- Al menos 10.217 personas han muerto en dos años desde que el gobierno llegó al poder.
- Más de 6.896 personas murieron en Benue, y al menos 2.630 en Plateau.
- 638 pueblos saqueados por bandidos en el estado de Zamfara.
- Se hace caso omiso de la crisis humanitaria en ciernes.
La escandalosa inacción de las autoridades nigerianas a la hora de proteger vidas y bienes frente a los ataques diarios de grupos armados y bandidos ha costado miles de vidas y ha creado una crisis humanitaria en potencia en muchos estados del norte del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Una nueva investigación muestra que, en los dos años transcurridos desde que el actual gobierno llegó al poder, al menos 10.217 personas han muerto en ataques de hombres armados en los estados de Benue, Edo, Katsina, Kebbi, Plateau, Sokoto y Zamfara. El estado de Benue es el que tiene la cifra de muertes más alta (6.896), seguido del estado de Plateau, con 2.630.
“Hoy se cumplen exactamente dos años desde que el presidente Bola Tinubu ocupó su cargo con la promesa de mejorar la seguridad. En lugar de eso, las cosas sólo han ido a peor, pues las autoridades no toman medidas para proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad de decenas de miles de personas en todo el país”, ha manifestado Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria.
“El presidente Tinubu debe cumplir sus promesas a la población nigeriana y abordar urgentemente la reaparición de la crisis de seguridad endémica del país. La reciente escalada de los ataques de Boko Haram y otros grupos armados muestra que las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Tinubu sencillamente no funcionan.”
En los dos años transcurridos desde el gobierno del presidente Bola Tinubu llegó al poder han surgido nuevos grupos armados, como Lakurawa en los estados de Sokoto y Kebbi, y Mamuda en el estado de Kwara, mientras que centenares de pueblos han sido saqueados por hombres armados en Benue, Borno, Katsina, Plateau, Sokoto y Zamfara.
Aumento de la cifra de muertos
Desde el 29 de mayo de 2023, centenares de personas han muerto en zonas rurales en las que, según muestra nuestra investigación desde 2020, una ausencia total de gobernanza ha dado libertad a hombres armados y grupos criminales para cometer atrocidades.
Nuestra investigación verificó la muerte de más de 294 personas en el estado de Katsina y documentó el secuestro de 306 personas, en su mayoría mujeres y niñas, entre mayo de 2023 y mayo de 2025.
En el estado de Zamfara se producen ataques a diario, y en ocasiones tienen lugar múltiples ataques en un mismo día. En los dos últimos años, más de 273 personas han muerto y 467 han sido secuestradas. Desde que comenzó la crisis de seguridad, los bandidos han saqueado 638 pueblos, y tienen 725 pueblos bajo su control, en 13 áreas de gobierno local del estado de Zamfara.
El área de gobierno local de Maru también ha sido escenario de crecientes ataques, incluido uno contra un emplazamiento minero en Gobirawar Chali el 24 de abril de 2025 en el que murieron más de 20 mineros. La aparición de Lakurawa abrió un nuevo frente de derramamiento de sangre en el estado de Kebbi, donde al menos 70 personas murieron en 22 ataques.
Impunidad en Benue y Plateau
Los ataques en los estados de Benue y Plateau han sido especialmente atroces. Durante el ataque del 3 de abril en el área de gobierno local de Bokkos, estado de Plateau, muchas personas, entre ellas menores y familias enteras, fueron brutalmente asesinadas. En el estado de Benue, los hombres armados, tras matar a gente, se aseguraron de destruir también pozos, clínicas y escuelas. Durante los ataques contra las comunidades de las áreas de gobierno local de Ukum y Logo, Amnistía Internacional recopiló pruebas de que también se habían destruido reservas de grano y lugares de culto.
Las conclusiones de Amnistía Internacional muestran que las 23 áreas de gobierno local del estado de Benue sufrieron ese tipo de ataques, y que los más frecuentes se produjeron en las áreas de gobierno local de Ukum, Logo, Katsina-Ala, Gwer Oeste, Gwer Este, Apa y Agatu. Más de 200 pueblos han sido saqueados por hombres armados en el estado de Benue.
