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Diagnóstico de oportunidades para la población refugiada migrante y de acogida en el sector público y privado en Lima Metropolitana

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Introducción

Desde enero de 2014, Venezuela presenta un contexto de declive económico, inflación e inseguridad generalizada. Se registran vulneraciones a los derechos humanos en el marco de una crisis política, económica y social.1 Ante estos hechos, a febrero de 2021 se reportaba que aproximadamente 5,4 millones de personas de nacionalidad venezolana habían abandonado su país,2 cifra casi equivalente a la totalidad de la población que habita Costa Rica, que es de 5,09 millones.

Perú cuenta con más de un millón de personas venezolanas refugiadas y migrantes,3 y con 496,095 solicitudes de refugio de esa población, es el país con el mayor número de solicitudes de refugio a nivel mundial de personas de esa nacionalidad.

Esta población enfrenta grandes dificultades para cubrir sus necesidades básicas, como la generación de ingresos y empleo, el acceso a educación, capacitación, la regularización de su situación migratoria, entre otras, según el INEI.4 A todo ello, se suma la discriminación. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) del Perú,5 más del 50% de las personas entrevistadas indicó haber escuchado comentarios negativos y discriminatorios, así como estereotipos que asocian a la población venezolana con la delincuencia (80%) y el miedo (52,4%).

Las dificultades para cubrir sus necesidades básicas se han incrementado desde 2020, debido al impacto negativo generado por los efectos de la COVID-19. A esta situación de vulnerabilidad, se añade el complejo proceso de inclusión de la población refugiada y migrante venezolana en países de acogida como Perú, donde se pone de manifiesto que la situación de la movilidad humana no afecta de la misma manera al conjunto de esta población. Algunos grupos en situación de vulnerabilidad se ven más afectados en sus derechos humanos y condiciones de vida, como las mujeres, niñas, niños, y adultos mayores.

Si se analiza la movilidad humana desde el enfoque de género, se puede ver que las mujeres en particular afrontan desigualdades socioeconómicas y violencia basada en estereotipos de género y nacionalidad. Sufren formas de discriminación por su condición de extranjeras y mujeres, que limitan la protección y el ejercicio de sus derechos, así como la inclusión en igualdad de condiciones con respecto a la población de acogida. Eso combina con las diversas formas de discriminación en el marco de relaciones sociales de desigualdad entre el hombre y mujer y las normas sociales y los patrones culturales que justifican estas relaciones (PNUD 2020a). Además, en la actual situación de crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, las mujeres se han visto más perjudicadas.

En este escenario, el PNUD Perú está focalizado en generar soluciones integrales para la gestión local de la movilidad humana, considerando que es en el espacio local donde la población enfrenta diariamente necesidades y oportunidades. Se busca generar condiciones para la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida, considerando siempre a ambas poblaciones como agentes de cambio.

El valor agregado y la ventaja comparativa que aporta el PNUD se traduce en el enfoque de desarrollo en respuesta a las necesidades de las personas migrantes, en asociación con autoridades nacionales y locales, agencias de la ONU, otros socios multilaterales y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como subnacional.

Durante el 2019, el PNUD Perú impulsó el prototipo Oportunidades sin Fronteras en el distrito de San Martín de Porres, para testear iniciativas de recuperación temprana en materia de autonomía económica y cohesión social entre la población refugiada y migrante y la población de acogida. El fin fue generar evidencias que contribuyan a políticas locales de integración socioeconómica. Ello incluyó la generación de espacios en común para el empleo, iniciativas de emprendimiento, las luchas contra la violencia basada en género y la discriminación. La iniciativa culminó con el inicio de una estrategia de gestión local de la movilidad humana con Gobiernos locales, junto con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), un actor canalizador para la gestión migratoria local. Actualmente, el PNUD Perú y la MML, con el apoyo de la Comisión Europea (ECHO) dentro del marco del proyecto HIPECHO, están trabajando hacia una Estrategia Metropolitana de Movilidad Humana con enfoque de integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida, que formará parte del nuevo Plan Local Provincial de Desarrollo Concertado (PDCPL 2021-2035). Asimismo, tienen previsto el testeo de iniciativas relacionadas a la autonomía económica y medios de vida, la cohesión social y la inclusión cultural.

Este nuevo PDCPL, liderado por la MML, tendrá en cuenta las oportunidades y desafíos que enfrenta la ciudad de Lima, así como el compromiso de sus gobernantes de avanzar hacia la integración, y presentará la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), así como los establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM). El aporte trascendental, y que marcará un hito en la concepción del nuevo Plan (PDCPL), será la incorporación de la movilidad humana como oportunidad identificada para el desarrollo y la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes y población de acogida.

Por otro lado, es imprescindible notar el importante rol que hoy tienen las empresas como aliadas estratégicas en la alianza multiactor y público-privada. Según el Centro Europeo de Gestión de Políticas de Desarrollo (Bisong y Knoll, 2020), existen dos grandes motivaciones desde las empresas para involucrarse con la población migrante. En primer lugar, la búsqueda del impacto social y sostenibilidad de la organización. En segundo lugar, los planes de expansión del negocio, que no están limitados a la búsqueda de nuevos mercados y clientes en esta población, pues la incluye en su cadena de valor.

Por lo tanto, y complementando las acciones sostenibles que se vienen realizando en la gestión local de la movilidad humana, el presente Diagnóstico servirá como una herramienta útil para orientar y diseñar la referida Estrategia Metropolitana. Asimismo, el Diagnóstico está orientado a brindar recomendaciones a las empresas, partiendo de la caracterización y hallazgos de las mismas, y promoviendo una primera aproximación para una alianza público-privada en la gestión local de la movilidad humana.

El presente Diagnóstico se enmarca en la Estrategia Regional de Migración del PNUD, y se apoya en las alianzas con otras agencias, tanto globales, regionales y nacionales del PNUD. Además, se alinea con los pilares tercero (Respuesta y Recuperación Económica) y quinto (Cohesión Social) del Plan de Respuesta y Recuperación Socioeconómica del Sistema de las Naciones Unidas en Perú. Se enmarca también en el documento Más Allá de la Recuperación: Con Miras a 2030 (PNUD, 2020), la Agenda 2030, la Declaración de Nueva York sobre Migrantes y Refugiados (ONU, 2016), el Pacto Mundial para Migración (ONU, 2018) y el Pacto Mundial sobre Refugiados (ONU, 2018).