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Panorama de la situación de violencia y protección en el Norte de Centroamérica Boletín #5 - El Impacto de la Violencia sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada

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El Impacto de la Violencia sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada en el Norte de Centroamérica

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho fundamental, y es clave para el disfrute de los demás derechos económicos, sociales y culturales. La vivienda fue reconocida y definida como parte del derecho a un nivel de vida adecuada en varias fuentes de derecho internacional, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19661 . Los Estados están entonces en el deber de proteger el derecho a una vivienda adecuada y por ende adoptar medidas dirigidas a su cumplimento2 .
Las condiciones de una vivienda adecuada son: la seguridad de tenencia, la cual protege a los habitantes contra el desalojo forzoso y el hostigamiento, la disponibilidad de servicios básicos, la asequibilidad de un hogar, así como su habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural3 . Los derechos de ‘tierra, propiedad y vivienda’, son fundamentales para las personas desplazadas, y existen protecciones especiales para ellos bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y los Principios Rectores de los desplazamientos internos en cuanto al acceso, garantía y disfrute a la vivienda adecuada4 . Estas medidas de protección aseguran que las personas desplazadas acceden a una solución duradera y segura.

En el Norte de Centroamérica (NCA) el acceso, el disfrute y la garantía al derecho a una vivienda adecuada son limitados, debido a distintas razones. Este boletín destaca las principales barreras que obstaculizan la garantía de este derecho fundamental, en particular en el contexto de la violencia criminal y el desplazamiento forzoso. ¿Cuáles son las vulnerabilidades existentes en el acceso a la vivienda adecuada en el NCA? ¿Cómo afecta la violencia criminal este derecho? ¿Cómo están respondiendo los Estados y el sector humanitario frente a la problemática?

Puntos Destacados:

  • La obtención y la seguridad de tenencia han sido impactadas en las últimas décadas por factores como la pobreza la falta de seguridad jurídica, la corrupción y la discriminación.

  • Los desalojos forzados por proyectos asociados a estrategias de desarrollo, minería o de explotación de tierras, junto con los desastres naturales; han desplazado progresivamente a comunidades e individuos, sin protección de sus derechos.

  • En las últimas décadas, con la urbanización rápida se han formado grandes asentamientos irregulares en las periferias de las áreas urbanas en los tres países del NCA, con altos niveles de informalidad en la tenencia.

  • Se agrega a esta situación la violencia criminal y la crisis de protección actual. Frente a amenazas de grupos criminales los desplazados del NCA tienen que abandonar sus viviendas, que luego pueden ser despojadas (por medio de la usurpación o las ventas ilegales y forzadas) o destruidas.

  • Los desplazados no cuentan con mecanismos de protección especiales a los derechos que ejercen sobre las viviendas para evitar las ventas ilegales, ni tampoco procesos que los asista en la recuperación de sus propiedades. En general, las personas desplazadas abandonan sus casas y propiedades sin presentar quejas oficiales ante las autoridades por temor a represalias.

  • La falta de acceso a albergues temporales aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las personas desplazadas.

  • La respuesta humanitaria, aún en sus fases iniciales, tiene poca capacidad de promover y asegurar el cumplimiento del derecho a la vivienda adecuada de las personas afectadas por la violencia en el NCA.

  • Varias organizaciones de derechos humanos apoyan a las comunidades afectadas por conflictos de tierra y desalojos forzados, en particular con asistencia legal, pero las personas afectadas siguen viviendo en condiciones precarias.

  • Para los desplazados por la violencia criminal hay una pequeña oferta de alojamiento, pero la recuperación de las propiedades sigue obstruida por las cuestiones de seguridad, la falta de estados de derecho y de acceso humanitario a las zonas afectadas.

  • En Honduras, un proyecto piloto que está esperando ser aprobado e implementado podría ofrecer avances en este proceso de restitución y establecer una buena práctica para los otros países de la región.

Authors:

· Grupo de Protección Regional del REDLAC para NCA, liderado por el Consejo Noruego para Refugiados y apoyado por AECID