Necesitamos una UE que desarrolle políticas migratorias humanas capaces de proteger a las personas que huyen de la violencia y buscan un futuro. También un acceso universal a la salud para millones de personas que todavía hoy no tienen cubiertas necesidades médicas más básicas. Necesitamos también que se respete el derecho internacional humanitario.
Por Raquel González Juárez, coordinadora de MSF España
La recién estrenada presidencia Española de la UE ha quedado un tanto difuminada, al menos en cuanto a atención mediática, por el incierto panorama político que dejan las elecciones generales del pasado 23 de julio. Sin embargo, el actual Gobierno y el que se forme en los próximos meses tienen ante sí una oportunidad y una serie de retos que estarán sí o sí entre sus principales prioridades para esta segunda mitad del año.
Uno de esos retos que el actual Gobierno en funciones ha marcado en su agenda es el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, sobre el que resulta imperativo alcanzar un acuerdo que sirva para que la UE tenga unas políticas mucho más acordes a sus principios y valores; más humanas y que brinden protección, seguridad y dignidad a todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Europa ha demostrado tener capacidad más que de sobra para acoger e integrar a los más de ocho millones de ucranianos y ucranianas que se han visto obligados a huir de su país en el último año y medio. Solo en España, hay 160.000 ucranianos que, gracias a la directiva de protección temporal que acordó la UE, pueden disfrutar de un marco de protección y acceso a salud, educación, etc. Es hora de que dejemos de aplicar dobles raseros según sea la procedencia del que llama a nuestra puerta huyendo de la violencia y el conflicto. Estamos cansados de ver cómo nuestros representantes muestran una y otra vez sus condolencias cada vez que ocurre una desgracia como la del pasado febrero en Cutro, en la región italiana de Calabria, donde una embarcación naufragó a pocas millas de la costa. Se hallaron 94 cadáveres y alrededor de 100 personas más fueron engullidas por el mar.
La tragedia en la valla de Melilla el pasado año o el reciente hundimiento de un barco con más de 700 personas a bordo frente a las costas griegas son otros ejemplos durísimos del alto coste que tienen las políticas migratorias de la UE. Asistimos con estupor a la pasividad de quienes gobiernan, porque sabemos que esas tragedias serían evitables, al menos en gran medida, mediante el establecimiento de operaciones de salvamento y rescate proactivas dirigidas y financiadas por la UE, como la que estuvo en marcha hasta el año 2014, la operación Mare Nostrum, o habilitando vías seguras y legales en los países de origen o de tránsito para solicitar asilo en Europa.
La Presidencia española de la UE tiene que volcar también todos sus esfuerzos en acabar con las campañas diseñadas para criminalizar y deshumanizar a quienes huyen de la violencia y a quienes tratamos de ayudarlas. Médicos Sin Fronteras creemos necesario impulsar medidas que acaben con los discursos de odio, así como con la creciente tendencia a criminalizar a la población civil atrapada en zonas de conflicto, o de aquellos que se ven obligados a desplazarse a consecuencia de la violencia.
Sin embargo, lo que vemos desde hace años es el alarmante avance de propuestas para reforzar el control fronterizo, limitando aún más el acceso al asilo y la protección, y la existencia de centros de contención, como los que vemos en Grecia, que no están destinados a garantizar los derechos y la dignidad de las personas, sino a su detención y posterior deportación.
Acceso universal a la salud
En lo que respecta a la salud, nuestra principal recomendación para la Presidencia española gira en torno al acceso universal a la misma. Para llegar al objetivo acordado a nivel mundial de lograr una Cobertura Sanitaria Universal para 2030, es necesario que las políticas sanitarias se centren en las necesidades de las personas y que todo aquel que precise de atención médica pueda recibirla. No podemos permitir que millones de personas sigan sin tener cubiertas sus necesidades médicas más básicas por no poder pagar los precios que se les exigen. No podemos admitir que nadie más muera por no disponer de vacunas y métodos diagnósticos, por no tener acceso a los medicamentos más avanzados o a los centros médicos y personal sanitario adecuados. Y no podemos aceptar que haya personas que tengan miedo de buscar atención médica por estar en situación irregular. España puede y debe empujar en esa dirección.
