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Principales hallazgos
El Monitoreo de Protección tiene como objetivo realizar una mirada específica de aquellas necesidades y riesgos que experimentan las personas refugiadas y migrantes en el Perú, como tal nos ofrece una mirada diversa de las distintas condiciones que inciden en perfiles de vulnerabilidad y nos permite armar estrategias de protección específicas. Desde ACNUR, nuestras prioridades se alinean con las necesidades básicas que gran cantidad de familias continúan atravesando y permite enfocar los esfuerzos en determinados ámbitos. En esa lógica, el presente monitoreo toca temas que se interrelacionan entre sí para mejorar las condiciones de bienestar.
La población consultada presenta distintas necesidades específicas dentro de sus núcleos familiares, generando perfiles de vulnerabilidad que deben ser considerados como un factor relevante en la toma de decisiones para una respuesta oportuna que mitigue los riesgos de protección y garantice el uso pleno de sus derechos. Hogares monoparentales, personas con discapacidad o personas con alguna condición médica crónica sin acceso a tratamiento presentan un reto al plantear cómo generaremos algún tipo de bienestar hacia las personas para las que ACNUR trabaja, promoviendo su integración en las comunidades de acogida.
Cubrir las necesidades básicas representa un reto constante para las familias entrevistadas, quienes en los últimos meses reportan haber tenido dificultades para garantizar no solo las raciones de comida diaria sino un espacio seguro donde vivir, servicios básicos o ingresos fijos. A partir del rol de supervivencia que asumen las personas refugiadas y migrantes, las perspectivas, intenciones y estrategias se van moldeando. Asegurar la seguridad alimentaria se configura como un elemento prioritario para la supervivencia de las familias. A pesar de que los datos arrojan un panorama progresivo a diferencia de años pasados, aún persisten necesidades básicas que promueven distintas estrategias de adaptación de los grupos familiares más vulnerables.
Garantizar un entorno favorable de protección requiere identificar principalmente las limitaciones y dificultades presentes para la obtención de documentos para la regularización migratoria o iniciar los trámites de refugio en Perú. En ciertos casos, los grupos familiares cuentan con limitaciones para tramitar los permisos de residencia en Perú por no contar con documentos de identidad vigentes o no tener la suficiente información requerida para iniciar trámites, fenómeno que requiere fortalecer los procesos de regularización migratoria del estado peruano, de manera permanente y accesible.
La promoción de la regularización migratoria no es suficiente si las plataformas para los trámites representan una barrera o si las personas no cuentan con los recursos tecnológicos suficiente para acceder a las mismas.
Pese a los avances y esfuerzos desde el Estado peruano, el acceso al sistema educativo aún presenta brechas específicas, en especial al momento de la matrícula para los niños, niñas y adolescentes. La falta de información sobre la gratuidad de la educación básica se configura como una limitante para el 26% de niños y niñas refugiados y migrantes que aún no han logrado iniciar con éxito el ciclo escolar. Incluso tras haber retornado a clases presenciales o semipresenciales, garantizar los medios tecnológicos como complemento educativo resulta relevante para muchas familias. Niños y niñas refugiados y migrantes con discapacidad tienen aún mayores desafíos para ser inscritos al sistema educativo.
La afiliación al sistema de salud continúa siendo incipiente y presenta barreras logísticas, legales o tratos diferenciados al acudir buscando recibir una atención satisfactoria. Solo el 60% de las familias han podido recibir la atención médica requerida al acudir a hospitales, postas médicas o clínicas privadas. La dificultad en la obtención de un seguro de salud, sobre todo para las personas con necesidades específicas de protección, es un riesgo latente para quienes no pueden costear tratamientos o acceso a medicamentos. Por otro lado, y como consecuencia de la pandemia y los meses de confinamiento, la salud mental de las personas refugiadas y migrantes se ha visto afectada, mostrando síntomas de depresión, ansiedad o estrés generalizado; sin embargo, muy pocas personas han buscado ayuda profesional o servicios especializados en los centros de salud. De otro lado, la promoción de las campañas de vacunación y los esfuerzos en conjunto del Estado, agencias, ONGs y sociedad civil han rendido sus frutos, logrando una tasa de vacunación superior al 90% frente a la COVID-19.
La precarización laboral y la informalidad menguan la capacidad de adaptación y resiliencia de los refugiados y migrantes al limitar la generación de sus medios de vida, trabajo decente e impactando negativamente en su proceso de integración. El escenario laboral para las familias después de los meses de confinamiento ha mejorado; sin embargo, rasgos negativos como lo son la informalidad o la dificultad de acceder a capital financiero siguen replicando las necesidades y vulnerabilidad de las personas quienes aún no han podido promover sus capacidades técnicas y/o productivas con el éxito esperado