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Perú sigue siendo el segundo país de destino para la población venezolana, con más de 1,54 millones para finales de 2023, de los cuales 493.476 son solicitantes de la condición de refugiado y 4.906 son refugiados reconocidos. Perú también alberga el mayor número de solicitantes de la condición de refugiado venezolanos en el mundo, y Lima es la ciudad con la mayor población venezolana fuera de Venezuela (más de un millón de personas).
ACNUR estima que la prevalencia de la pobreza monetaria entre los venezolanos es del 32 por ciento y la pobreza extrema del 10 por ciento. Al ingresar a Perú, la población solicitante de la condición de refugiado se encuentra en una situación altamente vulnerable, afrontando retos para generar ingresos y expuestos a mayores riesgos de caer en la pobreza y mecanismos de afrontamiento negativos como el trabajo infantil, la explotación sexual, y la mendicidad por comida, entre otros.
CONTEXTO
En diciembre de 2023, el Gobierno de Perú participó en el II Foro Global sobre Refugiados (GRF), comprometiéndose a mejorar el sistema de protección internacional mediante un proceso de validación de solicitudes, incluir a las personas desplazadas por la fuerza y apátridas en las estadísticas nacionales, implementar un mecanismo para determinar la apatridia y asegurar la inclusión socioeconómica de personas refugiadas.
Como parte del compromiso de mejorar el sistema de refugio y protección internacional, el Gobierno lanzó un ejercicio de auto-validación pidiendo a los solicitantes de la condición de refugiado que confirmen su interés en continuar con su trámite. Este proceso ayudará a restablecer el número exacto de solicitantes de la condición de refugiado en el país y permitirá un procesamiento justo y con mayor rapidez de las solicitudes de refugio.
ACNUR está trabajando con autoridades nacionales, regionales, locales y con otros actores, para promover el acceso a derechos y servicios para la población desplazada por la fuerza. ACNUR promueve y brinda asistencia técnica para consolidar el marco normativo de políticas públicas para fortalecer el acceso a los servicios públicos. ACNUR sigue un enfoque territorial para la priorización de intervenciones en distritos con una alta concentración de nacionales venezolanos, altos niveles de pobreza y un fuerte compromiso de autoridades locales para la inclusión de personas desplazadas por la fuerza en sus programas y servicios.