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RESUMEN EJECUTIVO
Esta es la duodécima edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El IPM proporciona una medición integral de la paz en México, que incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia. La metodología del IPM se basa en el Índice de Paz Global (IPG), la medición más importante de la paz a nivel mundial, elaborado anualmente por el IEP desde 2007. El IPM se compone de 12 subindicadores agrupados en cinco indicadores principales.
La paz en México mejoró un 0.7% en 2024, marcando el quinto año consecutivo de mejora moderada, después de cuatro años de deterioro pronunciado. El año pasado, 18 estados mejoraron su calificación en el IPM, mientras que 14 estados registraron deterioros.
Colima se mantuvo como el estado menos pacífico del país por tercer año consecutivo, ya que volvió a registrar más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, por mucho la peor tasa de homicidios del país. Los siguientes estados más violentos fueron Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. En contraste, Yucatán fue nuevamente el estado más pacífico de México por octavo año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Durango, Chiapas y Nayarit.
A pesar de las mejoras moderadas registradas en los últimos cinco años, México es considerablemente menos pacífico que en 2015. En ese periodo, la paz en el país se ha deteriorado un 13.4%, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que hace una década. Por ejemplo, la tasa de homicidios es 54.7% más alta que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha aumentado 71.2%.
La actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los niveles extremos de violencia en México. Desde 2007, el número anual estimado de homicidios vinculados a organizaciones criminales se ha multiplicado por más de seis, pasando de aproximadamente 3,000 muertes al año a cerca de 18,000 el año pasado. En contraste, los homicidios no asociados con la delincuencia organizada han mostrado pocos cambios en ese mismo periodo.
Gran parte de esta violencia ocurre en el contexto de la compleja relación entre México y Estados Unidos, en particular debido a las actividades de los cárteles mexicanos para abastecer la demanda del enorme mercado estadounidense de drogas ilícitas, especialmente fentanilo. La gran mayoría de los flujos de bienes y personas a través de la frontera MéxicoEstados Unidos son legales, regulados y mutuamente beneficiosos. Sin embargo, en la última década, los flujos transfronterizos ilegales de drogas, armas y dinero han tenido consecuencias devastadoras tanto para México como para Estados Unidos. En México, han alimentado niveles extremos de conflicto armado entre grupos de la delincuencia organizada en amplias regiones del país; en Estados Unidos, se han asociado con decenas de miles de muertes por sobredosis de drogas. Además, los recientes aumentos en los flujos de migrantes internacionales no autorizados hacia el norte han tenido efectos desestabilizadores tanto para Estados Unidos como para México, generando tensiones diplomáticas y divisiones políticas internas. No obstante, las estadísticas de los últimos tres años sugieren que algunos de estos flujos no autorizados o ilícitos —en particular los relacionados con migrantes y drogas— podrían haber alcanzado su punto máximo en 2022-2023 y estar ahora en una trayectoria descendente.
En la última década, México también ha experimentado un aumento en las formas domésticas de crímenes de la delincuencia organizada, en particular el narcomenudeo y la extorsión. Las extorsiones han aumentado 45.5% desde 2015, mientras que los delitos de narcomenudeo se han incrementado en más de 161%. Aunque tradicionalmente se ha considerado a México como un país productor o de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos, el mercado interno de drogas ha crecido en los últimos años. Se ha observado un aumento significativo en la cantidad de mexicanos que buscan tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas como metanfetamina y éxtasis, incluso mientras el consumo de sustancias como el alcohol y la marihuana parece estar disminuyendo.
En el contexto de las elecciones nacionales históricas de junio de 2024, el año pasado fue el más letal del que se tenga registro para figuras políticas en México. Se contabilizaron al menos 201 asesinatos con motivación política en 2024, y aproximadamente una quinta parte de las muertes ocurrieron en el mes previo a la elección. Los datos de los últimos tres ciclos electorales muestran que la violencia política tiende a intensificarse justo antes de cada jornada electoral. La gran mayoría de las víctimas de la violencia política son actores que operan a nivel municipal. Expertos han señalado que esto se debe a la importancia sustancial que el poder local tiene para los grupos de la delincuencia organizada.
