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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y en el marco del “Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Nicaragua para la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el periodo del 18 de abril a la fecha en Nicaragua”, suscrito el 30 de mayo de 2018, desea poner en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional una actualización de las labores que viene desarrollando en el país desde el 2 de julio de 2018, fecha de instalación del GIEI.
Durante estos cuatro meses el trabajo del GIEI ha sido complejo y difícil. El hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación del GIEI y continúe a la fecha, representa una seria limitación para el trabajo que le ha sido encomendado, así como el miedo reinante entre las víctimas, sus familiares y personas de la sociedad en general a sufrir represalias y criminalización por expresarse y ejercer sus derechos. Muchas familias han optado por salir del país al sentirse inseguras. Todo esto forma parte del contexto en el que operó y opera hoy día el GIEI.
La metodología de trabajo del GIEI tuvo que adecuarse por la falta de cooperación de parte del Estado de Nicaragua. El GIEI no recibió ni la colaboración, ni la facilitación de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con éstas, especialmente con el Ministerio Público1. Frente a ello, el GIEI tuvo que implementar una metodología de trabajo que se basó principalmente en recopilar información de fuentes abiertas y en el análisis de la documentación oficial provista por víctimas y familiares y otras fuentes reservadas. El GIEI examinó un gran número de documentos, videos, fotografías, artículos periodísticos, material de los medios y de las redes sociales.
La información fue recopilada por el GIEI en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos de Norteamérica, México y España, entre otros países, mediante entrevistas directas a víctimas, familiares y otras personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
Las secuelas de la violencia han afectado significativamente la vida cotidiana de las víctimas y sus familiares. Para analizar la respuesta y el alcance de la responsabilidad del Estado frente a esta situación y para elaborar un plan integral de reparaciones, el GIEI invitó al gobierno para presentarle los contenidos que serían parte de un proceso de consulta con víctimas y familiares, así como con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el Estado no respondió a la invitación ni se presentó a las reuniones.
El GIEI ha sostenido más de 20 reuniones de consulta y realizado seminarios con distintas organizaciones de la sociedad civil. En estos, se ha presentado el marco teórico, se han recogido aportes y se han facilitado las herramientas que permitan abordar el deber del Estado de desarrollar los programas y las políticas públicas necesarias para atender la reparación de las víctimas. El GIEI presentará al Estado nicaragüense una propuesta de Plan Integral de Reparaciones.
El GIEI lamenta el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y entiende que este sufrimiento se agrava por la negativa del gobierno de reconocer su condición de víctima y estigmatizarlas. Igualmente, expresa su preocupación por el reclamo de muchas de las personas consultadas, a las cuales el gobierno ofreció “reparaciones” a cambio de que los familiares de la víctima no presenten denuncias ante el sistema de justicia. Por otra parte, no se puede dejar de mencionar el sufrimiento de miles de personas que han tenido que abandonar el país, separarse de sus familias y enfrentar las penurias de vivir en precariedad. El GIEI resalta de manera particular el impacto de esta violencia en los niños y niñas e identifica entre las principales afectaciones el miedo que los paraliza, les impide continuar estudiando, salir a la calle, y les produce problemas para conciliar el sueño, entre otras secuelas.
Otro aspecto que el GIEI pudo constar fue la falta de acceso de muchas personas heridas a una debida y oportuna asistencia médica por parte de profesionales e instituciones públicas de salud. Por otra parte, se ha constatado un gran número de casos en los que el Estado no cumplió con su deber de realizar autopsias, medida que resulta fundamental para esclarecer los hechos. Muchas familias fueron obligadas a firmar actas renunciando a la investigación como condición para entregarles los restos de sus seres queridos.
La desconfianza de las víctimas y familiares en las autoridades encargadas de las investigaciones y el juzgamiento de los responsables de los graves hechos de violencia evidencia la falta de transparencia, independencia y autonomía de las instituciones encargadas de restablecer la justicia. Tal es así que muchas familias ni siquiera han interpuesto denuncias porque descreen del sistema judicial. Otras familias que se han acercado al Ministerio Público no han recibido respuestas acordes a su calidad de víctimas y en muchos casos, se les ha indicado que ellos debían traer las pruebas.
La información obtenida por el GIEI demuestra que los operativos policiales incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza que puso en serio riesgo la vida y la integridad física de gran número de personas, muchos de los cuales resultaron muertos o heridos. Por otra parte, está demostrado que las fuerzas policiales actuaron en connivencia con grupos para-estatales para controlar, dispersar y reprimir las protestas. No puede dejar de señalarse que, a pesar de las numerosas imágenes que dan cuenta del abuso de la fuerza por parte del Estado, no se ha informado que exista ninguna investigación o sentencia contra policías o contra personas que hayan actuado de manera coordinada con la policía. Asimismo, el GIEI subraya que todos los hechos de violencia sean investigados y respetando las garantías fundamentales del debido proceso.
El GIEI ha avanzado en la implementación de su mandato sin contar con el apoyo del Estado nicaragüense, el cual no ha facilitado información oficial a los distintos requerimientos y más aún ha obstaculizado y prohibido el acceso a instituciones públicas en contravención del acuerdo firmado entre las partes. Tampoco ha dado curso a la solicitud del GIEI de que facilite el acceso a entrevistas con familiares de policías asesinados o con policías heridos.
El pasado 17 de octubre el GIEI nuevamente remitió comunicación a las tres partes (OEA, Gobierno de Nicaragua y CIDH) donde dejó asentada “la falta de disposición por parte del Gobierno de Nicaragua en relación con los compromisos adquiridos en el citado Acuerdo”, al evidenciar que el Gobierno: “no ha colaborado con el GIEI a los efectos de dar acceso a los expedientes; no ha brindado ninguna respuesta a las comunicaciones enviadas; no le ha permitido reunirse con las instituciones del Estado con competencia en las investigaciones y causas penales con motivos de los hechos comprendidos en el mandato del GIEI; no ha podido reunirse con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua; no se le otorgó copias ni se ofreció un mecanismo alternativo para acceder a los expedientes. El Gobierno de Nicaragua, tampoco ha entregado información sobre Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”.
Una muestra de la falta de cooperación, fue la ausencia de las 19 instituciones del Estado invitadas a una Reunión Informativa sobre el concepto de reparaciones, estándares internacionales y prácticas comparadas sobre la materia para el día 15 de octubre de 2018. El GIEI tampoco ha recibido respuesta a sus reiterados pedidos para reunirse con las autoridades del Ministerio Público.
El GIEI considera que, ante la demostrada ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia. La Fiscalía Especial debería ser creada mediante una ley o conforme lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como forma de “garantizar la independencia de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal”. La Fiscalía Especial debe reunir las condiciones de autonomía e independencia necesarias conforme los estándares internacionales y ser dotada de fiscales debidamente seleccionados que gocen de un prestigio indudable y del consenso de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil nicaragüense. El GIEI ofrece su disponibilidad y asesoría técnica para facilitar la creación de dicha Fiscalía Especial. Finalmente, el GIEI, pese a todas las limitaciones impuestas por el Estado y por el contexto de violencia que aún persiste, ha podido reunir una importante cantidad de información que le permitirá concluir su mandato presentando un informe final en el que plasmará sus conclusiones y recomendaciones y que, esperamos, sea de utilidad para que Nicaragua encuentre el camino de la justicia que las víctimas merecen.