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I. Introducción
1. En el documento de sesión que acompañó a su primer informe (A/HRC/52/CRP.5) y en su segundo informe (A/HRC/55/27), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (en adelante el Grupo de Expertos) dio cuenta del progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes1 debido a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atravesía el país desde 2018. El Grupo expresó especial preocupación por la situación de las personas defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas y del medioambiente2 .
2. En el presente documento de sesión3 , el Grupo de Expertos presenta los hallazgos y las conclusiones de su investigación sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos y los delitos cometidos en contra de personas y comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua desde 2018 hasta marzo de 20244 . Estás violaciones y abusos han afectado a múltiples derechos individuales, como los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad personales, a la integridad personal y a no ser sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la no discriminación en base a la opinión política, la raza, el origen étnico y el género, al debido proceso y a un juicio justo, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión pacífica y de participación en los asuntos públicos. Asimismo, han afectado derechos colectivos de los Pueblos Indígenas como los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al control de sus tierras, territorios y recursos y a ser consultados para determinar su consentimiento libre, previo e informado, entre otros.
3. Los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua gozaron de una autonomía de facto hasta su anexión al Estado de Nicaragua en 1905. Cabe destacar que no pudieron participar en las negociaciones que llevaron a la anexión. Desde entonces han abogado por el reconocimiento de sus derechos y por el respeto de su identidad, incluso ante instancias regionales e internacionales de derechos humanos. En el marco del proceso de autonomía regional, lograron el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política de Nicaragua y en la legislación nacional. Sin embargo, en la práctica, este marco legislativo ha carecido de aplicación efectiva y se ha desvirtuado por la inacción del Estado y la adopción y ejecución de políticas orientadas por intereses económicos en los territorios indígenas y afrodescendientes.
4. Históricamente, los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua fueron objeto de marginación e invisibilización y, en varios aspectos, siguen siendo víctimas de estas. Lo que ocurre en sus territorios generalmente no tiene el mismo eco que lo que ocurre en los demás departamentos del país y sus reivindicaciones frecuentemente no reciben la atención de otros grupos y sectores de la sociedad nicaragüense.
5. En abril de 2018, la población urbana de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe se sumó a la protesta social nacional, reivindicando también la protección de sus territorios y demandando justicia ante la violencia ejercida por los “colonos” mestizos5 . Estas movilizaciones fueron sistemáticamente reprimidas por agentes estatales y “turbas sandinistas”6 . Desde entonces, los líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes y las personas defensoras de sus derechos han sido objeto de agresiones y criminalización y sus organizaciones y medios de comunicación han sido clausurados.