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México: La Era de las Mujeres: Estigma y Violencia Contra Mujeres Que Protestan

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RESUMEN EJECUTIVO

Las manifestaciones feministas, de grupos de mujeres o mujeres que no hacen parte de colectivas, grupos u organizaciones feministas o de mujeres (en adelante, manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género contra las mujeres), están protegidas por el derecho humano a la libertad de reunión pacífica. Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado como distintas autoridades en México han respondido al ejercicio de este derecho por parte de las mujeres, con violencia y vulneración de sus derechos humanos.

Distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. Amnistía Internacional ha encontrado que las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual.

Como se expone en este informe, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, las manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género contra mujeres, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas. Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra.

El estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, se basa en y refuerza estereotipos de género contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres. Como que las mujeres deben quedarse en casa en lugar de buscarse problemas al manifestarse; o que acciones como pintar consignas, romper cristales, o realizar intervenciones en monumentos, no son propias de las mujeres. Además, el hecho de intentar justificar las violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres con base en la conducta de las propias mujeres constituye, en sí mismo, un estereotipo que las discrimina por atreverse a protestar. El Estadomexicano está en mora de tomar medidas efectivas para cumplir con su obligación de erradicar los estereotipos de género que afectan negativamente a las mujeres.

El estigma de violencia sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, y los estereotipos de género en que se basan las respuestas violentas contra las manifestantes, se intersectan con otras formas de exclusión y marginación, como las que viven mujeres de la periferia, es decir las zonas urbanas más cercanas a la Ciudad de México, en donde hay una alta tasa de impunidad hacia la violencia sufrida por las mujeres y éstas son excluidas del ejercicio de derechos humanos.

Varias de las manifestantes que sufrieron vulneraciones de derechos humanos documentadas en este informe, tenían entre 12 y 17 años, por lo que las autoridades lejos de garantizar el interés superior de la niñez, infringen sus derechos humanos.

Adicionalmente, este informe muestra los sesgos discriminatorios existentes entre las autoridades, que hacen que las mujeres que se cubren el rostro –incluso con cubrebocas como medida sanitaria para protegerse del contagio de la COVID-19–, o se visten de negro, sean consideradas sospechosas de querer cometer o haber cometido un delito. El ocultar el rostro o vestirse de negro no puede equipararse a la comisión de un delito, o a la suposición de uso de violencia durante las manifestaciones.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, las manifestaciones se consideran pacíficas y por lo tanto protegidas por el derecho de reunión, salvo cuando existe violencia generalizada y grave. A su vez, en el contexto del derecho de reunión pacífica, solo se pueden considerar violentos los usos de fuerza que puedan provocar lesiones o la muerte, o daños graves a bienes. 2 De esta forma, las autoridades no pueden estigmatizar como violentas las acciones de las manifestantes como pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales, pues estas expresiones están protegidas por el derecho de libertad a la reunión pacífica y por la libertad de expresión. Si bien las autoridades del Estado podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública y privada, no deben tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de forma pacífica. Incluso, si un grupo de quienes participan en una protesta, utilizan la violencia, las autoridades tienen la obligación de asegurarse que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar haciéndolo, sin que puedan utilizar los actos violentos como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos de las demás personas que se manifiestan.

En este informe se ha documentado que las autoridades policiales, contrariamente a sus obligaciones internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, usaron indebidamente tácticas como el encapsulamiento para acordonar grandes cantidades de mujeres manifestantes en la Ciudad de México, lo que resultó en la vulneración de los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente, e hicieron uso arbitrario de la fuerza letal - al que solo se debe recurrir en última instancia cuando hay riesgos inminentes de muerte o lesiones graves para una o varias personas - para dispersar una manifestación realizada el 9 de noviembre en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dejando tres personas heridas.

Asimismo, en este informe se documenta el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza como una forma de inhibir el derecho de reunión pacífica, a través de “detenciones o aseguramientos preventivos” para detener arbitrariamente a quienes desean participar en manifestaciones o por “sospechas” de querer realizar un delito. En Culiacán, Sinaloa, la policía municipal “detuvo preventivamente” a tres mujeres que pretendían manifestarse el 10 de septiembre de 2020, porque sospechaban que iban a pintar el Palacio Municipal de la ciudad. Un juez cívico 3 les impuso una multa por “escandalizar en la vía pública”, a pesar de que no especificó la conducta concreta que consideraba un escándalo contrario al orden público.

