Estados Unidos y otros gobiernos deben encontrar urgentemente financiamiento para los programas de educación en Myanmar que fueron un salvavidas para estudiantes, profesores y familias de este país asolado por la guerra, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, que ha advertido de que habrá una “generación perdida” si no se toman medidas.
Los testimonios del profesorado y del alumnado recogidos por Amnistía Internacional mostraron el impacto que han tenido en este colectivo de estudiantes de Myanmar los drásticos recortes del presidente estadounidense, Donald Trump, a la ayuda exterior, que incluían el cese del financiamiento de más de 70 millones de dólares estadounidenses para programas educativos en Myanmar, según las personas implicadas en las iniciativas.
“El maltrato al sector educativo de Myanmar desde el golpe militar de 2021 ha privado de oportunidades a millones de jóvenes. Estos recortes estadounidenses en los programas de educación hacen cada vez más probable la perspectiva de que haya una generación perdida”, ha manifestado Joe Freeman, investigador sobre Myanmar de Amnistía Internacional.
“Pero no es demasiado tarde para llenar este vacío en la educación de los y las estudiantes de Myanmar. Gobiernos y universidades de Estados Unidos y otros países deben encontrar la manera de permitirles continuar sus estudios y evitar que se les envíe de nuevo a una zona de conflicto, donde corren el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, ataques aéreos y terrestres contra sus comunidades y reclutamiento forzoso en un ejército que recurre habitualmente a abusos contra los derechos humanos como estrategia de guerra”.
Los programas de educación financiados por Estados Unidos, que se pusieron en marcha tras el golpe de Estado, apoyaron a estudiantes de Myanmar que cursaban estudios en universidades del sudeste asiático; iniciativas de educación superior por Internet; y servicios de educación básica para niños y niñas de comunidades étnicas, remotas y rurales.
Constituyeron un hecho positivo poco frecuente en una situación de constante deterioro de los derechos humanos en el país, donde hasta la fecha han muerto más de 6.000 civiles y han sido detenidos más de 20.000. Se prevé que en 2025 casi 20 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria.
El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el centro de Myanmar el 28 de marzo de 2025, en el que murieron casi 4.000 personas y se destruyeron hospitales, viviendas, monasterios y al menos 1.000 escuelas, no ha hecho sino agravar estas necesidades. También creará obstáculos adicionales para el alumnado que busque acceder a la educación tras más de cuatro años de conflicto armado en el país.
“Los recortes estadounidenses a la ayuda exterior han empeorado una situación que ya era mala. El gobierno de Trump debe dar marcha atrás y no abandonar a los estudiantes de Myanmar que trabajan para cumplir sus sueños en circunstancias extremadamente difíciles. Pero si Estados Unidos sigue fallando a la juventud de Myanmar, otros gobiernos, universidades y donantes deben dar un paso al frente y ayudar”, ha afirmado Joe Freeman.
Crisis en el sector educativo de Myanmar
Después de que los militares de Myanmar tomaran el poder el 1 de febrero de 2021, docentes y alumnado abandonaron las escuelas en señal de protesta. Se instauró un sistema educativo paralelo bajo el depuesto gobierno civil, con nuevas escuelas construidas desde cero, que utilizaban edificios ya existentes, como viviendas particulares, y que se impartían por Internet.
Los militares respondieron deteniendo a docentes y atacando escuelas con bombardeos aéreos, a medida que se intensificaba el conflicto armado en todo el país, especialmente en los lugares donde funcionaban escuelas en zonas fuera del control militar. La situación general provocó un fuerte descenso de las tasas de matriculación, un acceso limitado a escuelas en funcionamiento y escasez de material para la enseñanza. En este contexto, los programas educativos financiados por Estados Unidos llevaron a cabo una labor vital para llenar el vacío, al tiempo que ayudaban a proteger al alumnado, al profesorado y a los progenitores de los abusos contra los derechos humanos.
Aunque el gobierno estadounidense ha presentado falsamente este programa como un ejemplo de despilfarro, no lo es en absoluto.
