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Monitoreo de Protección Perú: Snapshot (Abril - Junio 2022)

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Este Snapshot resume los principales hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Lima, Perú ente Abril y Junio de 2022 comoparte de la intervención humanitaria del Danish Refugee Council (DRC) y ENCUENTROS SJM en el país. Este proyecto se ejecutacon fondos de la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y a través de un consorciodenominado "Alliance for Protection Programming” que incluye a dos ONG: DRC y Humanity and Inclusion (HI).Para ver el dashboard interactivo con los resultados de este periodo y desde el inicio del programa de Monitoreo , click aqui.

INTRODUCCIÓN

Durante Abril y Junio de 2022, DRC y ENCUENTROS SJM entrevistaron a 172 hogares que suman un total de 590 personas. Desde elcomienzo del Monitoreo de Protección en Perú en octubre de 2020, se han entrevistado 1.402 hogares alcanzando un total de 4.906 personas.

ACTUALIZACIÓN DE CONTEXTO

El Banco Mundial y el Gobierno de Canada aprueban financiamiento de $3 milliones para Colombia y Perú, cuyo objetivo es fortalecer los esfuerzos institucionales para promover la integración y protección de los derechos humanos de la población venezolana en Perú.

  • Durante el período del informe, el Banco Mundial junto con al Gobierno de Canadá anunciaron la liberación de $3 millones de financiamiento, siendo los Gobiernos de Colombia y Perú los principales receptores. Este financiamiento tendrá como objetivo apoyar al Gobierno de Perú para identificar e implementar prácticas y políticas innovadoras con un triple objetivo; mejorar la inclusión social y la integración de la población venezolana a través de iniciativas socioeconómicas que promuevan la cohesión social, mejorar aún más la prestación de servicios sociales de calidad con énfasis en satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables. Por ultimo, fortalecer aún más las políticas institucionales y legales que se esfuerzan por avanzar en los programas existentes como la regulación de la documentación legal.

  • Una de las mayores barreras que encuentra la población venezolana es su involucramiento en el empleo informal, producto de la ausencia de documentación legal. Tal como lo reveló un estudio Multisectorial, realizado por Acción Contra el Hambre en Lima Metropolitana y Callao, casi el 80% de los venezolanos migrantes y refugiados se ven obligados a trabajar informalmente, por falta de documentación lo que también compromete severamente su acceso a programas sociales, servicios de educación y seguros de salud.

  • La ausencia de documentación legal o permiso de permanencia regular en el Perú, impide garantizar el acceso a los derechos básicos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas. La seguridad alimentaria sigue siendo uno de los mayores desafíos para las poblaciones afectadas, que se vieron obligadas a recurrir a mecanismos de supervivencia negativos como la reducción de las comidas diarias o la disminución del consumo de alimentos para los adultos, priorizando las necesidades de los menores. En mayo de 2022, el 70% de la población refugiada y migrante encuestada de Venezuela reportó estar en inseguridad alimentaria moderada (32,2%) o severa (38,3%), como resultado de su incapacidad para encontrar empleo ya sea por falta de documentación o percepciones sociales y xenófobas negativas manifestadas en nombre de las comunidades locales.

  • Aparte de la ausencia de documentación que acredite el ingreso regular al país, la débil legislación para la contratación de trabajadores extranjeros, la discriminación por nacionalidad y la reducción de oportunidades laborales, dificultan aún más el acceso al mercado laboral peruano de la población migrante y refugiada de Venezuela, aumentando los riesgos de inseguridad alimentaria, explotación laboral y el bienestar físico y psicológico general de la población afectada.