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Los riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua

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Resumen ejecutivo

Tres años después de que una serie de protestas masivas volvieran a dejar al descubierto las brechas históricas de Nicaragua, continúa el enfrentamiento entre el gobierno y una oposición que está resuelta pero dividida. En 2018, el presidente Daniel Ortega oprimió los disturbios por medio de una represión que dejó al menos 328 muertos, principalmente manifestantes, y obligó a más de 100 000 personas a huir, en especial a la vecina Costa Rica. Desde entonces, un arsenal de leyes, controles y operaciones policiales han sofocado en gran medida el disenso público, aunque en las redes sociales persiste la condena del gobierno. Garantizar igualdad de condiciones en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre requerirá una modificación urgente de las recientes reformas electorales implementadas unilateralmente y de un acuerdo de todas las partes sobre cuáles son las condiciones aceptables.
Sin esto, es probable que los opositores y las potencias extranjeras tilden las elecciones de amañadas, lo que podría provocar nuevos disturbios y represión. Si bien la intransigencia del gobierno, así como otras prioridades en sus agendas, han llevado a varios países a limitar su involucramiento diplomático con Nicaragua, EE. UU., la Unión Europea y los Estados latinoamericanos deberían presionar para que haya unas elecciones más justas, apoyar un acuerdo de coexistencia política en el país, y abstenerse de imponer nuevas sanciones, que tienen pocas posibilidades de influir en Ortega.

Nicaragua sigue siendo una tierra dividida y complicada. A los ojos del gobierno de Ortega, sus esfuerzos por superar el caos de 2018 han sido en gran medida exitosos. Pero incluso si en el año pasado prácticamente no hubo protestas, el gobierno no ha recuperado su antiguo respaldo popular. Solo un tercio de la población apoya actualmente al presidente. El descontento crece incluso dentro de las filas del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Ortega convirtiéndose en una figura cada vez más aislada, rodeada por un círculo cada vez más reducido de familiares y asistentes. El COVID-19 cobró la vida de más de una docena de figuras prominentes del partido en 2020, mientras las autoridades minimizaban el impacto del virus y enterraban a los muertos en secreto. La economía se contrajo nuevamente en 2020, marcando el tercer año de una recesión que la pandemia y dos huracanes consecutivos han profundizado.

La respuesta a estas condiciones adversas por parte del gobierno ha sido la represión para mantener a la oposición bajo control. Recientemente, las autoridades electorales dictaminaron que el partido que representa a los movimientos cívicos y políticos de la plataforma de oposición de la Coalición Nacional no podrá participar en los próximos comicios. Nuevas leyes amenazan con encarcelar a quienes critiquen a las autoridades con lo que el gobierno llama “noticias falsas”, o a quienes participaron en las protestas de 2018 y desean hacer campaña en las próximas elecciones.
Los grupos de oposición también enfrentan luchas internas. Debido a rivalidades personales y diferencias ideológicas, los movimientos cívicos y políticos ahora se dividen en dos bloques. Considerablemente debilitados, parecen incapaces de ofrecer una alternativa al gobierno que sea coherente y no consiguieron formar una alianza antes del 12 de mayo, fecha límite fijada por las autoridades electorales. Alrededor del 60 por ciento de los nicaragüenses no se identifican con ningún partido político, según encuestas. Aun así, los riesgos de unas elecciones descaradamente injustas (que, dada la experiencia reciente en Nicaragua, podría incluir votos mal contados, hostigamiento a los políticos de la oposición y veto a sus partidos) es probable que desencadene la ira pública. Unas elecciones cuestionables también profundizarían el aislamiento internacional del país y agravarían su situación económica.

Si bien la necesidad de implementar cambios en el sistema electoral es ampliamente reconocida dentro y fuera del país, hay poco consenso sobre qué reforma es esencial. Las propuestas de una reforma electoral y constitucional de fondo por parte de la oposición, así como los llamados a un monitoreo internacional integral de las urnas, contrastan con las intenciones expresas del gobierno de hacer solo modificaciones menores. Además, el reciente nombramiento de partidarios del gobierno en el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de una controversial reforma a ley electoral resaltó lo reacio que está el gobierno a ceder su control de la administración electoral. La Organización de los Estados Americanos estableció el fin de mayo como fecha límite para emprender varias reformas en gran parte técnicas, pero otras, como depurar el registro de votantes, ya parecen inviables debido a limitaciones de tiempo. Los canales de comunicación entre el gobierno y las potencias extranjeras están en gran parte desahuciados a pesar de los recientes esfuerzos, presuntamente liderados por la Santa Sede, para reavivar algunos lazos diplomáticos.

En los últimos años, la decisión de Washington de recurrir a las sanciones como medio para intimidar al gobierno nicaragüense ha sido ineficaz, e incluso contraproducente, ya que Ortega ha respondido adoptando posturas más rígidas respecto al disenso interno y a la supuesta injerencia extranjera. Se necesita con urgencia una diplomacia más sólida y menos dependencia de las medidas punitivas, particularmente por parte de EE. UU. La oposición interna también debe unirse y formular demandas electorales claras y tener un espíritu de concertación para conseguir concesiones significativas por parte de Ortega.

Todavía hay una pequeña ventana de oportunidad para que el gobierno y la oposición preparen las condiciones para unas elecciones creíbles y eviten una escalada de tensiones. Idealmente, en los próximos meses las fuerzas políticas nacionales no solo llegarían a un acuerdo sobre las condiciones aceptables para un escenario electoral imparcial, que incluya la revisión de la composición del Consejo Supremo Electoral y abrir las puertas a una observación internacional sin restricciones, sino que también prepararían el escenario para que en el período postelectoral se den los términos para una coexistencia política pacífica. Con el respaldo de socios extranjeros, este proceso también podría tener como objetivo abordar los legados de la revolución y la guerra que aún están pendientes, y que dan origen a gran parte del conflicto político actual. Lograr unas elecciones justas y pacíficas debe ser el primer paso crucial para garantizar que Nicaragua no se vea consumida por otro brote de violencia política en el futuro próximo.