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Panorama de la situación de violencia y protección en el Norte de Centroamérica #4 - El Acceso a la Educación en Entornos Violentos

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Grupo de Protección Regional del REDLAC para NCA, liderado por el Consejo Noruego para Refugiados y apoyado por ACNUR y AECID

El derecho a la educación, consagrado en el derecho internacional, implica que los estados deben tomar los pasos necesarios para asegurar a todos los niños y niñas el acceso universal a un ambiente de aprendizaje seguro y de calidad. Ese derecho no se suspende en tiempos de conflicto, ni de desplazamiento.

En el Norte de Centroamérica, la crisis de protección actual tiene un alto impacto en el acceso universal a una educación de calidad. En las comunidades más afectadas por la violencia criminal: el camino a la escuela es riesgoso, hay infiltración de las pandillas y maras en la escuela, y la violencia física y sexual es tan frecuente que se ha empezado a asumir como una situación habitual. En lugar de ser la escuela un espacio que contribuye a la paz, al desarrollo y a la garantía de los derechos, los institutos educativos hoy pueden ser sitios donde se hace reclutamiento, extorsión y control de la vida de niños, niñas y adolescentes, en incluso docentes. Las respuestas de los gobiernos, aunque con variaciones en cada país, se caracterizan por: la falta de presupuesto; la ausencia de políticas públicas que aborden las consecuencias de la violencia con un enfoque de protección; nulos esquemas de protección a estudiantes y docentes afectados; y un abordaje de la protección desde la intervención policiva (controles en entradas, requisas a estudiantes).

Un reflejo de esta situación es que en sólo 2018, 49,000 niños, niñas y adolescentes (NNA) desertaron de la escuela en El Salvador, sin contar a los NNA ya desescolarizados. De otro lado, se estima que hay hasta 900,000 NNA fuera del sistema educativo en Honduras3 , y unos 1.5 millones en Guatemala en 20184 . La deserción a menudo implica el confinamiento, el trabajo infantil, el reclutamiento forzado o coaccionado, el desplazamiento interno o transfronterizo, entre otras consecuencias.

Este boletín destaca: los riesgos que enfrentan los NNA, docentes, escuelas y comunidades afectadas por la violencia; las respuestas adelantadas por los estados y los actores humanitarios, así como las recomendaciones presentadas por una selección de organizaciones humanitarias en la región. La investigación se enfoca en el acceso a la educación públicas para los NNA de 6 a 18 años.