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Entre muros: Solicitantes de asilo bajo los Protocolos de Protección a Migrantes

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Resumen Ejecutivo

La población desplazada que está solicitando protección internacional a Estados Unidos y ha ingresado por México está siendo obligada a esperar su proceso en territorio mexicano bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés).

No se cuenta con el número exacto de personas solicitantes retornadas a México debido a la poca transparencia de las autoridades. Sin embargo, distintas fuentes señalan que, de enero a agosto de 2019, los números oscilaron entre los 31 mil a 35 mil.En el caso específico de Baja California, se estima que, hasta octubre, el número de personas solicitantes retornadas llegaba a 13 mil.

Regresar a las personas solicitantes de asilo que están bajo el programa MPP representa un gran desafío para las organizaciones civiles de la frontera de Estados Unidos y México, así como para las propias autoridades, dadas las condiciones en que se encuentran algunos albergues y el retiro del apoyo económico que los anteriores gobiernos les otorgaban mediante el fondo migrante.

La población solicitante retornada bajo MPP se encuentra en un limbo con desconcierto, desesperación e incertidumbre sobre lo que le deparará el futuro. Además, viven con temor de lo que les pueda ocurrir en territorio mexicano, pues han sido víctimas tanto del crimen organizado como de las autoridades policiacas y delincuentes que les han robado, extorsionado, secuestrado y agredido sexualmente en su trayecto o espera. Su miedo es fundado.

Están sin vínculos ni redes de protección o apoyo, aunado al desconocimiento de las ciudades donde son retornados(as) y sin la garantía de un empleo que les permita satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda. Tienen gran desconocimiento de lo que significa el asilo, y poca o nula asesoría jurídica que les permita continuar con el proceso.

Por lo anterior, la Coalición Pro Defensa del Migrante, con el apoyo de American Friends Service Committee, oficina regional de América Latina y El Caribe (ASFC LAC) en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dieron a la tarea de desarrollar el presente estudio que documenta el fenómeno de la población solicitante retornada bajo el MPP de EE.UU. por Baja Cal ifor nia, caracterizando sus perfiles, condiciones, necesidades y expectativas. Este informe también busca resultados en la propuesta de opciones de atención y protección a la población que ha migrado de manera forzada hacia los estados de la frontera norte de México.

Se aplicó una encuesta a una muestra de 360 personas solicitantes retornadas bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) en 15 albergues de Tijuana y Mexicali, durante el periodo de julio a agosto de 2019. Esta encuesta se reforzó con algunas entrevistas semiestructuradas a informantes claves.

Los resultados arrojan que la población retornada está compuesta por una ligera mayoría de mujeres, pero también hay familias. Cinco de cada diez personas encuestadas están entre los 19 y 35 años de edad. Siete de cada diez se encuentran en los niveles más básicos de estudio (primaria y secundaria). Un dato importante es que siete de cada diez sí tenían alguna actividad remunerada en su país, pero huyeron por la inseguridad y los bajos salarios. Cabe destacar que una importante cantidad de personas proviene del medio rural.

Cuando menos la mitad salió de su país por la violencia y el peligro que corrían, pero también se registraron solicitantes que huyeron por motivos políticos y violencia intrafamiliar.

Más del 90 % nunca había solicitado asilo en Estados Unidos y el 80 % desconoce los procedimientos jurídicos y carecen de representación legal que les permita preparar sus casos.La mayoría tampoco contempla tener asesoría jurídica porque no puede pagarla.Solo un pequeño porcentaje del 15 % está consciente de la necesidad de contar con asesoría legal y piensa hacer uso de sus servicios.

Se constató que en los centros de detención en territorio estadounidense no existen condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana. Entre las características que la población solicitante resaltó, está que son espacios con temperaturas muy frías y donde las personas están expuestas a la luz día y noche, ya que en ningún momento son apagadas.Ocho de cada diez personas vivieron esa situación. Para el 80 % de las personas retornadas, la comida es insuficiente y de mala calidad, y siete de cada diez consideran que siempre hay sobrepoblación.

Nueve de cada diez personas retornadas sí respondieron la entrevista del miedo creíble, pero hay un 12 % al que no le fue realizada dicha entrevista. La relación con los agentes estadounidenses se redujo a la firma de documentos que por lo regular no están en español, así lo manifestó más del 80 %.

También un porcentaje importante de las personas encuestadas considera que la población mexicana los discrimina, por lo que les preocupa la estancia en lugares donde no tiene contactos ni redes sociales. Aproximadamente la mitad tendrá que durar de uno a tres meses esperando y un 40 %, lo tendrá que hacer de tres a seis meses. Las personas retornadas están en una situación de extrema vulnerabilidad, no conocen a nadie, no tienen contactos personales de apoyo humanitario.

Muchas personas solicitantes devueltas bajo estos protocolos han desistido de este proceso y decidieron retornar a sus países de origen a pesar de los riesgos que esto representa. Pero ello se debió, en gran medida, a la falta de representación legal, incertidumbre y miedo de tener que permanecer en México por un tiempo indefinido.

En el proceso de retorno también se cometen irregularidades que violan el debido proceso. Una tercera parte de las personas retornadas que estuvieron en los centros de detención no fueron notificadas que serían retornadas a territorio mexicano. Muchas personas solicitantes no fueron devueltas por la misma ciudad donde comenzaron los trámites y una cuarta parte sufrió separación familiar, violando los tratados internacionales.

En el proceso de retorno en territorio mexicano, el seguimiento a estas personas resulta irregular y no se garantiza su seguridad. Las autoridades mexicanas deben respetar y proteger a quienes solicitan asilo, tal como se comprometieron en los acuerdos con Estados Unidos, pero las prácticas manifiestan lo contrario. Dos terceras partes no fueron abordadas por las autoridades mexicanas para entrevistarlas. La mitad de las personas solicitantes retornadas tuvieron información sobre la existencia de albergues en las ciudades donde fueron retornadas, pero más del 90 % tuvo que acudir por su cuenta porque las autoridades no proporcionaron el apoyo ni la orientación adecuada.

Las expectativas de estas personas son inciertas. El 60 % afirma que esperará el tiempo que sea necesario para llevar a cabo su proceso, mientras el restante 40 % solo piensa esperar unos meses. En ese intervalo, la mitad tiene la expectativa de trabajar en México, una tercera parte no sabe qué va a hacer, y un pequeño porcentaje retornaría temporalmente a su país.

En cuanto a lo que sucederá si no logra acceder al asilo, la mitad de las personas encuestadas no tiene contemplado un plan de acción, una tercera parte pedirá refugio en México y el 20 % se verá en la obligación de regresar a su país.