En León, Guanajuato, Amnistía Internacional pudo establecer que la policía municipal detuvo ilegal y arbitrariamente al menos a nueve de las 23 personas detenidas tras la manifestación del 22 de agosto de 2020. Estas personas, en su mayoría mujeres, no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la policía no se identificaron frente a las personas detenidas, no les indicaron los motivos de la detención, e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención.

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 10 de septiembre de 2020, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desalojó con uso excesivo de la fuerza, a las mujeres que ocupaban la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM) en un acto de protesta pacífica. Asimismo, personal de la Fiscalía las detuvo sin que mediara orden judicial y las trasladó en camionetas sin identificación oficial, no a la oficina del Ministerio Público que correspondía en el propio municipio, sino a la del municipio de Atizapán de Zaragoza en la misma entidad, lo que implicó un traslado de 30 minutos, en horas de la madrugada, al aire libre en la parte de atrás de vehículos tipo pickup. Las mujeres manifestantes fueron trasladadas junto con varios niños y niñas en estas mismas condiciones, sin que se tomaran medidas adecuadas para garantizar el interés superior de la niñez. Durante la manifestación en Atizapán de Zaragoza, realizada el 11 de septiembre para exigir la liberación de las mujeres detenidas que ocupaban la CODHEM, personal de la Fiscalía hizo uso innecesario y arbitrario de la fuerza contra las personas que se manifestaban, arrojándoles objetos pesados para disgregarlas y persiguiéndolas aun cuando ya se habían dispersado.
Durante la manifestación del 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, fueron detenidas ocho personas que se manifestaban pacíficamente, siete de ellas mujeres. Dos de estas personas fueron heridas en la cabeza durante la detención ilegal y arbitraria, sin que se les prestara la atención médica necesaria. Las ocho personas fueron “aseguradas preventivamente” por la supuesta comisión de daños. Fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y posteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, sin que hubieran sido presentadas a ninguna autoridad competente, ni se les haya realizado certificación médica.
Durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias mujeres y niñas sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal basado en estereotipos de género.

Todo lo anterior, como una forma de aleccionamiento por atreverse a salir a manifestarse, y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género de acuerdo con los cuales, las mujeres deben quedarse en casa y no salir a buscar problemas.

En las distintas manifestaciones documentadas para este informe, las mujeres detenidas sufrieron un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada, lo cual puede ser contrario a la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes: la forma arbitraria de las detenciones, con uso excesivo de la fuerza, sin exponer los motivos y sin que las y los integrantes policiales se identificaran debidamente, así como la incomunicación a la que fueron sometidas varias de las manifestantes, los traslados por rutas no usuales, sin conocer el sitio a donde iban a ser llevadas, y en algunos casos sin que fueran presentadas a autoridad competente, llevaron a reforzar este temor.
Es preocupante el uso de diversas formas de violencia sexual por integrantes de los cuerpos policiales contra las manifestantes, como una forma de violencia basada en género y como una táctica para aleccionar a las manifestantes por supuestamente estar comportándose de forma contraria al orden público: amenazas de ser sometidas a violencia sexual, comentarios de índole sexual, acoso sexual y omisión de tomar medidas frente al acoso sexual ejercido por otros detenidos, así como exámenes médicos realizados en presencia de personal distinto al de salud sin consentimiento de las manifestantes. Asimismo, se recibió información de la ocurrencia de al menos cuatro casos de tocamientos sexuales contra manifestantes: dos adolescentes en León, Guanajuato, y una adolescente y otra mujer, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En Cancún, Quintana Roo, una mujer denunció ser víctima de violación sexual, mientras que se recibió información de otra mujer detenida que habría sufrido el mismo tipo de violencia sexual.
Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la violación sexual es considerada una forma de tortura. Otras formas de violencia sexual sufridas por las manifestantes también pueden ser consideradas contrarias a la prohibición absoluta de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por tener una intención aleccionadora y haber generado un sufrimiento intenso en las manifestantes. Las autoridades que recibieron denuncias o reportes de la violencia sexual sufrida por las manifestantes omitieron su deber de dar aplicación al Protocolo de Estambul, mientras que las autoridades de investigación penal han sido negligentes en la investigación pronta, oportuna e imparcial de los casos de violación sexual denunciados.

Más de dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México4 , Amnistía Internacional encontró que el Estado mexicano ha realizado avances mínimos en la adopción e implementación de medidas específicas y efectivas frente a la violencia de género contra las mujeres, incluyendo contra los diversos tipos de violencia sexual, en el contexto de manifestaciones. La violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia sexual, sigue siendo usada por las autoridades como una forma de inhibir el ejercicio del derecho de las mujeres a la reunión pacífica, como una táctica ilegítima y contraria al derecho internacional en relación con el manejo del orden público, y como un mecanismo aleccionador contra las mujeres por desafiar los estereotipos de género al salir del espacio privado para tomarse las calles.