Estos ataques han desatado una oleada de desplazamientos en la que se ha documentado el desplazamiento interno de 450.000 personas.
En el estado de Plateau, ganaderos armados perpetraron 38 ataques. Entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2025 se produjeron ataques coordinados contra cinco comunidades: Daffo, Gwande, Hurti, Manguna y Ruwi, en el área de gobierno local de Bokkos. En los últimos dos años, 167 comunidades rurales fueron atacadas en las áreas de gobierno de Bassa, Barkin Ladi, Bokkos, Jos Este, Jos Sur, Mangu, Riyom y Wase.
A consecuencia de estos ataques, 65.000 personas se han desplazado internamente. Algunas comunidades, tanto en Benue como en Plateau, se han desplazado más de una vez, después de que se atacaran también los campos de personas internamente desplazadas.
Crisis humanitaria en ciernes
La mayoría de las personas, si no todas, afectadas por estos ataques son agricultores que, al desplazarse, ya no pueden cultivar sus granjas. Esto está provocando una crisis humanitaria en ciernes. La mayoría de las personas desplazadas en los estados de Plateau y Katsina dijeron a Amnistía Internacional que habían tenido que recurrir a la mendicidad para sobrevivir. En el distrito de Dangulbi del estado de Zamfara, los agricultores tuvieron que ver cómo sus cosechas de batatas se pudrían porque los bandidos les impidieron transportarlas hasta el mercado más cercano.
“Estos ataques privan a la gente de su derecho a la vida y privan a quienes sobreviven de sus medios de sustento”, ha declarado Isa Sanusi.
Entre el 9 y el 11 de mayo, hombres armados saquearon cuatro pueblos del área de gobierno local de Isa, en el estado de Sokoto. Las comunidades afectadas son: Bafarawa, Gebe, Kamarawa, Garin Fadama y Haruwai. Las personas que vivían en estos pueblos ahora se han convertido en desplazadas y luchan por conseguir comida cada día.
Hubo residentes de pueblos de los estados de Zamfara, Sokoto y Katsina que dijeron a Amnistía Internacional que los hombres armados les imponían gravámenes mediante llamadas telefónicas, en las que les advertían de que si no pagaban en un plazo determinado los castigarían con la muerte.
Sobre la respuesta de las autoridades nigerianas, un residente del área de gobierno local de Maru, en el estado de Zamfara, dijo a Amnistía Internacional: “La única relación entre nosotros y el gobierno es que él emite declaraciones en los medios de comunicación después de que nos ataquen y nos maten. Es lo único que hace. Cuando llegue el próximo ataque, emitirá otra declaración hueca, mientras los bandidos intensifican sus atrocidades. No podemos hacer nada.”
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de proteger vidas y garantizar que las personas sospechosas de perpetrar estos homicidios rinden cuentas de sus actos, y también están obligadas a proporcionar a las víctimas acceso a la justicia y reparación efectiva. Las autoridades nigerianas incumplen una y otra vez estas obligaciones.
“Si quieren que se tome en serio su compromiso, expresado reiteradamente, de detener las muertes, la violencia, los secuestros y otros crímenes de derechos humanos en varias partes del país, las autoridades deben moverse con rapidez para acompañar sus palabras de acciones serias y concretas con el fin de garantizar los derechos humanos de toda la población de Nigeria.”
“La inacción de las autoridades a la hora de hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos está alimentando un círculo de impunidad que provoca inseguridad a toda la población. El tiempo se acaba mientras los hombres armados, los bandidos y los insurgentes intensifican sus ataques a diario. El derramamiento de sangre en todo el país debe terminar ya”, ha manifestado Isa Sanusi.
Información complementaria
Amnistía Internacional Nigeria ha estado monitoreando los ataques de hombres armados y los enfrentamientos entre ganaderos y agricultores desde 2016 y, en 2020, investigó la inacción de las autoridades para proteger a las comunidades rurales frente a los ataques