La población desesperada y hambrienta de Gaza sigue enfrentándose a la disyuntiva inhumana de morir de hambre o arriesgarse a ser asesinada en el intento de conseguir comida.
Desde que la "Fundación Humanitaria de Gaza" comenzó a funcionar el 27 de mayo, el ejército israelí ha bombardeado y disparado a las personas palestinas que intentaban llegar a los puntos de distribución, lo que ha provocado numerosas víctimas mortales. Según se informa, más de 410 personas palestinas han muerto como consecuencia de ello. El ejército israelí también habría asesinado a otras 93 personas mientras intentaban acercarse a los escasos convoyes de ayuda de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. Al menos 3.000 personas palestinas han resultado heridas en estos incidentes.
Cada uno de estos asesinatos debe investigarse de forma oportuna e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas. El asesinato y las lesiones causadas a la población civil como resultado del uso ilegal de armas de fuego constituyen una vulneración grave del derecho internacional, y un crimen de guerra.
La población palestina de toda Gaza sufre de hambre y la falta de otros artículos de primera necesidad vitales. La Franja de Gaza sigue al borde de la hambruna debido al cierre y el bloqueo impuestos por Israel, así como a las continuas restricciones ilegales a la entrada y distribución de ayuda humanitaria. Esto se suma a la destrucción sistemática por parte de Israel de la producción local de alimentos y la economía, así como a los repetidos desplazamientos forzosos masivos en los últimos 20 meses.
Además, Israel sigue imponiendo restricciones rigurosas a la labor de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, al impedirles llevar y distribuir alimentos, combustible y asistencia vital a Gaza. Desde el 2 de marzo de 2025 solo se ha permitido la entrada de muy pocos camiones.
Estamos presenciando escenas de caos en los puntos de distribución de alimentos de la "Fundación Humanitaria de Gaza" y en los pocos convoyes humanitarios de Naciones Unidas. Las mujeres, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, en particular, se enfrentan a múltiples dificultades de acceso en estos puntos y corren el riesgo de sufrir formas agravadas de explotación y abuso.
El mecanismo de asistencia humanitaria militarizado de Israel contraviene las normas internacionales sobre distribución de ayuda. Pone en peligro a la población civil y contribuye a la situación humanitaria catastrófica de Gaza. El uso de los alimentos como arma contra la población civil, además de restringir o impedir su acceso a servicios vitales, constituye un crimen de guerra y, en determinadas circunstancias, puede constituir elementos de otros delitos en virtud del derecho internacional.
El ejército israelí debe dejar de disparar a las personas que intentan conseguir alimentos. Israel también debe permitir la entrada de alimentos y otra ayuda humanitaria necesaria para mantener la vida de la población palestina en Gaza, de conformidad con el derecho internacional y los principios humanitarios. Debe retirar de inmediato sus restricciones ilegales a la labor de Naciones Unidas y otros agentes humanitarios. Los terceros Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que Israel, la potencia ocupante en Gaza, cumpla con su deber de que se proporcione alimentos suficientes y artículos de primera necesidad vitales a la población.