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Encuesta Bioconductual (BBS) en Migrantes Venezolanos que viven en Lima/Callao y Trujillo - Reporte final

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PREFACIO

La persistente y grave crisis económica y social que vive Venezuela ha llevado a más de 5.5 millones de venezolanos a abandonar su país en búsqueda de garantía al derecho a la salud y a la vida, acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. Perú, con más de 1.57 millones de migrantes venezolanos, es el segundo país de Latinoamérica con mayor acogida. Esta situación representa uno de los mayores movimientos migratorios, comparable con el visto en situaciones de guerra, como en Siria o Afganistán. De 2018 a la fecha, se han observado cambios en la dinámica migratoria, que podrían traducirse en la modificación de las condiciones que afrontan los migrantes, y repercutir en su acceso a servicios básicos.

Ante esta situación, diferentes instancias gubernamentales y algunas ONG han creado distintos canales para ofrecer apoyo a los migrantes venezolanos en el Perú. A pesar del compromiso y el esfuerzo del gobierno peruano en apoyar a la población refugiada y migrante, el 91,5 % de la población venezolana residente en el país no cuenta con seguro de salud.[1] Muchos de ellos no cuentan con los medios legales y económicos necesarios para acceder a estos servicios y al no disponer de identificación legal en el país, no les corresponde el seguro nacional de salud o Seguro Integral de Salud (SIS).

El número de migrantes venezolanos que viven con VIH y reside en el Perú ha ido en aumento. En el 2021, según cifras de USAID a través del proyecto LHSS (Proyecto de Sostenibilidad de los Sistemas Locales de Salud) se estimaron más de 8,000 migrantes viviendo con VIH, de los cuales menos del 50% recibían tratamiento antirretroviral. Es preocupante el gran porcentaje de migrantes que dejaron de recibir el tratamiento al abandonar su país o durante su trayecto al Perú, y que han encontrado importantes barreras para el acceso a los servicios integrales de VIH durante su estancia.

La normativa nacional asegura acceso universal al tratamiento antirretroviral a toda persona con VIH en el territorio nacional, independientemente al país de origen, pero investigaciones realizadas por las agencias de cooperación informan que solo el 2% de los migrantes con VIH disponen de Seguro Integral de Salud (SIS) y que el 23% de ellos llegan con o desarrollan etapas avanzadas de VIH o SIDA.

El presente documento reporta una prevalencia del VIH de 1.01% en la población migrante venezolana en Lima/Callao y Trujillo, la cual es más alta que la prevalencia de 0.4% en población adulta peruana (15-49 años) [ONUSIDA] y que la prevalencia de 0.5% en la población adulta en Venezuela (15-49 años) [ONUSIDA]. Al igual que Perú, la epidemia de VIH en la población venezolana migrante está concentrada en población clave (hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres-HSH, las mujeres transgénero-MT, las trabajadoras sexuales-TS y usuarios de drogas intravenoso), así como en población joven. Sin embargo se encontró mayor prevalencia de VIH en la población HSH de migrantes venezolanos (15.6%) que la población HSH peruana (10%) [ONUSIDA] y mayor prevalencia en TS masculinos venezolanos (43.39%) que peruanos (3%) [10].

Son preocupantes los hallazgos de la cascada del continuo de atención de las personas migrantes con diagnóstico de VIH confirmado que mostro niveles bajos de inicio de tratamiento, continuación de cuidado y de supresión virológica: 25% había iniciado tratamiento antirretroviral, 20.6% reportó encontrarse recibiendo atención en VIH al momento del estudio y el 38.8% se encontraba en supresión virológica. La supresión virológica fue mayor entre aquellos con diagnóstico antiguo (85.7%) que en aquellos con diagnóstico nuevo (17.4%). Cifras muy por debajo de las metas 95-95-95 de la Estrategia Global de Sida 2021-2026.

La población migrante con VIH presenta múltiples necesidades básicas, y confronta distintas formas de discriminación por su origen (xenofobia), expresión e identidad de género (transfobia), diversidad sexual (homofobia o lesbofobia), edad, o vivir con el VIH (serofobia), que al superponerse determinan una discriminación interseccional que junto con otras determinantes sociales, son barreras de acceso a servicios de salud, al trabajo digno, a alimentación y vivienda, y presentan además, grandes dificultades para regularizar su estatus migratorio y acceder a un carnet de extranjería que les habilitaría a tramitar el SIS. Las principales dificultades a las que se enfrenta la población migrante venezolana son financieras (52.6%), de alimentación (21.6%) y de vivienda (17.3%).

El 70.7% de los migrantes participantes en este estudio refiere haber tenido una experiencia de estigma o discriminación. Con respecto a las experiencias de violencia en los últimos 12 meses durante su estadía en el Perú, un total de 45.5% reportó violencia de tipo psicológica, 47.7% violencia física, 48.7% reportó haber sufrido sexo forzado y 44.2% reportó haber sido explotado sexualmente a cambio de recursos.

Es necesario abordar estas barreras a través de respuestas enfocadas en y dirigidas por las comunidades afectadas como son ampliar la oferta de servicios de diagnóstico y la prevención combinada del VIH en el sector primario de atención a la salud, que incluya la profilaxis preexposición (PrEP) y el auto testeo en servicios de salud libres de discriminación y con enfoque de igualdad de género.

Los hallazgos de este informe aportan evidencia sólida sobre los factores de vulnerabilidad y determinantes sociales y de salud de la comunidad migrante venezolana en el Perú. Retrata la situación de salud de las personas migrantes en general y de los migrantes viviendo con VIH e identifica brechas en el acceso a educación, trabajo, salud, justicia e igualdad para todos. Es un recurso para la generación de políticas enfocadas y diferenciadas de prevención combinada, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del VIH, la eliminación de la discriminación, la eficiencia de las inversiones en VIH, y el fortalecimiento de otros programas que apunten al bienestar social, la seguridad alimentaria y la eliminación de la pobreza.

Desde ONUSIDA saludamos los hallazgos de este trabajo que describe la epidemia del VIH en esta población en dos de las regiones peruanas con mayor número de migrantes y brinda a los tomadores de decisión del gobierno, la evidencia necesaria para el sustento de políticas públicas inclusivas y orientadas a la eliminación de las barreras al acceso a servicios, generadas por las desigualdades que enfrenta la población migrante, con VIH y pertenecientes a las poblaciones clave en el Peru.

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) – Equipo Perú

[1] [Proposal for Increasing Health Care Coverage for Venezuelan Refugees and Migrants Living with HIV. Update in Response to the COVID-19 Pandemic. PAHO/UNAIDS/CDE/COVID-19/21-0013 © PAHO/WHO and UNAIDS, 2021].
[10] Degtyar A, George PE, Mallma P, Diaz DA, Cárcamo C, Garcia PJ, Gorbach PM, Bayer AM. Sexual Risk, Behavior, and HIV Testing and Status among Male and Transgender Women Sex Workers and their Clients in Lima, Peru. Int J Sex Health. 2018;30(1):81-91. doi: 10.1080/19317611.2018.1429514. Epub 2018 Mar 27. PMID: 30224942; PMCID: PMC6138045.