Se ha identificado una tendencia creciente de personas reportadas como desaparecidas en todo el país, lo que ha generado niveles crecientes de alarma e indignación. Desde 2010, se han registrado aproximadamente 292,000 casos de personas desaparecidas en México, y más de la mitad de estos casos ocurrieron en los últimos seis años. Paralelamente, el aumento en el hallazgo de fosas comunes y entierros clandestinos en todo el país sugiere que muchas de estas personas desaparecidas han sido probablemente víctimas de homicidio. Esta práctica, junto con el entierro clandestino de los cuerpos, ha sido particularmente frecuente en Jalisco. Desde 2006, un tercio de los cuerpos hallados en fosas clandestinas en México se han encontrado únicamente en ese estado. En marzo de 2025, el hallazgo de un sitio de ejecución masiva en Teuchitlán, Jalisco, desató protestas nacionales ante el aparente fracaso de las autoridades para prevenir este tipo de violencia y para buscar y localizar debidamente los cuerpos de las víctimas.
El costo económico de los niveles extremos de violencia en México es alarmante. El año pasado, el impacto económico de la violencia aumentó por primera vez desde 2019. En 2024, se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.5 billones de pesos (USD 245 mil millones), equivalente al 18% del PIB de México. En términos per cápita, el impacto fue de 33,905 pesos, más que el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. El año pasado, el impacto aumentó 3.4%, o 149 mil millones de pesos.
El gasto de México en seguridad pública y en el sistema de justicia se encuentra muy por debajo de los niveles regionales e internacionales. En 2024, México destinó el 0.7% de su PIB a estos rubros, menos de la mitad del promedio tanto de América Latina como de los países de la OCDE.
Para enfrentar de manera más eficaz el crimen y la violencia, el sistema judicial de México requiere mayor inversión. El país cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una cifra equivalente a una cuarta parte del promedio mundial. Esto ha resultado en una gran cantidad de personas encarceladas sin haber recibido sentencia o juicio. El fortalecimiento del Poder Judicial es especialmente importante para combatir los altos niveles de impunidad en México. En 2024, se aprobó una reforma judicial que establece la elección directa por voto popular de jueces y magistrados. Si bien esta reforma busca fomentar la rendición de cuentas y mejorar la eficiencia, expertos advierten que este mecanismo podría hacer al sistema judicial más vulnerable a la influencia política, socavando su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y conforme al estado de derecho.
La resiliencia socioeconómica de México, medida por la calificación del Índice de Paz Positiva (IPP), se ha deteriorado en un 2.4% en la última década. Este deterioro es mayor que el registrado por la región de Centroamérica y el Caribe, que en promedio se deterioró 0.8%. La Paz Positiva es una medición de las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas.
El deterioro de México en materia de Paz Positiva en los últimos diez años ha sido impulsado principalmente por deterioros en cuatro Pilares de Paz Positiva: Buen funcionamiento del gobierno, Buenas relaciones con los vecinos, Entorno empresarial sólido y Bajos niveles de corrupción. La medida subnacional de la Paz Positiva presentada en este informe, el Índice de Paz Positiva México (IPPM), muestra además que los pilares de Bajos niveles de corrupción y Buen funcionamiento del gobierno son los que presentan mayor correlación con los niveles de paz de los estados, según el IPM y sus cinco indicadores de paz negativa. Esto sugiere que la corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que impulsan la violencia en México, ya que contribuyen a la impunidad y limitan los recursos disponibles para combatir el crimen.
Aunque serán indispensables estrategias de seguridad sólidas para reducir la violencia en México, la construcción de la paz también requerirá iniciativas que aborden las condiciones sociales e institucionales que dan origen a dicha violencia. Será fundamental fomentar mayores niveles de confianza ciudadana, combatir la corrupción, fortalecer las instituciones para que sean percibidas como eficaces y legítimas, y ampliar las oportunidades significativas para la juventud. El Índice de Paz México 2025 ofrece una visión multifacética de los desafíos que enfrenta el país en materia de paz y violencia, proporcionando insumos valiosos para responsables políticos, líderes empresariales y organizaciones de la sociedad civil que buscan construir paz en todo el territorio nacional.