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I. Introducción
1. En su primer informe, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua identificó que religiosos y miembros de la Iglesia católica formaban parte de los colectivos que habían sido victimizados por expresar posturas críticas o por ser activos en organizaciones y movimientos sociales1. En el documento de sesión que acompañó este primer informe, el Grupo de Expertos documentó algunos de los patrones de violaciones y abusos contra la Iglesia católica, entre los que se incluían amenazas, agresiones físicas y verbales, prohibiciones de salir de la casa cural, restricciones a la realización de misas y cultos y otras tradiciones católicas2, criminalización y campañas de desprestigio en contra de sus miembros laicos y religiosos, así como vigilancia y profanaciones de templos. El Grupo documentó también numerosos casos de restricciones al derecho de manifestar las propias creencias, incluyendo la prohibición o restricción de procesiones y otras celebraciones religiosas, así como la cancelación de la personería jurídica de universidades y organizaciones sin fines de lucro católicas y de otras confesiones cristianas, y las confiscaciones de sus bienes3.
2. En el presente documento de sesión, que abarca hechos ocurridos desde abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, el Grupo de Expertos ha continuado documentando violaciones y abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos cometidos contra miembros de la Iglesia católica y, más recientemente, contra miembros de otras confesiones cristianas. Las violaciones y abusos documentados incluyen aquellos a los derechos a la seguridad e integridad personales, a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y a un juicio justo, a la nacionalidad, a la libertad de circulación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a la libertad de asociación y otros derechos conexos, como el derecho a la propiedad. Al cerrar este documento de sesión, el Grupo de Expertos no había recabado información sobre posibles violaciones de los derechos humanos en contra de miembros de religiones no cristianas.
3. Estas violaciones y abusos contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas forman parte de una política para suprimir todas las formas actuales o potenciales de crítica o capacidad autónoma de movilización social contra el Gobierno que puedan generar un cambio en el statu quo4 y que son consideradas como una amenaza al control ejercido por el poder ejecutivo. En el presente documento, el Grupo de Expertos determina si estas acciones han generado responsabilidad del Estado de Nicaragua. Analiza también las implicaciones de las violaciones y abusos contra los miembros de entidades religiosas desde la perspectiva de la responsabilidad individual, en virtud del derecho internacional penal.