, “Plataforma R4V”) desalojadas y/o en riesgo de desalojo, a través de la identificación de tipologías de tenencia de vivienda en la región, alternativas existentes para la respuesta jurídica y mecanismos disponibles para la defensa del derecho a una vivienda adecuada. Esta Guía Legal busca fortalecer el proceso de análisis y orientación a la población identificando actores claves en la ruta de restablecimiento y protección del derecho a la vida, seguridad, libertad e integridad física de esta población.

Cada Estado de la región tiene instituciones, políticas públicas y marcos legales particulares, que deben alinearse con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La Guía Legal contó con los valiosos aportes de los sectores nacionales de Protección en Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Panamá y la Subregión Caribe; así como con la experiencia de funcionarios y funcionarias de las Defensorías Públicas y del Pueblo en Ecuador y Brasil, que han fortalecido sus esquemas de monitoreo y orientación a las personas refugiadas y migrantes que han enfrentado, en el contexto COVID-19, una mayor afectación de su derecho a una vivienda adecuada.

El derecho a una vivienda adecuada, como todos los derechos con contenido económico, social y cultural, en primer lugar, tiene un carácter prestacional, progresivo y del aprovechamiento pleno del “máximo de recursos disponibles” de las entidades encargadas de las políticas públicas locales y nacionales; y en segundo lugar, está relacionado con la posibilidad de acceso a los sistemas de justicia y recursos efectivos. Es un derecho que implica también obligaciones inmediatas de respeto, protección y prevención, basado en los derechos humanos civiles y políticos en el que se debe tener en cuenta la interdependencia e indivisibilidad frente a los DESCA. Se trata entonces de un derecho humano, cuya realización está sujeta a la implementación de instituciones especializadas en vivienda y tierras, a leyes, políticas públicas locales y nacionales y programas prestacionales, o en ocasiones, a decisiones judiciales.

La obligación del Estado frente al derecho a una vivienda adecuada puede ser de corta, mediana, y en muchos casos, de larga duración. Por esta razón, los equipos en terreno, de acuerdo con el alcance de su misión, deben dimensionar la temporalidad de sus estrategias de intervención. En el contexto de alianzas con otras organizaciones, es importante definir el rol que cada una cumple y qué acciones concretas puede aportar en la realización del derecho a una vivienda adecuada. En especial, la presente Guía Legal contribuye a:

  • Establecer los derechos de las personas refugiadas y migrantes de acuerdo con las obligaciones internacionales de los Estados en las situaciones de riesgo de desalojo, desalojos en marcha y situaciones posteriores a los desalojos de acuerdo al tipo de tenecia de las vivienda o refugios y las necesidades especiales de protección.

  • Fortalecer la capacidad de las organizaciones humanitarias y otras, en el acompañamiento con enfoque diferencial a las comunidades o familias de personas refugiadas y migrantes, víctimas o personas en riesgo de desalojo forzado y fortalecer el papel de las organizaciones comunitarias que acompañan.

  • Derivar a las autoridades competentes los casos que requieren algún tipo de apoyo/intervención que excede el rol del Sector de Protección de la Paltaforma R4V y que podría elevar el nivel de exposición de la población.
    Identificar aliados estratégicos que, desde un enfoque multisectorial, puedan contribuir en la defensa del derecho a una vivienda adecuada.