GINEBRA – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk condenó el martes pasado el ataque reciente contra una mezquita en la región occidental de Níger, durante el cual al menos 44 feligreses y feligresas resultaron asesinados y otros cientos heridos.
Atacantes pertenecientes al denominado Estado Islámico del Gran Sahara rodearon la Mezquita de Fambita el 21 de marzo y dispararon de forma indiscriminada contra los feligreses y feligresas allí congregados. Posteriormente prendieron fuego a varias viviendas y a un mercado.
"Este ataque atroz contra la Mezquita de Fambita, ocurrido durante las plegarias del viernes dentro de los últimos 10 días del mes sagrado musulmán del Ramadán, tenía la clara intención de provocar el mayor número posible de víctimas civiles, lo que supone una violación flagrante de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario," afirmó Türk.
"Las autoridades deben iniciar una investigación exhaustiva e imparcial de forma inmediata sobre este ataque horrendo y llevar a los responsables ante la justicia, de conformidad con las normas internacionales."
El ataque, en el pueblo de Kokorou, en la región de Tillaberi, ocurrió en el contexto de un empeoramiento general de la situación de seguridad en la región más amplia del Sahel.
"El asalto calculado contra la Mezquita de Fambita durante una ocasión tan importante para los musulmanes, debería suponer una llamada de atención para todos, incluyendo a la comunidad internacional, acerca de la gravedad de la situación y del incremento de los riesgos al que se enfrenta la población civil en Níger," aseguró Türk.
"Yo hago un llamamiento a las autoridades de Níger a adoptar medidas concretas y significativas con ayuda de la comunidad internacional con el objeto de mejorar la seguridad de la población civil y de impedir que pueda repetirse otro ataque de estas características."
El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también apeló a las autoridades a poner en marcha medidas efectivas para asegurar el respeto de los derechos humanos y del estado de derecho, para proteger a la población civil y para hacer partícipes a las comunidades afectadas por la violencia en los esfuerzos destinados a tratar de encontrar una solución duradera para la crisis de derechos humanos que vive actualmente el país.
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