Perú: Boluarte debería vetar la ley “anti-ONG”

La normativa implica graves afectaciones a la libertad de asociación y de expresión

(Washington D. C.) - La presidenta peruana Dina Boluarte debería vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que restringiría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil, señaló hoy Human Rights Watch.

El 12 de marzo de 2025, el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley que daría enormes poderes a la agencia gubernamental competente para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero. El proyecto de ley utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, otorgaría al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a organizaciones que critiquen o se opongan al accionar gubernamental. Esta iniciativa forma parte de un patrón más amplio de acciones del Congreso destinadas a socavar las instituciones democráticas, debilitar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y el crimen organizado y la independencia judicial. Según la Constitución peruana, la presidenta Boluarte tiene 15 días para vetar la ley una vez que sea enviada a su despacho, algo que aún no ha ocurrido. Si Boluarte deja pasar los 15 días sin firmar o vetar la ley, entonces el Congreso la promulga y convierte en ley.

“El Congreso peruano está siguiendo los pasos de regímenes autocráticos que demonizan y castigan a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas que reciben fondos del extranjero”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La presidenta Boluarte debería vetar esta ley abusiva si quiere demostrar que no es cómplice de la erosión del Estado de derecho promovida por el Congreso”.

La ley permitiría al gobierno bloquear proyectos que utilicen fondos extranjeros y le otorgaría la autoridad para asegurar “la correcta utilización de los recursos” de la financiación extranjera, para suspender y eventualmente cancelar el registro de organizaciones que “hagan uso indebido de los recursos [financieros]”. La ley también establece que el “uso indebido” incluye la utilización de fondos extranjeros “para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”. Esto podría incluir la asistencia jurídica en casos de violaciones de derechos humanos contra autoridades peruanas, ya sea ante tribunales nacionales o ante organismos regionales o universales de derechos humanos.

La ley obligaría al gobierno a revelar públicamente las direcciones de las organizaciones que reciban financiación extranjera, así como sus “planes y proyectos”. Esto es particularmente preocupante dado que en los últimos años algunos grupos de derecha se han reunido en numerosas ocasiones frente a las casas de periodistas y las oficinas de defensores de derechos humanos con el objetivo de intimidarlos.

La ley llega en un momento en el que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda extranjera está afectando a organizaciones no gubernamentales peruanas y a medios de comunicación independientes. Entre julio de 2022 y junio de 2023, Perú fue el tercer mayor receptor de ayuda exterior estadounidense en Sudamérica, únicamente superado por Colombia y Ecuador, y el sexto en América Latina y el Caribe, recibiendo más de $240 millones de dólares. Entre las organizaciones afectadas por estos recortes se encuentran algunas que proveían asistencia para hacer frente a la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables y otras que promovían la independencia judicial.

El Congreso justificó la ley señalando que existía un supuesto “desvío de fondos” cometido por organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, un informe del medio Epicentro TV reveló que, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, no hubo reportes de operaciones sospechosas que implicaran a organizaciones no gubernamentales entre 2010 y 2020. En cambio, la mayoría de las operaciones sospechosas estaban relacionadas con la minería ilegal y el crimen organizado, actividades que el Congreso ha favorecido mediante una serie de leyes.

“Si el Congreso estuviese realmente preocupado por el lavado de dinero, dedicaría sus esfuerzos a abordar los flagelos de la minería ilegal y del crimen organizado en el Perú”, afirmó Goebertus. “Al aprobar leyes para socavar investigaciones sobre el crimen organizado, han hecho exactamente lo contrario”.

La presidenta Boluarte no ha vetado diversos proyectos de ley que socavan el Estado de derecho y la democracia en el Perú. Por ejemplo, en julio de 2024 permitió al Congreso promulgar una ley para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado que se detuviera su debate, a la espera de un análisis a profundidad por parte de la Corte, y algunos fiscales peruanos dijeron que la ley pondría en peligro unos 600 casos penales relacionados con crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y el grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso durante el conflicto armado en el Perú (1980-2000).

Boluarte tampoco vetó una ley de julio de 2024 que restringía la definición de “crimen organizado”. La ley dificultaba a los fiscales la investigación de delitos conexos, como la corrupción y la extorsión, y hacía que los allanamientos sobre estos casos sean, en gran medida, ineficaces.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el Perú ha ratificado, establecen que las leyes solamente podrán limitar los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación cuando ello resulte necesario para conseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional o los derechos de terceros. Incluso en esos casos, cualquier restricción debe ser proporcional al interés que se busca proteger y se deben aplicar las medidas menos restrictivas que logren alcanzar el objetivo deseado.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso incluye múltiples disposiciones demasiado amplias que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y que podrían utilizarse fácilmente para restringir arbitrariamente el trabajo de la sociedad civil y de medios de comunicación independientes, así como afectar su acceso a financiación, señaló Human Rights Watch.