Jesús A. Núñez Villaverde
Fuera de los principales focos de atención mediática, en la región del Sahel se experimenta un creciente proceso desestabilizador, de carácter violento, que afecta a varios de los países de la zona. Atendiendo a los estallidos más recientes, tanto Mauritania como Argelia destacan como principales campos de una batalla que tiene en el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) su punto en común. Este grupo- identificado inicialmente como uno más de los que desde el golpe de Estado de 1992 (que supuso la paralización de un proceso electoral que, según todas las previsiones, iba a dar la victoria al Frente Islámico de Salvación) venían usando la violencia contra los sucesivos gobiernos argelinos, incluyendo el actual de Abdelaziz Buteflika- es visto en estos últimos tiempos como el principal "representante" de la marca Al Qaeda en la región. A tenor de sus actos no sólo sigue manteniendo en jaque a las fuerzas armadas y de seguridad argelinas- en tanto que tratan de ejercer la violencia contra un régimen que siguen considerando inaceptable-, sino que aparece como el aglutinador de minúsculos grupos y células que pululan por la zona magrebí, con capacidad para liderar de alguna manera su lucha contra los actuales regímenes de la región. Esto le ha permitido ampliar su radio de acción, incluyendo a Mauritania entre sus objetivos.
Limitándonos a estos últimos días, basta recordar lo ocurrido el pasado 4 de junio, cuando 15 militares mauritanos resultaron muertos como consecuencia de un ataque contra una pequeña base militar en el noreste del país, al tiempo que otros 17 fueron heridos en un ataque similar contra la base de Lemgheity (a escasos kilómetros de la frontera entre Mauritania, Argelia y Mali). Al parecer, el ataque fue desencadenado por un grupo de unos cien militantes del GSPC, lo que habla bien a las claras de su potencialidad y de su osadía, en una estrategia que pretende enviar un mensaje de fuerza al gobierno mauritano, para intentar frenar la campaña que el presidente Maauiya Uld Taya viene desarrollando desde hace unos meses para erradicar cualquier oposición a su cuestionado liderazgo (basta recordar que en junio de 2003 sufrió un intento de golpe de Estado, que se reprodujo nuevamente en agosto y en septiembre de 2004). Con el propósito de consolidar su totalitario poder, el presidente mauritano está desarrollando una frontal campaña de persecución de los grupos islamistas, que considera directamente responsables de sus problemas y mantiene actualmente encarcelados a una cincuentena de sus miembros.
En Argelia, cuando Buteflika insiste en lograr la concordia civil por caminos no siempre recomendables (como decretar el perdón de los responsables de tantas atrocidades como las que se cometieron durante la larga etapa de confrontación civil de la pasada década, sin que medie la justicia y el perdón, el único que realmente importa, de las víctimas y sus familiares) las cosas no van en mejor dirección. Actualmente el gobierno insiste en que de manera inminente se llevará a cabo la primera fase de un amplio programa de recogida de las armas que se entregaron a la población civil desde mediados de los años noventa. Al margen de que aquella medida- que puso en marcha una dinámica desestabilizadora derivada de las aproximadamente 400.000 armas entregadas- supusiera una dejación de responsabilidad por parte del estado (principal encargado de la seguridad de sus ciudadanos), lo que demuestra este tipo de noticias/rumores es la dificultad con la que se encuentra hoy el régimen para imponerse definitivamente a una población que no confía todavía suficientemente en sus dirigentes.
Pero al mismo tiempo, la noticia sobre la muerte de 13 policías ocurrida ayer mismo en Ain Rich (en la provincia de Msila), en las cercanías de la propia capital, vuelve a poner de manifiesto que la violencia sigue siendo una seña de identidad de este atormentado país y que el GSPC mantiene su capacidad, si no para imponerse a las fuerzas de seguridad (como era el temor cuando el Grupo Islámico Armado (GIA) y el Ejército Islámico de Salvación (EIS) retaban directamente a las fuerzas argelinas a mediados de la década pasada), sí al menos para obligarlas a no bajar la guardia.
Aunque estas dos noticias pudieran parecer inicialmente puntuales y de escasa importancia, bastaría para modificar ese juicio recordar que el pasado 30 de mayo el embajador estadounidense en Argel no desmintió que se esté preparando una importante operación militar en el Sahel, con participación de fuerzas armadas y de seguridad de varios países de la zona. La percepción de esa zona central y meridional del desierto sahariano, alejada en principio de las principales vías de comunicación internacionales, está sirviendo al GSPC de base de adoctrinamiento, contacto y preparación de acciones violentas (tanto propias como de otros grupos que se conecten de una u otra forma con él), es suficientemente alta como para justificar, en el marco de la mal llamada "guerra contra el terror", que el Pentágono esté impulsando una operación de esa naturaleza para antes de que acabe el presente año. Aunque el GSPC ha experimentado las bajas sucesivas de su máximo líder, Nabil Sahraui, y cuatro lugartenientes suyos, eliminados en junio de 2004, en tanto que su segundo, Amari Saifi, se encuentra actualmente en prisión, todavía está en condiciones de provocar muchos dolores de cabeza.
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