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El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela

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En vastas áreas del sur de Venezuela, guerrillas colombianas, sindicatos criminales y fuerzas de seguridad venezolanas compiten por el control de las minas de oro, las cuales proveen fondos al acorralado gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas extranjeras deberían dejar de considerar la intervención militar y, en su lugar, ayudar a negociar una transición pacífica en Venezuela, de lo contrario el desenlace puede ser caótico.

¿Qué está pasando?

 Los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela.

¿Por qué sucedió?

 La crisis económica actual ha llevado a muchos venezolanos empobrecidos a trabajar en el sector de la minería ilegal. Actores armados estatales y no estatales, dentro de los cuales resaltan las guerrillas colombianas, también se han expandido en esta región rica en recursos. El rápido declive en la producción de petróleo ha convertido la minería de oro en una fuente vital de ingresos.

¿Por qué es importante?

 La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y dispara las tasas de homicidio. Su expansión y operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región en un momento de extrema incertidumbre en Venezuela.

¿Qué debe hacerse?

 Proveer ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas, preservar las comunicaciones entre fuerzas armadas vecinas y reanudar los diálogos de paz con los insurgentes en Colombia son medidas primordiales a seguir. Las sanciones anunciadas sobre las exportaciones de oro son contraproducentes y se deben descartar a favor de una debida diligencia más sólida en el comercio de minerales.

Resumen ejecutivo

Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones tropicales al sur están expuestas a graves riesgos de intensificación del conflicto. Ricos en oro y metales raros, los estados de Bolívar y Amazonas han llamado la atención de los funcionarios presionados por contrarrestar los cada vez menores ingresos del petróleo y el colapso económico general. Al mismo tiempo, grupos criminales violentos vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades. En los últimos tiempos, las guerrillas y los desmovilizados colombianos han cruzado el río Orinoco para apoderarse de su parte de la industria minera principalmente ilegal. Las riquezas y la proliferación de insurgentes en el sur complican las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia militar a un cambio político y avivarse los riesgos de violencia transfronteriza y de una guerra de baja intensidad. La atención humanitaria para poblaciones en el sur, la comunicación regular entre fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados por hacer la paz con las guerrillas y la limpieza del comercio de oro resultarán ser vitales para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos vulnerables.

Las comunidades locales, indígenas en su gran mayoría, en medio de la proliferante minería ilegal y de la expansión de grupos criminales o insurgentes enfrentan ahora las mayores dificultades. Expuestos al terror que generan los grupos armados que buscan imponer la obediencia, con tasas de homicidio que alcanzan picos extraordinarios en algunos pueblos mineros, estos residentes también se enfrentan a los efectos en su salud y en el ambiente de los derrames de mercurio y de una epidemia de malaria. El aislamiento extremo, un estado opresivo y la presencia de las fuerzas de seguridad silencian a muchas de estas comunidades. Estas tensiones se incrementaron el 23 de febrero, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a tres manifestantes y obligaron a un alcalde indígena a exiliarse durante un intento de traer ayuda humanitaria de Brasil.

Venezuela está sumergida en una crisis más profunda desde el 23 de enero cuando, a raíz de las elecciones presidenciales que la mayoría consideró injustas, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó reclamó el cargo de presidente interino. Los Estados Unidos, Canadá y varios Estados de América Latina y Europa respaldaron la medida, pero es improbable que el actual presidente Nicolás Maduro renuncie fácilmente al poder. En este clima ya tenso, los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico.

Los grupos armados que explotan el aislado terreno y la presencia limitada del gobierno en las regiones del sur plantean otros riesgos de violencia. Los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela. Dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas.

Una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a Maduro por solicitud de Guaidó podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja intensidad. Al mismo tiempo, las lealtades en el sur de Venezuela son volátiles e impredecibles. Testimonios de testigos presenciales sugieren una confabulación entre grupos armados no estatales que realizan actividades criminales de protección alrededor de las minas y oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela y el comando militar regional. Exoficiales militares y de inteligencia afirman que la complicidad con estas operaciones alcanza los altos rangos del gobierno y las fuerzas armadas, quienes coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero. Pero las rivalidades entre facciones infestan todas estas relaciones ilícitas. En noviembre pasado, el ELN y la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento que terminó con la muerte de cuatro guardias. Enfrentamientos entre el ELN y los grupos criminales venezolanos, conocidos como sindicatos, también son comunes y han hecho que ambos grupos se muevan más cerca de las zonas mineras en la frontera guyanesa.

El reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional hacia Venezuela, en especial en el caso de un cambio en la administración en Caracas. Las fuerzas armadas colombianas y venezolanas posicionadas en la frontera deben reconocer los graves riesgos que representan los movimientos insurgentes transfronterizos para la paz de la región y preservar canales de comunicación para aclarar incidentes sospechosos y evitar que escalen los enfrentamientos que involucran a grupos armados no estatales. A pesar de que los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN llegaron a su fin tras el ataque con carro bomba a una escuela de cadetes en Bogotá en enero que causó la muerte a 22 personas, Colombia debe estar lista para renovar las negociaciones si surgen señales de que la guerrilla está dispuesta a embarcarse en diálogos serios.

Los poderes externos y la oposición venezolana también deben frenar los llamados a una intervención militar extranjera en Venezuela, que solo sirven para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros y a proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro. Las autoridades colombianas deben descartar por completo la posibilidad de una incursión militar en Venezuela para atacar al ELN dado que expondría a los civiles a niveles de violencia aún mayores.

Por otra parte, el sur tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria, al igual que un programa significativo de asistencia médica con el objetivo de contener la epidemia de malaria. La industria de la minería de oro, que se encuentra en el núcleo de los riesgos ambientales y de salud de la región, así como la proliferación de grupos armados, también amerita una respuesta internacional concertada. Las sanciones a las exportaciones de oro, como fueron propuestas el año pasado por Estados Unidos, darían como resultado más probable un aumento del control de los traficantes sobre el comercio. Alejar el oro de los circuitos de criminales y de los funcionarios corruptos requerirá en cambio una transformación gradual de los enclaves mineros del sur de Venezuela, con base en la aplicación de las directrices de debida diligencia internacional en el comercio de oro y coltán por parte de los Estados miembros de la OCDE.

La disputa por la presidencia de Venezuela ha aumentado los temores de que el país pueda sucumbir ante una desintegración caótica y violenta. Siendo las regiones del sur los lugares más vulnerables ante este destino, lo que sucede en Bolívar y Amazonas constituye una prueba de fuego para determinar si este país con su profunda polarización puede salir de su crisis en paz.