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Diagnóstico sobre la situación de las mujeres migrantes y refugiadas y de las comunidades de acogida en el contexto COVID-19, relacionado con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y la Violencia basada en Género (VBG) en el distrito de San Juan de Luriganc

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RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio responde a la necesidad de conocer cuál es la situación, las oportunidades y los desafíos que existen en los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y los referidos a la prevención, protección y atención de la Violencia Basada en Género , de tal manera que sus hallazgos puedan servir de insumos para efectuar una intervención que permita mejorar su acceso a las mujeres en refugio y migrantes venezolanas del distrito de San Juan de Lurigancho.

Para su redacción se analizó información secundaria, producida principalmente en los dos últimos años, recogiéndose las voces de las y los operadores involucrados en la ruta de atención de estos servicios. También se incluyó la narrativa de 14 mujeres venezolanas residentes en el distrito. El estudio se condujo entre los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022.

Entre sus principales hallazgos se encontró que casi todos los operadores de las diferentes instituciones que participan en la atención de las SRR y de la VBG, carecen de conocimiento completo y efectivo de las rutas de atención fijadas en los múltiples protocolos de atención conjunta que hace que los procesos de atención adolezcan de múltiples deficiencias. Como efecto de la pandemia parece haberse perdido los vínculos que articulaban las instituciones y las instancias de coordinación como los Comités Multisectoriales.

Se ha identificado como una constante, la precariedad de los espacios de atención de los servicios de SSR y VBG, en especial de éstos últimos, situación que vulnera, entre otros, el principio de confidencialidad y privacidad que requiere su atención. En el mismo sentido, y agudizado por la presencia de la pandemia de la COVID-19, se recoge una persistente desazón entre los operadores debido a la cultura institucional y ambiente laboral en el que se desarrollan sus actividades, traducido principalmente en la carencia de recursos humanos, físicos, tecnológicos y hasta de materiales de oficina. Todo este conjunto configura una situación de malestar que estaría afectando la salud mental de los operadores, lo que significaría un contexto no apto para ofrecer atención a la SSR y VBG.

A pesar de ello, buscan formas de ejecutar sus actividades de la mejor manera por ejemplo en SSR, estableciendo estrategias para no dejar a las mujeres sin anticonceptivos o sin atención cuando esta es requerida. Aunque esto no siempre sucede con las mujeres R y M, porque subsisten sentimientos discriminatorios y posiblemente xenófobos, producto en parte de las campañas mediáticas habidas por la presencia de población venezolana.

Por el lado de las mujeres R y M, se encuentra que tienen poca experiencia en asistir a los servicios de salud, salvo aquellas que están o han estado embarazadas. Existe un temor manifiesto en acudir a las instituciones del Estado por su situación irregular en la gran mayoría de casos, por el tiempo que significa, porque los servicios se les ha cobrado en algún momento, porque no hay confianza en los operadores y finalmente porque algunas de las entrevistadas han manifestado haber recibido maltrato. Los servicios de SSR, los CEM y las comisarías coincidieron que las mujeres R y M se resisten a dar información veraz sobre su dirección, su teléfono celular y hasta de su nombre verdadero lo que dificulta hacer algún tipo de seguimiento. Esto sería, según los operadores, por temor a que se les ubique y puedan ser deportadas. A la discriminación propia de ser mujeres en sociedades de origen, tránsito y destino con desigualdad y violencia de género estructurales, se agrega la discriminación asociada a la vulnerabilidad propia de ser extranjera y vista con menos legitimidad que los nacionales. Las mujeres venezolanas viven la VBG a través del constante acoso callejero, su imagen ha sido hipersexualizada y perciben, en muchas ocasiones, que existe rechazo de la comunidad de acogida lo que retarda o impide su integración social. Carecen de redes de soporte comunitario, familiar y social, situación que las coloca, más si cabe, en alta situación de vulnerabilidad.