Queremos pedirle a nuestro Gobierno que traslade al Consejo de la Unión Europea la necesidad de seguir financiando mecanismos como el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria y otras iniciativas para combatir enfermedades tropicales desatendidas, crónicas o epidémicas. Y es que estamos ante un momento crucial para que los avances logrados hasta ahora no se sigan socavando, y eso solo se lograría volviendo a la senda de crecimiento positiva que había antes de la COVID-19, tanto en lo que se refiere a la aportación de fondos como a la inversión en I+D para la prevención y tratamiento de estas enfermedades.
Uno de los ejemplos más claros de los efectos colaterales del cambio de tendencia, lo vemos en la expansión descontrolada del cólera, que solo en 2022 provocó epidemias en 30 países:al mismo tiempo que la tasa de mortalidad asociada al cólera alcanzaba porcentajes escandalosamente altos para una enfermedad de fácil cura (un hecho que se debe en parte a la falta de personal médico y de centros de tratamiento), uno de los dos únicos fabricantes de vacunas que se utilizan en emergencias humanitarias, Shantha Biotechnics, anunciaba el cese de su producción a finales del año pasado.
Médicos Sin Fronteras somos muy insistentes con el hecho de que la salud de las personas no puede estar supeditada a los rendimientos económicos que puedan obtener las empresas. Y así lo recoge la Declaración de Doha sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio, que dio prioridad a la salud pública por encima de la protección a la propiedad intelectual.
Respeto del derecho internacional humanitario
En materia de ayuda humanitaria, instamos al Gobierno español a que promueva el respeto al Derecho Internacional Humanitario y exija la aplicación de mecanismos y acuerdos que garanticen la protección de los civiles, particularmente en el contexto de conflictos armados. Le pedimos que impulse un mayor compromiso para preservar los principios de la acción humanitaria, garantizando la protección de la misión médica y el acceso a los servicios sanitarios en los países en guerra. España ha mostrado siempre una gran responsabilidad con la promoción de resoluciones como la 2286, de Naciones Unidas, creada para la protección de la misión médica en conflictos armados. Nuestro país tiene ahora la oportunidad de dar un nuevo impulso a este tipo de iniciativas y lograr una implementación real de las mismas.
Pedimos también que durante estos próximos meses se trabaje también para lograr avances en el compromiso de establecer compensaciones para los trabajadores humanitarios que sufran incidentes críticos.
Creemos que la UE debe trabajar, como se está haciendo en el ámbito de las Naciones Unidas, para que los Estados garanticen que las medidas antiterroristas no comprometan la ayuda médica y humanitaria, estableciendo exenciones para las ONGs que permitan mejorar en acceso a las poblaciones en zonas de conflicto.
Queremos también pedir que se ponga el foco a una serie de crisis y conflictos a las que no se las presta la suficiente atención. Un ejemplo claro es el de Haití: un país sumido en una violencia crónica y olvidado por la comunidad internacional, devastado por los desastres naturales y los brotes epidémicos. Numerosos países en los que MSF estamos presentes, como República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Afganistán, Mali, Mozambique, Sudán del Sur, Siria o Yemen, están afectados por conflictos y sufren situaciones alarmantes sin que se habiliten los recursos necesarios para hacerles frente. Por ello, es imprescindible que la UE asigne los fondos en función de evaluaciones imparciales de las necesidades de las poblaciones, sin supeditar la ayuda humanitaria a objetivos militares, políticos o geoestratégicos.
Para terminar, recomendamos la adopción de medidas urgentes para la lucha contra la desnutrición infantil, una enfermedad que está relacionada con la mitad de las muertes de niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo, según la OMS. Y, sin embargo, los recortes globales en la financiación por parte de los países donantes están provocando una reducción de la respuesta humanitaria en proporción inversa a las necesidades.
Necesidades que, no lo olvidemos, están provocadas en gran medida por el cambio climático, los conflictos armados y el alza de precios, que han provocado una crisis alimentaria mundial sin precedentes, y que han llevado a que el número de desplazados y refugiados supere por primera vez la cifra de los 100 millones de personas.
España está ante una oportunidad única de promover una búsqueda común de soluciones que permitan atajar estos problemas. Confiamos en que no la deje pasar.