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En la actualidad, existen varias situaciones de desplazamiento interno en México. Posiblemente la más importante ha sido la causada desde 2007 por la violencia de los carteles de la droga y la respuesta militar del gobierno. Ello ha causado desplazamiento en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán.

Este desplazamiento ha sido poco documentado, y se precisan estudios más detallados sobre su escala e impacto. Se ha reportado tres casos de desplazamiento masivo que causaron el desplazamiento de 3.000 personas; por otro lado, la violencia ha causado un desplazamiento gradual del que se ha recogido información en muy pocas ocasiones. Sin embargo, un centro de investigación que documentó el desplazamiento en Ciudad Juárez encontró que hasta 220.000 personas habían abandonado su lugar de residencia en esa zona en un período de tres años como resultado de la violencia, de los cuales la mitad se habría quedado en el país como desplazados internos. Un informe de una consultoría privada mencionada por varios medios de comunicación ha sugerido que la violencia ha desplazado internamente a 1,6 millones de personas en los últimos cinco años; sin embargo, el informe no está disponible al público y se desconoce en qué se basa esta cifra.

Muchas veces, las personas que escapan de la violencia causada por los carteles de la droga no han encontrado la seguridad que buscan en su lugar de desplazamiento. Otro gran desafío ha sido la falta de protección física y jurídica de sus viviendas, tierras y propiedades. Algunos desplazados internos han perdido sus documentos de identidad como resultado de su desplazamiento repentino, y, por consiguiente, no han podido acceder a servicios sociales. Si bien no se ha realizado ninguna evaluación adecuada del acceso de los desplazados internos a las necesidades básicas, por lo general se ha asumido que se ganan la vida por si mismos o dependen de sus familiares. La situación más prolongada de desplazamiento fue causada por la insurrección Zapatista de 1994 en el estado de Chiapas. Las comunidades indígenas que apoyan al movimiento Zapatista han continuado siendo desplazadas y en ocasiones han causado desplazamiento, y las últimas estimaciones sugieren que entre 9.000 y 24.000 desplazados internos siguen en situación de desplazamiento prolongado. En Chiapas y en los estados vecinos de Oaxaca y Guerrero, el desplazamiento también ha sido causado por tensiones de carácter religioso dentro de las comunidades indígenas. Mientras tanto, en Oaxaca, las comunidades indígenas triqui también han sido víctimas del desplazamiento debido a los ataques de grupos paramilitares. Los desplazados internos en todos estos estados tienen un acceso limitado a medios de vida, y no se ha tomado ninguna iniciativa para la restitución de sus tierras. El gobierno ha reconocido el problema y ha tomado algunas medidas para abordar el desplazamiento prolongado causado a raíz de la insurrección Zapatista. Las otras situaciones menores en Chiapas y en sus estados vecinos de Oaxaca y Guerrero han recibido mucha menos atención. En este contexto, dos procesos notables han sido el proyecto de ley sobre el desplazamiento interno propuesto en 2011 por el gobierno de Chiapas, y la decisión del senado mexicano de asignar más fondos para brindar apoyo a los desplazados internos indígenas.