Joe Freeman, Amnistía Internacional
Desde finales del año pasado, Amnistía Internacional ha realizado entrevistas a distancia y presenciales a más de 50 personas dedicadas a la educación en todo Myanmar, procedentes de los estados de Chin, Rakáin, Kayah y Karenni, así como de las regiones de Magwe, Sagaing y Mandalay, y a personas que viven en el exilio. Entre ellas figuran estudiantes, docentes, funcionarios de educación, progenitores y sobrevivientes de ataques aéreos contra escuelas. Todas ellas subrayaron la importancia vital de la educación para el futuro del país, a pesar de las constantes interrupciones en su prestación.
Una de las personas docentescontó a Amnistía Internacional: “Incluso cuando doy clase, siempre estoy en vilo, sobre todo cuando oigo aviones sobrevolando la zona. Ha habido momentos en los que he oído el sonido de la artillería mientras enseñaba, lo que es tremendamente perturbador”.
Otra dijo: “El objetivo principal ahora es evitar cualquier interrupción en el aprendizaje de los niños y niñas, por lo que las escuelas se han reabierto siempre que ha sido posible. Sin embargo, la calidad de la educación no es tan alta como antes del golpe, sobre todo por la constante necesidad de trasladarse por motivos de seguridad. A menudo, tanto el profesorado como el alumnado tienen que huir de día y de noche, lo que interrumpe el proceso de aprendizaje”.
Entre las personas entrevistadas más recientemente se encuentran algunas beneficiarias de una iniciativa financiada por Estados Unidos denominada Programa de Becas para la Diversidad y la Inclusión (DISP, por sus siglas en inglés). Este programa, financiado por USAID y dotado con 45 millones de dólares, se puso en marcha en 2024 con el objetivo de ayudar a 1.000 estudiantes de Myanmar a estudiar en universidades por Internet y en todo el Sudeste Asiático, en Camboya, Indonesia, Filipinas y Tailandia.
Pero se convirtió en una víctima temprana y muy pública de los ataques del presidente Trump a todo lo relacionado con la diversidad, la equidad y la inclusión. Uno de sus primeros anuncios como presidente fue la cancelación del programa, hecho que volvió a destacar en su discurso público ante el Congreso en marzo.
“Aunque el gobierno estadounidense ha presentado falsamente este programa como un ejemplo de despilfarro, no lo es en absoluto. Los y las estudiantes con quienes hemos hablado describen el programa como un refugio seguro para ellos en tiempos de guerra en su país y un nuevo estímulo para sus sueños”, ha declarado Joe Freeman.
Miranda, de 18 años, estaba en el instituto cuando se produjo el golpe de Estado y, como otros estudiantes, participó en las protestas. Más tarde, su familia huyó al este de Myanmar, donde la joven fue testigo de tiroteos y bombardeos, y finalmente cruzó a Tailandia en busca de refugio.
“Cuando obtuve la beca [DISP] fue una oportunidad de oro para volver a empezar mi nueva vida”, afirmó Miranda, que cursaba estudios de gestión turística en Filipinas.
Acababa de terminar el primer semestre cuando se canceló el programa, lo que la convirtió en una de los cientos de personas de la región que se quedaron sin ayuda.
“Si tenemos que volver a nuestro país… volveremos a estar perdidos”.
Oakley, un estudiante del centro de Myanmar, se enfrenta a retos similares. Pero cuando recibió la beca DISP, tuvo la esperanza de un futuro mejor.
“He vivido muchas explosiones de bombas, mucha guerra alrededor de mi pueblo. Es realmente desolador”, dijo a Amnistía Internacional. “Creía que esta era la oportunidad que me cambiaría la vida. Estoy conmocionado y sin esperanzas”.
Estudiantes como Miranda y Oakley temen regresar a Myanmar, donde podrían ser detenidos por apoyar las protestas antigolpistas o encontrarse entre las numerosas víctimas de los ataques aéreos de Myanmar. “Aunque queremos volver a Myanmar, no podemos”, dijo Oakley. “La situación en Myanmar ya no es segura”.