Dado el nivel de violencia que sufren las mujeres y las niñas que participan en manifestaciones en México, y el escalamiento de la violencia en su contra por parte de las autoridades, Amnistía Internacional considera que se configura una situación de riesgo particular para las manifestantes feministas y que se pronuncian contra la violencia de género. En este sentido, las autoridades mexicanas deben adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacifica, el derecho a estar libre de violencia, y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que participe este grupo de personas.

Con base en la investigación realizada, Amnistía Internacional recomienda a todas las autoridades de México, en los distintos niveles geográficos:

EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN PACÍFICA

• Abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes y las manifestaciones feministas y que se pronuncian contra la violencia de género contra las mujeres.

• Reconocer de forma constante y a través de los medios más amplios a su alcance, la legitimidad de las manifestaciones feministas y que se pronuncian contra la violencia de género contra las mujeres.

• Reconocer de forma constante y a través de los medios más amplios a su alcance, que pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, son manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones.

• Garantizar que quienes participan en una protesta puedan cubrirse el rostro si así lo desean y ejercer así su derecho de reunión de forma anónima. Y asegurar que, únicamente requerirán la identificación de estas personas cuando su conducta ofrezca motivos razonables para justificar su detención.

SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

• Adoptar medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente frente a los feminicidios o asesinatos de mujeres en razón del género, y las diversas formas de violencia sexual.

• Garantizar el acceso a la justicia y la reparación adecuada de quienes han sufrido violencia de género y abstenerse de revictimizar a quienes sufren alguna vulneración de su derecho a vivir una vida libre de violencia.

EN RELACIÓN CON LA TORTURA Y LA VIOLENCIA SEXUAL

• Fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, asignando los recursos necesarios y garantizando que exista coordinación interinstitucional en su implementación.

• Realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre las denuncias de violencia sexual en todas sus formas presentadas por mujeres manifestantes, en las cuales se debe aplicar la perspectiva de género, para asegurar que se lleve a las personas responsables ante la justicia y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas.

• Valorar como un elemento clave dentro de las investigaciones sobre violencia sexual en todas sus formas y la tortura sexual, el testimonio de quien sufrió estas vulneraciones de derechos humanos, así como tomar medidas para evitar su revictimización.

• Reforzar la realización de exámenes forenses compatibles con el Protocolo de Estambul, asegurando un trato sensible en cuanto al género de las sobrevivientes, garantizando personal médico femenino para atender a las mujeres víctimas y considerando a la sobreviviente como una persona que tiene el control total para decidir cómo quiere ser tratada.

SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO

• Responder a los posibles hechos de violencia perpetrados por grupos específicos de manifestantes de manera diferenciada y proporcionada, respetando y protegiendo el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente.

• Realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, para establecer la responsabilidad de policías individualmente considerados, así como de los integrantes de la cadena de mando.

• Realizar ciclos de evaluación constantes y exhaustivos sobre las capacitaciones en derechos humanos a los cuerpos policiales, sus resultados e impacto.

• Implementar un servicio civil de carrera y profesionalización para los cuerpos policiales, que opere conforme a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos laborales de las y los integrantes de estos cuerpos, así como basado en el desempeño y con indicadores asociados a la construcción de confianza con la población y el respeto a los derechos humanos.

• Garantizar la existencia de un mecanismo especializado, externo e independiente de los cuerpos policiales, a cargo del monitoreo, supervisión y mejora de estas instituciones.

• Garantizar el acompañamiento interinstitucional de las manifestaciones, de modo tal que no solo haya coordinación entre distintos cuerpos policiales, sino que, además, se den respuestas coordinadas y dirigidas por una instancia no operativa.

SOBRE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS

• Garantizar que ninguna persona sea detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión o de reunión pacífica.

• Liberar inmediata e incondicionalmente a cualquier persona que haya sido detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión o de reunión pacífica, retirar cualquier cargo relacionado que aun esté pendiente y cerrar las investigaciones respectivas.

• Asegurarse que todo integrante de la policía garantice el derecho de toda persona de ser informada, desde el momento mismo de la detención, de las razones de su privación de libertad y de los derechos que le asisten, incluyendo el derecho a contactar inmediatamente a una abogada o abogado de su elección y a sus familiares.