“Las autoridades iraníes deben paralizar todos los planes de llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y proteger frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos a todas las personas arrestadas por acusaciones de espionaje para Israel”.
Desde que comenzaron los ataques israelíes contra Irán el 13 de junio, las autoridades iraníes han arrestado a decenas de personas acusadas de “colaboración” con Israel, han hecho estremecedores llamamientos a favor de acelerar juicios y ejecuciones, y han ejecutado a un hombre el 16 de junio.
También preocupa enormemente la situación de quienes ya están en espera de ejecución, incluidos al menos ocho hombres condenados a muerte por este tipo de acusaciones tras juicios injustos.
“Los llamamientos oficiales para acelerar los juicios y las ejecuciones de las personas detenidas por presunta colaboración con Israel muestran que las autoridades iraníes utilizan la pena de muerte como arma para afianzar el control e infundir miedo entre la población iraní. Las autoridades deben garantizar que protegen a todas las personas detenidas frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos, y que reciben un juicio conforme a las normas internacionales en todo momento, incluso durante el conflicto armado”, declaró Hussein Baoumi, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia. El derecho internacional prohíbe en especial su uso por espionaje y otros delitos afines que no conllevan un homicidio intencional. La prisa por ejecutar a personas tras ‘confesiones’ empañadas por la tortura y juicios manifiestamente injustos sería un espantoso abuso de poder y un fragrante atentado contra el derecho a la vida. Las autoridades deben paralizar inmediatamente todos los planes de llevar a cabo nuevas ejecuciones y de imponer condenas a muerte, y establecer con urgencia una moratoria de todas las ejecuciones”.
Las autoridades deben garantizar que protegen a todas las personas detenidas frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos, y que reciben un juicio conforme a las normas internacionales en todo momento, incluso durante el conflicto armado.
Hussein Baoumi, director regional adjunto para Oriente Medio y el Norte de África
Alarmantes llamamientos para acelerar juicios y ejecuciones
El temor de ejecuciones arbitrarias ha aumentado tras las alarmantes declaraciones oficiales, que ha estudiado Amnistía Internacional, que anuncian decenas de arrestos en todo el país por presunto “espionaje” o “colaboración” con Israel, junto con órdenes para juicios y ejecuciones acelerados.
El 15 de junio, el presidente de la Magistratura de Irán, Gholamhossein Mohseni Eje’i, ordenó al fiscal general y a los fiscales provinciales del país que castigaran a los “elementos que perturben la paz y la seguridad del pueblo” o “colaboren” con Israel. Dijo que los procedimientos acelerados “disuadirán” a la gente y ordenó que se juzgara, condenara y castigara a las personas “con extrema rapidez”.
El mismo día, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, máximo órgano decisorio de Irán, anunció que lo que calificó de acciones “en favor de Israel se encontrarían con una respuesta decisiva y el castigo más duro” de la ejecución por los cargos de “enemistad contra Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad fel-arz), que conllevan la pena de muerte en virtud de la legislación iraní.
La declaración explicaba que las acciones que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional considere que corresponden a estos dos cargos capitales incluyen las dirigidas a “legitimar o limpiar la imagen del régimen sionista”, “difundir rumores o información falsa”, “incitar o alentar a personas o grupos a actuar contra la seguridad nacional” y “sembrar la división entre los segmentos de la sociedad, etnias y sectas religiosas del país”.
La declaración pone de relieve la preocupación que suscitan hace tiempo los cargos excesivamente generales de “enemistad contra Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad fel-arz) que, en virtud de la legislación iraní, permiten el uso de la pena de muerte para castigar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión —que nunca debe ser criminalizado— y delitos reconocibles internacionalmente como el espionaje que, aunque tienen carácter penal, no alcanzan el umbral de “los más graves delitos” que conllevan un homicidio intencional exigido por el derecho internacional para la aplicación de la pena de muerte.
El 17 de junio de 2025, el Parlamento iraní aprobó también una moción para acelerar la aprobación de un proyecto de ley que facilita un uso más amplio de la pena de muerte por “espionaje” o “cooperación con gobiernos hostiles”, como Israel y Estados Unidos. En la actualidad, la pena por el cargo de espionaje es la prisión; por tanto, para aplicar la pena de muerte, la fiscalía debe combinar varios actos diferentes para alegar que constituyen colectivamente “corrupción en la tierra” (efsad fel-arz). En virtud de este proyecto de ley, el “espionaje” o la “cooperación con gobiernos hostiles” se considerarán incluidos automáticamente en el cargo de “corrupción en la tierra” (efsad fel-arz) y conllevarán la pena de muerte.
Dado el largo y estremecedor historial de las autoridades iraníes de violación de los derechos de las personas detenidas por cargos de seguridad nacional, Amnistía Internacional renueva sus llamamientos urgentes para que garanticen que se protege todas las personas arrestadas recientemente de la desaparición forzada y de la tortura y otros malos tratos. Todas las personas privadas de libertad deben tener acceso a profesionales de la abogacía de su elección desde el momento del arresto y ser sometidas a juicios con las debidas garantías con arreglo al derecho internacional sin recurso a la pena de muerte. Las personas detenidas por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión deben ser puestas en libertad inmediata e incondicional.
Mayor riesgo de ejecución de personas que ya están en el corredor de la muerte
Tras la ejecución de Esmail Fekri el 16 de junio en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj, provincia de Alborz, después de un juicio manifiestamente injusto, Amnistía Internacional expresa preocupación por la posibilidad de que, en un intento equivocado de proyectar fuerza, las autoridades ejecuten al menos a otros ocho hombres condenados a muerte en diferentes causas por acusaciones de espionaje o colaboración con Israel tras juicios manifiestamente injustos.
Entre ellos figura el académico iranosueco Ahmadreza Djalali, recluido en la prisión de Evín, en Teherán, detenido arbitrariamente desde 2016. Un Tribunal Revolucionario lo condenó a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en octubre de 2017 tras un juicio manifiestamente injusto basado en “confesiones” forzadas hechas bajo tortura y otros malos tratos, incluidas amenazas de ejecución y de matar o hacer daño a su familia.
También están en peligro Afshin Ghorbani Meyshani, Azad Shojaei, Edris Aali y el nacional iraquí Rasoul Ahmad Rasoul, recluidos en la prisión central de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental; Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh, recluido en la prisión de Ghezal Hesar, provincia de Alborz; Rouzbeh Vadi, recluido en la prisión de Evín, provincia de Teherán, y Shahin Basami, recluido en la prisión de Adel Abad, provincia de Fars.
Ahmadreza Djalali, Afshin Ghorbani Mishani, Azad Shojaie, Edris Aali y Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh corren peligro inminente de ser ejecutados, pues el Tribunal Supremo ha confirmado su condena a muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.
Información complementaria
Según un portavoz gubernamental iraní, desde que comenzó la escalada de hostilidades entre Israel e Irán el 13 de junio, han muerto en Irán al menos 224 personas, 74 mujeres y niños y niñas entre ellas. Mientras tanto, según el Frente Doméstico de las Fuerzas de Defensa de Israel, han muerto en ese país al menos 24 personas, entre las que hay mujeres y niños y niñas.