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Respuestas de los programas de alimentación escolar al COVID-19 en América Latina y el Caribe, Octubre 2021

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1. Introducción

La pandemia del COVID-19 derivó rápidamente en una crisis social y económica de escala pocas veces vista en América Latina y el Caribe (ALC). Varios estudios proyectan un incremento en las tasas de pobreza y desnutrición, los cuales ponen en riesgo los progresos sociales de las últimas décadas y pueden exacerbar inequidades y vulnerabilidades preexistentes1. Por ejemplo, la CEPAL estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior (CEPAL, 2020). Estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (WFP) advierten sobre un incremento drástico de inseguridad alimentaria en ALC, de hasta el 300% en algunos países de la región (WFP, 2020a).

En este contexto, la suspensión masiva de la educación presencial durante 2020 y 2021 puso en riesgo uno de los mecanismos fundamentales de los sistemas de protección social: los programas de alimentación escolar. En ALC estos programas asisten de manera rutinaria a cerca de 85 millones de niños y niñas (WFP, 2017). Se estima que casi la totalidad de esos niños y niñas dejaron de recibir la alimentación escolar durante los primeros días de restricciones sanitarias- a veces incluso durante semanas o meses- hasta que los programas lograron reconvertirse (WFP, 2020c). A principios de abril de 2020, prácticamente todos los países de la región habían cerrado sus escuelas y suspendido la prestación rutinaria de los programas de alimentación escolar. Si bien todavía no hay estudios que midan las consecuencias de esta medida, que en muchos casos se prolongó en el tiempo, son esperables efectos negativos en seguridad alimentaria y nutricional y en educación, especialmente para las poblaciones más vulnerables. En materia económica, el cierre de las escuelas y la suspensión de los programas de alimentación escolar también tiene un efecto económico directo en los productores de alimentos, especialmente aquellos pequeños productores de agricultura familiar. Estudios sobre otras crisis anteriores muestran que las mismas están asociadas con un aumento en la inseguridad alimentaria de familias en los quintiles más bajos (FAO, 2020 y Banerjee y Duflo, 2007). Aun cuando el traspaso de la educación presencial a la educación a distancia permitió mantener algún tipo de vínculo pedagógico con los niños y niñas, la vinculación fue más débil entre niños y niñas de menores recursos y por tanto con difícil acceso a las plataformas de aprendizaje utilizadas (clases virtuales, televisivas o radiales) (UNICEF, 2020a- b). Debido a esto, se espera que esta crisis esté acompañada por un aumento en las tasas de abandono escolar, especialmente de niñas y jóvenes que durante la crisis ocuparon su tiempo en tareas de cuidado familiar o en trabajo remunerado (UNESCO, 2020 y UNICEF 2020a). También se teme un aumento en el trabajo infantil: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL estiman un aumento de entre 100 mil y 300 mil niños, niñas y adolescentes durante 2020.

La presente nota documenta cómo se adaptaron los programas de alimentación escolar de ALC para mantener la prestación de este servicio esencial. La sistematización de las experiencias, y los cuatro casos de estudio que se presentan como parte de este análisis de respuesta (Colombia, Guatemala, Honduras y Perú), permitirá aprender y fortalecer los programas, en vista de futuras crisis. La necesidad de programas de alimentación escolar más resilientes y flexibles se enmarca dentro del estudio y la generación de evidencia por parte de WFP sobre la preparación y las respuestas de los sistemas de protección social en ALC a choques de gran escala.